Por Dr. Jorge Monastersky (*)
Durante mucho tiempo, en la Argentina la desinformación fue minimizada. Se la encuadró como un subproducto inevitable de la discusión pública: errores, exageraciones o expresiones propias de la polarización. Esa lectura, hoy, quedó desactualizada.
La acumulación de evidencia internacional —y en particular investigaciones recientes basadas en filtraciones documentales presuntamente con origen en fuentes de inteligencia de Moscú— obliga a revisar ese diagnóstico. Ya no se trata de episodios aislados, sino de la posible existencia de estructuras organizadas que operan dentro del ecosistema informativo con una lógica sistemática.
En ese marco, surge una hipótesis de mayor densidad institucional: la eventual presencia de una operatoria — generada en algunos reportes impulsados por una organización conocida como “La Compañía”— orientada a la inserción sostenida de contenidos en medios digitales. Su existencia, alcance y funcionamiento deberán ser verificados judicialmente.
Los datos publicados no son menores. Se habla de más de 250 contenidos difundidos durante 2024, algunos firmados por identidades inexistentes o sin autoría comprobable. Ese patrón, por su volumen y características, excede el funcionamiento habitual del sistema de medios.
Pero reducir este fenómeno a un problema comunicacional sería un error de enfoque.
La desinformación contemporánea no opera como una simple falsedad. Es una herramienta de poder. No busca imponer una narrativa única, sino algo más sofisticado: debilitar la noción misma de verdad como referencia común. Su eficacia radica en instalar incertidumbre, erosionar la confianza y fragmentar el espacio público.
En ese contexto promoví una denuncia penal actualmente en trámite ante la Justicia Federal, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. El desafío de la investigación no es analizar hechos aislados, sino determinar si existe una estructura organizada, La Compañía eventualmente operada por agentes rusos, detrás de estos fenómenos.
Las preguntas que deben responderse son concretas: si esa organización existe, si continúa activa, quiénes la integran, cuántos son, desde dónde operan y cuál es el alcance territorial de sus acciones. La embajada de Rusia en la Argentina emitió un comunicado desvinculando a Moscú de la mencionada “La Compañía”.
La documenación de inteligencia del Kremlin, que revela la existencia de “La Compañía”. fue compartida por el medio africano The Continent a un consorcio de medios de investigación que incluye a OpenDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia) y Filtraleaks (Argentina).
Estos antecedentes obligan a no subestimar la hipótesis. Investigaciones recientes acreditaron la existencia de agentes rusos que vivieron durante años en la Argentina bajo identidades falsas, construyendo una vida completa —familia, hijos, integración social— hasta ser finalmente detectados en Europa y posteriormente recibidos por Vladimir Putin en Moscú.
Esto exige una aclaración necesaria: no se trata de estigmatizar comunidades ni de poner en cuestión a quienes residen legalmente en el país. Implica fortalecer los mecanismos institucionales de control y verificación que cualquier Estado serio aplica para garantizar seguridad y convivencia democrática.
El contexto geopolítico agrega una capa adicional de complejidad. En febrero de 2022, el entonces presidente Alberto Fernández afirmó en Moscú que la Argentina podía constituirse como “puerta de entrada” de Rusia en América Latina. Ese escenario luego mutó hacia un alineamiento más claro con Estados Unidos e Israel.
La experiencia argentina enseña que estos procesos no son inocuos. Los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, constituyen antecedentes que obligan a abordar cualquier hipótesis de injerencia externa con extrema prudencia.
Hoy, además, las formas de intervención han cambiado. Ya no requieren necesariamente presencia física ni estructuras visibles. Operan a través de la información: contenidos insertados, amplificación en redes, utilización de influencers y repetición sistemática de narrativas.
En este punto aparece un eje inevitable: la libertad de expresión. Se trata de un derecho esencial del sistema democrático, pero no absoluto. No puede ser utilizada como cobertura para operaciones que simulan debate público cuando en realidad responden a lógicas de intervención estructurada.
La escala digital agrava el problema. La velocidad de circulación, la segmentación algorítmica y la dificultad para rastrear el origen de los contenidos hacen que el impacto sea exponencial.
En ese escenario, la desinformación funciona como un mecanismo indirecto de influencia política: no determina decisiones, pero condiciona el contexto en el que esas decisiones se toman.
Lo que debe esclarecerse es preciso: si estamos frente a una estructura operativa real, si tiene vinculación con actores estatales o paraestatales, si se encuentra activa en el país, quiénes la integran y cuál es su capacidad de incidencia.
La respuesta no depende únicamente de la existencia de delitos. Depende de garantizar previsibilidad, transparencia y estabilidad institucional en un contexto donde la información se ha transformado en un terreno de disputa global.
Porque lo que está en juego no es sólo un caso ni un conjunto de publicaciones. Es la capacidad de una democracia para sostener un punto de referencia básico: distinguir entre verdad, manipulación y operación.
(*)Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado.
X: @JorgeMonasOK – Instagram: orgeMonastersky
