Por Dr. Vicente Massot
En un caso, hubiese bastado tener presente la naturaleza del kirchnerismo y no haber echado en saco roto los mensajes inequívocos que, a partir de diciembre del pasado año, hicieron públicos Cristina Fernández y su hijo. En el otro se requería una estructura de inteligencia básica, capaz de enterarse con la debida anticipación de lo que tramaban distintos grupos policiales —sin un comando unificado— en la provincia de Buenos Aires.
Pero ni Horacio Rodríguez Larreta ni tampoco Axel Kicillof estuvieron a la altura de unos desafíos que, para enfrentarlos, no era menester mentes brillantes sino un elemental sentido común. Vistas las cosas retrospectivamente, está claro que el Lord Mayor de la ciudad capital pecó por ingenuidad. En eso se dejó llevar por su estilo componedor y políticamente correcto. Nunca imaginó que el hombre que lo llamaba “amigo” y con el cual había forjado una relación de buena vecindad, producto de la pandemia, fuese a traicionarlo de la manera que lo hizo.
Creyó —con una inocencia digna de jardín de infantes— que los ataques incendiarios que le llevaran la vicepresidente y el jefe de la bancada oficialista en la cámara baja, eran exabruptos que la cuarentena haría olvidar. Pareció pasar por alto que sus opugnadores nunca hablan porque sí. Cuando eligen un enemigo, tratan de destruirlo sin demasiados miramientos. Algo, claro, que Horacito —como lo llaman sus íntimos— subestimó en atención a que Alberto Fernández lo distinguía en público y que la estrategia conjunta, desarrollada en el AMBA a los efectos de hacerle frente a la peste planetaria, lo ponía a cubierto de cualquier manotazo en el que pudiera pensarse.
Craso error.
En cuanto al gobernador bonaerense, quedó al descubierto que se halla rodeado de incompetentes. No vieron venir una ola gigantesca que los dejó maltrechos y desairados. Al igual que a su verborrágico ministro de Seguridad. Pagaron —uno y otro— un costo altísimo e innecesario que habrían podido evitar si acaso su aparato de inteligencia hubiese servido para algo. En realidad, demostró no servir para nada.
La crisis que generó el DNU de la Casa Rosada, obrado a expensas de las arcas del gobierno autónomo, puso de relieve —por si escaseasen las pruebas— esa sintonía de la que venimos hablando desde el inicio de la actual administración, entre los dos Fernández. Es posible que el presidente deseara reservar para más adelante la puesta en marcha de la decisión —tomada hace rato— de quitarle $ 35000 MM a los porteños. Lo que adelantó los tiempos fue una asonada —o como quiera llamársele— de la más grande fuerza de seguridad del país. Respecto del tema, la misma inutilidad de las autoridades bonaerenses caracterizó al gobierno nacional.
La AFI cuenta con un presupuesto millonario, seguramente utilizado para espiar a los opositores y gastar de modo dispendioso. La trama estaba desarrollándose cruzando el Riachuelo, delante de las narices de aquella oficina gubernamental, y no en la lejana Quebrada de Humahuaca o en los confines de Ushuaia. Pero a la hora de cumplir con su función específica, nuestros espías brillan por su incompetencia. Alberto Fernández, pues, también fue sorprendido por el levantamiento policial que lo obligó a cambiar sus planes. Echó mano entonces a una partida suficiente para calmar los ánimos y ponerle fin. De lo contrario, corría el riesgo de que el fenómeno se extendiese a otros territorios y se saliera de quicio.
Entre quebrar lanzas con Larreta o exponer la impotencia estatal ante una clara rebelión a la autoridad de la gobernación provincial —y, por carácter transitivo, a la suya— optó por lo primero. Con el oficialismo capitalino podía jugar sin quemarse, al menos en el corto plazo. Con la Bonaerense, en cambio, si no le ponía coto a la situación, el peligro era sensiblemente mayor.
Quedaron, a vista y paciencia de todos, dos fenómenos que nada tienen en común, si bien en este caso se dieron en paralelo: por un lado está el problema, al parecer insoluble, de un gigante económico con pies de barro financiero. La provincia de Buenos Aires genera la mitad del PBI de la Argentina y, sin embargo, cuando su Estado debe mantener la estructura pública y cumplir con las funciones que le son propias, hace las veces de un pordiosero que da lástima.
Más allá del poco calado intelectual y administrativo del gobernador Axel Kicillof y de los ideólogos que forman parte de su corte, lo cierto es que si de buenas a primeras —en lugar de ese conjunto de inútiles— aterrizasen en La Plata Manuel Fresco, Oscar Alende e Ibérico Saint Jean, su gestión no sería mucho mejor. Dependerían del Tesoro nacional y, por lo tanto, quedarían presos del unitarismo fiscal, sin remedio.
