Nos inoculan miedo, mientras recogemos los escombros de nuestra vida y nuestra economía
Por Dra. Marta Nercellas
Desde la campaña electoral el ahora presidente prometía una reforma judicial. Ante el descrédito de esta institución todos adheríamos a esa necesidad. Los adjetivos que se le dirigen a la justicia fueron ganados por el “esfuerzo” de los operadores del sistema. Los proyectos personales y del gobierno fueron arrasados por la pandemia. La vida quedó paralizada esperando la vacuna.
Pero justamente cuando el pico más alto de contagios dinamitó nuestro triunfalismo, ingresó al Congreso una ley de “reforma judicial”. El proyecto transita los pasillos legislativos con una premura que sólo se justificaría, si promete ser un antídoto eficaz contra el contagio del Covid19.
La necesidad de la reforma tiene una dimesión igual a su inoportunidad. Inoportuna por pretender que una actividad que el Ejecutivo en su decreto de aislamiento no consideró esencial, se transforme mediante un pase mágico en urgente y prioritaria.
Inoportuna porque la falta de credibilidad, de consenso social y político explícitamente manifestado, la deja sin respaldo.
Inoportuna porque además de hincar su diente en un poder del estado, desnudará la calidad institucional de nuestra república. La actual y la que los cambios propuestos procuran.
Inoportuna por los desafíos sanitarios, económicos, sociales y de seguridad que debemos enfrentar sin concedernos plazos.
Inoportuna porque esa necesidad no permite dedicarle los tiempos y los recursos que necesitará.
Inoportuna porque modificar la justicia requiere debates intensos y extensos que no pueden realizarse hoy por las limitaciones que impone por la pandemia.
Inoportuna, porque se gesta en secreto, como si la sorpresa y la clandestinidad fueran los ases que necesita para ganar una partida de la que se desconocen los contrincantes.
Inoportuna porque no se convocó ni a la academia, ni a quienes trajinan los pasillos de tribunales, ni a los especialistas en los temas que para llevarla a la práctica se deben abordar, ni se convocó a quienes pusieron en funcionamiento el sistema acusatorio en sus provincias, pese a afirmarse que en menos de dos años deberá regir en toda la justicia federal.
Inoportuna porque requiere un debate en el Congreso, con la presencia de todos los que tengan algo para decir. Un debate que no puede depender de la voluntad de quien preside la sesión para decidir si le abre o no el micrófono a quien quiere opinar o si tiene luz o conexión quien debe votar.
Inoportuna porque no se han hecho los estudios empíricos que señalen qué debe modificarse, cómo y cuándo.
Inoportuna porque demuestra con impudicia cómo se emite “moneda de cambio” para “comprar” con cargos los votos ariscos.
Inoportuna porque se desprecian los dineros públicos comprometiéndoselos en batallas donde el éxito no es social sino personal.
Otra vez vencer en lugar de convencer es la consigna. La ley se gestó a espaldas de la gente pero por añadidura hoy carece de “padres”.
Cuando todos creyeron que era su mentora, afirma que el proyecto de ley no es “su” reforma, no sabemos si lo dice para bajarle el precio a la derrota si no es aprobada; para continuar con su costumbre de faltarle el respeto al presidente o porque, tal y como presentimos, sincera que la ley es un espectáculo de fuegos artificiales para que sus luces nos oculten lo que está ocurriendo en el mientras tanto.
Lo cierto es que la pelea en la legislatura carece de una defensa de su letra en los espacios públicos por parte de quienes por obligación funcional, deberían decirnos qué se intenta con ese festival de cargos que se van incorporando a la letra original.
La discusión sobre la legitimidad de los traslados de los jueces de la cámara federal que tienen en su imperdonable “prontuario” el haber confirmado muchas de las malas noticias judiciales de la actual vicepresidenta, desconoce que: la Corte ya se expidió en su momento afirmando su legitimidad, afirmó que se trataba de cargos de la misma jerarquía a aquellos para los que habían concursado, que se encuentran dentro de la jurisdicción federal con igual o similar competencia material.
Sus traslados se dispusieron por actos administrativos que gozan de legitimidad y para atacarlos debe intervenir el Poder Judicial y no el Senado. En suma, los legisladores están agrediendo la división de poderes y la estabilidad de los jueces.
El voto que faltaba en el Consejo de la Magistratura para enviar extemporáneamente sus pliegos nuevamente al Senado, fue emitido por la Consejera Graciela Camaño “casualmente” una semana antes que la Obra Social que preside su cóyuge recibiera una millonaria ayuda del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo que está interesado en correrlos de ese lugar.
