Diarios, telenoticieros y cualquier medio de información solo hablan de la pandemia, sus coletazos en argentina y en el mundo, las coincidencias o contradicciones de cuanto médico quiera opinar. Algunas veces a la crisis sanitaria le suman la crisis económica o la pregunta que parece acongojar a quienes sufre una prisión domiciliaria atípica ¿cuándo volverá el futbol?
Con las reacciones lentificadas por un aislamiento que ya no parece solo social, sino que nos aleja de nuestro propio eje, nos preguntamos si existe un conflicto real, si es cierto que las instituciones están en crisis y con serio peligro de colapsar, si la justicia “acuarentenada” está próxima a ser usurpada o si sólo es la paranoia producida por la falta de abrazos la que nos hace temer esos males.
La siesta que duermen las instituciones sólo preocupa a un grupo de militantes de la muerte que quieren que la pila de cadáveres premie sus desvelos.
¿Habrá que redefinir todos los conceptos? Es difícil entenderse dialogando, porque merced a una tarea planificada por quienes repiten que vinieron a decirnos la verdad, la credibilidad se ha esfumado. Hoy no podría definir ni con el diccionario en la mano, el significado de estado, de justicia, de división de poderes, o falta de controles, de reglas o simplemente qué significa normalidad.
El plan de reforma de la justicia va radicalizándose. Cada frase que trasciende acredita que, si alguna vez existió la idea de despolitizar la justicia o darle algo de la institucionalidad perdida, fueron propósitos que quedaron en la amarillenta hoja del discurso de apertura del Congreso.
Las necesidades de impunidad requieren eficacia en el diagrama, la puesta en marcha del nuevo Código procesal también. Diversos trascendidos que parecen ensayos para “medir el humor social” (que la ciber ministra de seguridad podrá medir) que parcialidades del proyecto pergeñado a las espaldas de los operadores del sistema, insisten en afirmar que se procura que la justicia federal y la penal económica se unifiquen y se desdoblen sus secretarías, los 23 Juzgados resultantes se convertiría en 46 , duplicando las posibilidad de designar nuevos jueces para investigar los delitos más sensibles para los funcionarios públicos. También los fueros contenciosos administrativo federal y el civil y comercial federal serían unidos. Los Juzgados de Criminales ordinarios sería pasados a la Ciudad conforme prevé la reforma constitucional del 94. El tiempo trascurrido indica la resistencia que los Magistrados han presentado y presentaran a ese traslado.
Los Juzgados y las Cámaras sobre las que se avanzaría en la reforma tienen vacantes que, al unirse con las que generará el incremento de Juzgados, le permitiría ahormar a quienes deberán investigar los delitos de los funcionarios.
No hay reforma si no se modifica el Consejo de la Magistratura, que seguramente seguirá la misma lógica que la modificación previa acuñada por la misma autora intelectual. El Consejo asesor para articularla, además de definir el número de miembros de la Corte y las modificaciones necesarias para que el Ministerio Público Fiscal pueda cumplir el rol que le encomienda el nuevo Código de Procedimientos, es mantenido “in pectore” por el presidente y el pequeño grupo que lo acompaña en esta cruzada.
Todo es secreto, nos sorprenderán cuando se publique el decreto o cuando se remita el proyecto. No es un arma nuclear (espero) por lo que no resulta fácil comprender por qué se lo oculta, pero ese sigilo no permite buenos pronósticos.
Diferentes síntomas nos indican que avanzan sin pausa por la conquista de la justicia. Opinar sin conocer es sumamente criticable, pero cuando se empeñan en ocultar sólo podemos sacar conclusiones de los indicios.
La necesidad de impunidad actual se une a la historia. El poder lo maneja a su antojo la coautora de la destitución del Procurador de la Provincia de Santa Cruz por haber incurrido en el delito de negarse a ser títere del ejecutivo provincial que por entonces manejaba Néstor Kirchner. Como presidenta incumplió la sentencia de la Corte que ordenaba reponerlo en su cargo. Ningún resorte institucional reaccionó a tamaña desobediencia.
Es autora del diseño actual del Consejo de la Magistratura que le permite al poder político manipular la designación y la destitución de los jueces, la ley de “democratización de la justicia” aprobada siguiendo sus órdenes por una legislatura domesticada, las expresiones de sus seguidores “hay que llenar la Corte de militantes” coincidiendo con la intención de aumentar el número de miembros del alto Tribunal o los dichos de Oyarbide gritando que “lo apretaron del cogote “sin arrepentirse del mucho daño que hizo a la institución judicial con el poco aire que dice le dejaron, el nombramiento del procesado Zannini como Procurador del Tesoro ( es decir jefe de todos los abogados del Estado)…..nada para ilusionarse.
Contrariando mi propio pensamiento, no necesitamos esperar el proyecto para saber su objetivo. Las pruebas le preceden: el reclamo coordinado de nulidades inexistentes en las causas que preocupan a la vicepresidenta, la proclamada desaparición de los medios técnicos que permitirían continuar con los juicios que la tienen como imputada, la desprotección evidente de los testigos que declararon lo que ocurría en el entramado corrupto de su gobierno.
Los medios periodísticos que en el gobierno anterior trabajaron denodadamente y sin disimulo para socavar las bases democráticas, hoy se han convertido en un boletín judicial en el que mienten sin pudor sobre los contenidos judiciales. Por dar sólo un ejemplo, se hacen eco de los dichos de Tinelli hablando de una causa de espías de la AFIP que habrían ingresado en la base de datos de la agencia para extorsionar a los muchachos peronistas. Causa que hace dos años está sobreseída por haberse acreditado pericialmente que los archivos digitales en los que querían fundar su acusación habían sido fraudulentamente introducidos en la computadora de la esposa de uno de los imputados en la que sólo había fotos familiares.
El silencio de los mismos voceros del apocalipsis judicial, en relación con la causa paralizada en la que figuran los nombres de las huestes de Etchegaray que con prueba incontestable se acreditó que violaron el secreto fiscal. Desde las primarias se levantaron prisiones preventivas, se revocaron procesamientos, se entregaron bienes embargados, se liberaron detenidos por causas de corrupción, se ordenaron medidas dilatorias. Sólo indicios….
Un presidente sólo puede hablar con el sombrero que esa autoridad le confiere, cuando pretende mutarlo por el de profesor para subrayar la vergüenza que le da algunas de las causas seguidas contra su socia en el poder, está bajando directivas presidenciales. Ya mostró el valor de su palabra cuando aceptó el pacto que lo llevó a la cima del poder.
El deterioro de la justicia es profundo, las distintas terminales del poder que pretenden manejarla, los escándalos de corrupción, la politización judicial y la judialización política, destruyen la confianza de los ciudadanos y la legitimidad misma de ese poder esencial para la vida republicana. ¿Quien va a negar la necesidad de reforma? Pero ¿por qué en este complejo momento y a espalda de todos?
Reiteran para subrayar su impronta popular que aspiran a que todo esté dentro del Estado, pero en rigor lo que nos dicen, es que quieren todo dentro de este gobierno. Olvidan lo que el Dr. Bonadío les avisó: la ideología no cambia las pruebas. La realidad se repite.
Mientras tanto la “oposición “en su rol de comentarista de los desatinos, ni siquiera le recuerda al presidente que es responsable también de lo que permite hacer.
Al asumir y al inaugurar las sesiones parlamentarias el presidente anunció la reforma judicial, pero, como dijo Fernando Pezoa: ¿Cómo puede tener escrúpulos quien está trabajando para la liberación de la humanidad?
Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
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