Por el otro lado, ha quedado fuera de duda que la acción directa, entre nosotros, siempre paga bien. Aunque exista una diferencia verdaderamente abismal entre los vagos y malentretenidos que lideran el Chino Navarro y Emilio Pérsico respecto de la gente de campo que genera riqueza, no vive de los subsidios y apuesta a la cultura del esfuerzo, y entre los seguidores de Baradel respecto de los esforzados policías que arriesgan sus vidas a diario, todos, en mayor o menor medida y por razones harto distintas —entendibles algunas, inconcebibles otras— optaron en algún momento por la acción directa que llegó para quedarse a vivir aquí.
El manotazo de ahogado de Alberto Fernández traerá aparejadas unas consecuencias cuya gravedad todavía resultan difusas. Si dejó conforme a la policía, al propio tiempo se compró un pleito con la capital federal que habrá de terminar en la Corte Suprema de Justicia, donde Horacio Rodríguez Larreta tiene puestas sus esperanzas. Es su intención recusar el decreto de necesidad y urgencia que le quitó 1,8 puntos porcentuales de la coparticipación —unos $ 13.000 MM hasta fin de año— por considerarlo inconstitucional. Pero antes de eso espera contar con un amparo precautorio que ponga de inmediato en suspenso los efectos del DNU de la polémica.
Sobre las espaldas de los ministros Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Helena Haighton y Horacio Rosatti recaerá este nuevo entuerto que —sumado al de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Beruzzi y German Castelli— amenaza desencadenar, en las próximas horas, días o semanas, un conflicto de poderes si la opinión de la Corte no fuese del agrado del kirchnerismo.
Es del caso recordar que Santa Cruz, cuando su gobernador era Néstor Kirchner y su principal asesor jurídico Carlos Zanini, incumplió olímpicamente tres fallos del máximo tribunal del país y nunca repuso en su cargo al ex–fiscal de Estado, Eduardo Emilio Sosa, al cual de forma discrecional habían despedido de su cargo. ¿Se animará el gobierno a repetir semejante estrategia? Porque lo que se encuentra en juego para los damnificados por la acción del oficialismo son las libertades públicas y el respeto de la Constitución.
La dupla presidencial, inversamente, se juega la impunidad de Cristina Kirchner y el primer pleito de importancia con su principal competidor, de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Hay un segundo efecto a tener en cuenta: los reclamos de los gremios docentes, médicos, judiciales y estatales bonaerenses que —ni lerdos ni perezosos— han exigido aumentos en consonancia con el que se le ha extendido a la policía. La reacción estaba cantada, con la particularidad de que el tesoro provincial se encuentra fundido.
Las finanzas de Axel Kicillof crujen por los cuatro costados, sin que los adelantos discrecionales que ha recibido desde Balcarce 50 —casi $ 100.000 MM en nueve meses— alcancen a enjugar su abultado déficit. Por donde se la mire, la situación del más importante bastión electoral del kirchnerismo resulta calamitosa.
A menos de un año de los comicios legislativos que habrán de substanciarse en octubre de 2021, y en los cuales se decidirá si el Frente de Todos tendrá en ambas cámaras del Congreso Nacional la suficiente musculatura como para llevar adelante sus aspiraciones de máxima en lo que le falta para completar su gestión, cojea en la provincia de Buenos Aires. La idea de que el voto peronista ha respaldado a ciegas a los candidatos partidarios, sólo en parte resiste la critica. De lo contrario, serían casi imposibles de explicar las victorias de Alejandro Armendariz, de Graciela Fernández Meijide y de María Eugenia Vidal en 1983, 1998 y 2015. La vaca no la tiene atada nadie. Menos si los bolsillos están vacíos y la inseguridad —que siempre golpea de la peor forma a los más carenciados— campea a sus anchas en todo el Gran Buenos Aires.
Se vienen encima semanas y agendas cargadas. Entre las definiciones que alumbrará la Corte Suprema —una vez que el “agravio real y concreto” contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli se produzca y una vez que llegue, a los despachos de sus cinco ministros, la demanda de la capital federal— y los proyectos que tratarán escalonadamente los diputados de la Nación a partir de hoy: Presupuesto, reforma judicial, impuesto a las grandes fortunas y la nueva fórmula jubilatoria, nadie podrá aburrirse.
Todo en un contexto cada día más conflictivo y con una grieta convertida —por las beligerancias que cruzan en diagonal a la sociedad argentina— en abismo insondable. No es cuestión de ser apocalíptico pero, si los odios siguen escalando como hasta ahora, es difícil imaginar un final feliz para la nueva experiencia kirchnerista.
Dr. Vicente Massot
P/BN/gentileza Massot- Monteverde & Asoc/rp.
