Todo empezó cuando desde su cuenta de twitter, la diputada Fernanda Vallejos del Frente de Todos, disparó: «si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías».
Los que no están de acuerdo con ese guión, ni con los protagonistas, ni con los directores de este patético grotesco argentino, son los Diputados de Juntos por el Cambio, quienes presentaron un proyecto de ley para prohibir que el Estado pueda apropiarse de acciones de empresas a las que haya asistido por la pandemia.
El proyecto presentado Luis Petri, contó con las firmas de Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile y Álvaro de Lamadrid de la UCR y Waldo Wolff y Fernando Iglesias del PRO.
Aunque a los efectos procedimentales Twitter no sería lo mismo que la Mesa de Entradas, oficina del Congreso por la que ingresan formalmente los proyectos de ley, los diputados de la oposición prefirieron curarse en salud y apuraron la presentación de un proyecto que pretende bloquear toda iniciativa que promueva el desembarco de militantes políticos en los directorios de las empresas.
El diputado Petri lo expuso de forma transparente: «El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta»
Por su parte, Diputado Nacional por Juntos por el Cambio – UCR-, Álvaro de Lamadrid se expresó sobre el proyecto del kirchnerismo que pretende quedarse con las empresas que fueron asistidas por el Estado en el marco de la pandemia: “es un disparate” y agregó, “la oposición no lo va a apoyar”.
Además, Álvaro de Lamadrid dijo que “este proyecto del kirchnerismo es una clara maniobra de expropiación. Esta ayuda no puede utilizarse para quedarse con parte de las empresas. El dinero es de los contribuyentes, no se puede utilizar para comprar empresas. Para nosotros este proyecto no tiene ninguna viabilidad y el Gobierno busca de alguna manera acelerar el “vamos por todo”.
La estrategia del Frente de Todos se desarrolla de acuerdo a lo previsto, es decir, es harto conocido que el oficialismo utiliza el mismo método de siempre para avanzar con sus proyectos o para retirarlos en caso de encontrar escollos insalvables, para volver a la carga cuando encuentra resquicios en la oposición o en la justicia.
El proyecto presentado vía twitter por la diputada Fernanda Vallejos, fue el primer capítulo de esta saga. Actuando por sorpresa y simulando actuar en soledad, propuso que el Estado se quede con un porcentaje de las acciones de las empresas a las que asiste para el pago de salarios. Lisa y llanamente una especie de expropiación sin ley, inconstitucional por donde se lo mire.
El segundo capítulo de la estrategia se compone de dos partes: esperan las reacciones que genera el proyecto, evalúan su nivel de rechazo o adhesión social y mientras lo incorporan a la agenda pública, eligen y entrenan a los espadachines que darán la pelea mediática y política.
En el capítulo tercero, ingresan en escena los espadachines, de a uno en fondo. Ya empezó el ministro de trabajo, Claudio Moroni, albertista confeso , quien calificó como “interesante” al planteo de Vallejos o Nicolás Trotta, ministro de Educación proveniente del sindicato de porteros de Capital, cuyo titular es Víctor Santamaría, Presidente del PJ de CABA, que dijo «Son paradigmas que hay que discutir” y agregó «se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive sea socio de los beneficios, no desde el lucro sino desde la reinversión privada», concluyó.
Ya en su fase final, y si la estrategia teatral logra distraer a la sala hasta convertirse en una gesta nac&pop, el espectáculo se traslada al Congreso donde será sometido al zarandeo de rigor hasta resultar finalmente aprobado en medio de antológicas actuaciones vicepresidenciales. El Camporismo habrá conseguido el salvoconducto para sentarse en los directorios de empresas a las que vigilará y usufructuará hasta saciar sus delirios chavistas o hasta destruirlas.
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