La medida cautelar dictada por la Juez que tramitó el amparo fue desobedecida por el Senado que siguió adelante con el trámite. El rechazo del amparo por esa misma Juez considerando prematuro el planteo, tiene el ácido sabor de parecerse a una decisión inspirada en el temor de quedar nuevamente expuesta por otra desobediencia.
El Procurador interino – porque Macri no pudo superar su soberbia para designar un procurador titular- está siendo acosado con pedidos de juicios políticos con fundamentos inexistentes. Nadie que conozca su actuación puede reprocharle incorrección alguna.
El jury que debe juzgar la actuación del Procurador sufrió la ilegal modificación de sus miembros. El porcentaje de 2/3 de los votos para designar o desplazar un Procurador General intenta ser modificado para pasar a requerirse sólo mayoría simple.
No parecen ser gestos que apoyen la lucha por la independencia del Poder Judicial que el Presidente dice encarnar. Si ese porcentaje se modifica la actuación del procurador quedará expuesta a la fiscalización de la política que podría desplazarlo cuando no coincida con sus decisiones.
Las formas también importan. Quien cuida una institución no la bastardea. Los dichos del Senador Parrilli en el pleno, al retirar el agregado al artículo 72 del Proyecto, agregado que él mismo había propuesto en la Comisión, no debieron ser consentidos por los presentes. Significaron una falta de respeto inadmisible.
Propuso borrar “poderes mediáticos” del inciso “e “del artículo que califica como mal desempeño, no informar inmediatamente al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influenciar en sus decisiones”. Se señalan en la norma diferentes instituciones y personas como posibles autores de ese quehacer.
El periodismo en general festejo con un grito de gol lo sucedido. Olvidaron que el Presidente cuando se le reprochó esa incorporación explicó, con sus consabidas dotes docentes, que la expresión “poderes mediáticos” no agrega nada, es casuística. Efectivamente, la cláusula toda debió excluirse porque lo que dice es un disparate y un peligro para la libertad de expresión.
Parrilli dijo media verdad. No tiró solo un anzuelo, tiró también un medio mundo, que cuando arrió la caña quedó en las turbulentas aguas de ese proyecto, para atrapar las opiniones que disgusten. El gesto grandilocuente de retirar la frase molesta nada cambia, pero los medios se sienten liberados porque desclavaron el anzuelo.
Si se intenta coaccionar o extorsionar a un Juez de cualquier manera, estamos frente a un delito y lo que debe hacer el juez es denunciarlo. Pero ¿Qué significa “intento indebido de influir en sus decisiones”?, ¿opinar sobre causas judiciales, propiciar una forma de resolver una causa cualquiera?, ¿contar el avance de una investigación o individualizar pruebas que se cree que la justicia no está valorando adecuadamente? Cuál es la propuesta que se considera plausible ¿que nadie hable de las causas en trámite?
Preocupa aún más que estos interrogantes, que se considere mal desempeño la falta de comunicación, ya que éste es fundamento suficiente para un juicio político. ¿Quién va a valorar si la publicación, una marcha o lo que fuera, tuvo la intención de influirlo en su decisión?. ¿El Consejo?.
Esta cláusula es una puerta para que pueda cuestionarse a un juez que disgusta al poder y que tiene el mal gusto de no incurrir en mal desempeño.
Es difícil despojarnos de preconceptos para hablar de un tema en donde el contenido jurídico no puede divorciarse del político.
Una procesada descalifica a un Tribunal porque se considera absuelta por la historia.
Se emiten desde el ejecutivo afirmaciones sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados enjuiciados.
El ejecutivo y el legislativo pretenden zanjar las diferencias entre los gupos de poder, en tribunales.
Se suceden denuncias sobre hechos no judiciables.
Se convierte en delito haber aportado pruebas sobre ilícitos imputados a los actuales inquilinos del poder.
Se procura que el capricho de los que mandan, complete los nombres de quienes integran los tribunales que deben juzgarlos.
Se intenta desplazar a todo el que demostró tener criterio propio.
Se crean tribunales para canjearlos por el voto que se necesita para imponer su voluntad.
El revoleo de cargos parece ser la puesta en marcha del primer plan para combatir el desempleo.
El mensaje de independencia y trasparencia va en anverso a lo que están haciendo.
¿Error en el mensaje o en el plan?
El ocultamiento de las manos de los escultores de las modificaciones se va comprendiendo. En los entresijos palaciegos se construye un plan que necesita de ese secreto, de la imposibilidad del debate público de las reglas. Deben seguir inoculándonos miedo por nuestra salud, asustándonos con el número de contagios y entreteniéndonos mientras recogemos los escombros de nuestra vida y nuestra economía.
Saben lo suficiente de justicia, no necesitan que nosotros intentemos involucrarnos en ese debate.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp.
