Las noticias sobre lo que ocurría en otros países a causa del Covid 19 no lograron convocar nuestra atención. La reacción de las autoridades necesitó de nuestros primeros enfermos. La respuesta: un aislamiento riguroso que dejó nuestras vidas en suspenso.
La Corte Suprema de Justicia decretó una “Feria Judicial Extraordinaria” acompañando la medida del Ejecutivo, prorrogándola cada vez que éste extendía el período de “cuarentena”. El virus le hizo olvidar entre otras obligaciones, que es un poder independiente.
Antes de la pandemia, desoyendo mandatos constitucionales, el Legislativo ya había delegado en el Ejecutivo facultades que le son propias. La crisis nuevamente permitía justificar decisiones de dudosa legalidad. Cuando los contagios traspasaron nuestra frontera la primera víctima que se cobró fue la división de poderes y el reparto de competencias.
El Poder Legislativo y el Judicial se sometieron a un voluntario letargo que desconocemos si fue motivado por complacencia o por el temor a la pandemia; pero lo cierto es que se negaron a asumir el rol que resulta obligatorio si pretendemos vivir en una república.
La hibernación ciudadana no tiene límite temporal (olvidando que es una de las exigencias para limitar derechos en las emergencias). La Corte compartió la intensidad y la temporalidad de la medida. El DNU enumeraba las actividades consideradas esenciales (enumeración cuanto menos discutible), y la justicia no figuraba en esa lista, por lo que, ignorando la manda constitucional, se consideró desafectada.
Ante la presión popular el Consejo de la Magistratura exhibió la falta de criterio con el que había contratado el servicio de digitalización judicial. Las deficiencias del sistema habían sido puestas de manifiesto antes de ahora, sin que se escuchara queja alguna de los afectados. Pero esta crisis expuso a la mirada pública la endeblez y el atraso tecnológico del sistema judicial, que ya no podía mantenerse como un secreto de familia.
En la feria se fueron habilitando para que continúen su trámite las “cuestiones que no pueden demorarse”, fórmula conveniente para permitir que decida la arbitrariedad. Sin ruborizarse el Consejo afirma que no puede conectar 60 bocas en forma simultánea, postergando de esa forma, y muy especialmente, juicios que cuestionan la conducta de funcionarios del anterior gobierno kirchnerista, de la actual vicepresidenta y de sus hijos.
Un grupo de abogados penalistas presentaron una propuesta de “trabajo judicial en emergencia”. La situación extraordinaria exigía medidas de prevención pero no una “Feria”, que sugiere suspensión de tareas para descanso del personal.
Muchos Magistrados hicieron denodados esfuerzos para continuar con la tarea, esfuerzos personales de algunos actores de uno y otro lado del escritorio, pero no equiparables a una resolución institucional. Jueces de un Tribunal Oral realizaron las audiencias de un juicio con varios imputados presos y muchos testigos, por vía de zoom que que ellos resolvieron contratar ante la falta de respuestas del Consejo de la Magistratura. Otra vez más fueron las personas pero no las instituciones.
El Colegio de Abogados presentó un amparo y propuso un protocolo para que los abogados puedan volver a trabajar. El rol de preservación de la dignidad humana y la tutela de derechos y garantías individuales, el asegurar junto a los magistrados el debido proceso, la inviolabilidad del derecho de defensa, la buena fe procesal y la igualdad entre las partes y ante la ley no fueron valores para quienes cerraban las puertas no sólo de los estudios sino la de los propios Tribunales, y estas últimas, son las que nunca debieron cerrarse.
Habitualmente un pequeño porcentaje de los delitos perpetrados son investigados y de los investigados, sólo el 1% concluye con una condena. Cuando por el objeto o por los sujetos (activos o pasivos) el quehacer ilícito roza la política, entran en el juego procesal otras variables que distorsionan aun más el curso investigativo. Los tiempos procesales se aceleran o ralentizan con suma eficiencia y sin que sea responsabilidad de los recursos legales.
La pandemia fue un inesperado regalo para quienes recuperaron el poder teniendo como objetivo esencial no sólo que se evaporaran las imputaciones que los señalan, sino ser reivindicados.
Pretenden que los Jueces, cual prestidigitadores, conviertan las mansiones, los miles de autos de alta gama, barcos y aeronaves, los dólares de la “Rosadita” o los encerrados en una caja fuerte o en un bolso volador, en la normal consecuencia del honesto quehacer de aquellos en cuyas manos aparecieron. No hay hechos, sólo interpretaciones.
Aseguran que el cambio de gobierno debe implicar cambio de marchas. La ideología debe matar las evidencias. Esta oportuna parálisis en la actividad judicial permite “adaptar” el ritmo sin romper el embrague. Sólo se apresura la apertura de las puertas de unidades carcelarias que albergaban presos de la denominada corrupción K.
La sanción judicial probablemente ya no llegará. La Feria, es otra ficha en el tablero de la impunidad. El rechazo social será la única pena para quienes exhiben como propios los millones de dólares desaparecidos de las cajas del estado.
El video institucional del Poder Judicial es casi una confesión. Nos muestra que tramitaron “miles de denuncias en todo el país” por violaciones al aislamiento obligatorio; que facilitaron el acceso a la Justicia en cuestiones vinculadas con “violencia de género y violencia doméstica”; cuestiones sobre “derecho a la salud” y se ocuparon de la situación de los detenidos.
Los hechos que agraviaron intensamente el erario desaparecieron de la lista de prioridades. Los juicios en trámite se congelaron a fuerza del alcohol en gel que neutraliza el virus y la culpa.
Entendemos el shock inicial, casi todos, ante el dilema muerte o cuarentena no nos detuvimos a analizar los bienes en juego. Pero los más de cien días nos dieron oportunidad de pensar y actuar en consecuencia.
El esfuerzo personal de algunos funcionarios y magistrados logró que la paralización no fuera absoluta, pero el rol institucional que al poder judicial le compete y que en ninguna circunstancia puede abandonar, fue declarado desierto.
Montesquieu argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites”, reconociendo que sólo el poder puede detener al poder, por lo que la vigilancia recíproca del Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe ser otorgada y ejercida por ellos. Cada uno vigilará, controlará y detendrá los excesos de los otros para impedir que alguno de ellos predomine sobre los demás.
Esas relaciones mutuas de autoridad permiten resistir recíprocas intromisiones, limitando a todos dentro de sus propias esferas. Uno de ellos (en nuestro caso, dos de ellos) no puede abandonar el rol que les compete en el esquema democrático adhiriendo a la resolución del Ejecutivo. No importa cuantas razones le asistan a éste.
Se le atribuye a Pascal haber dicho: «La justicia sin fuerza es impotencia. La fuerza sin justicia: tiranía». El poder judicial no tiene ni espada ni dinero, no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad y hasta depende de la ayuda del poder ejecutivo para la eficacia de sus sentencias.
Pero el poder judicial debe controlar la convencionalidad de los quehaceres de los otros poderes y trazar el límite entre los lícito y lo ilícito en la actividad de los funcionarios. La espada y el dinero puede ser juzgados por él.
Carlos Nino nos explicaba que: el salto entre el mundo del “ser” y el del “deber ser” no puede hacerse por cualquier punto del abismo que hay entre ellos, sino a través del puente apropiado”. Ese puente es el que construye el Poder Judicial. El poder político descontrolado avanza sobre los derechos y los principios.
Cuando el poder judicial se adormece, la democracia se estremece.
Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/rp.
