“Profesores Republicanos”, presentaron un amparo en atención al “especial”, “directo”, “inmediato”, “concreto”, y “sustancial” agravio al orden jurídico.
Por Dra. Marta Nercellas
Especular con contrafácticos determina que el pensamiento racional ceda su espacio a la ideología. Intentaré no hacerlo. Aunque resulta difícil no preguntarse – aun omitiendo la respuesta- qué hubiera sucedido si en lugar de una estricta cuarentena, se hubiera diseñado un plan de testeos y aislamientos selectivos y no generalizados. O si el Poder Legislativo y el Poder Judicial en lugar de auto percibirse como ciudadanos vulnerables, sin obligaciones institucionales, no hubieran obedecido la orden de “autoacuartelamiento” voluntario y hubiera cumplido con su rol constitucional garantizando el estado de derecho.
No intentaré – aunque la tentación es mucha- hacer futurología con premisas hipotéticas. Pero no puedo omitir mirar las consecuencias. Aun alejándome de la cuestión económica, de las fábricas paralizadas y los negocios cerrados, o de los trabajadores despedidos contrariando la prohibición de quienes creen que diseñando una ley modifican la realidad.
Observo las instituciones que el huracán inventado convirtió en escombros. Los remolinos que destruyen uno a uno los valores que garantizan la subsistencia de la república. No son infecciones que provoca el virus, tienen “perfume”a decisiones de la política.
Esas ráfagas incontrolables de quienes piensan que tener la mayoría parlamentaria evita dar razones o fundar sus decisiones en las leyes y la lógica que anima al sistema democrático, van destruyendo lo que encuentran a su paso si entienden que obstaculizan su plan de eternidad, de impunidad y de poder sin límites.
La CABA ha tenido diferentes administradores que, seguramente con una larga lista de errores, han ido mejorando su infraestructura, urbanizando barrios vulnerables, acrecentando su seguridad; han hecho de su espacio geográfico un sitio más afable. Más amigable con los vecinos y también con los millones de bonaerenses que entran diariamente a la ciudad a trabajar, a estudiar o a curarse. No se levantaron barricadas en la General Paz como en algunas comunas bonaerenses para que los beneficios logrados con el esfuerzo de los vecinos porteños, no alcanzaran a nuestros hermanos del conurbano.
Pero una ciudad administrada con alguna destreza (pese a la larga lista de equivocaciones existentes al menos desde mi mirada) contrasta fuertemente con los municipios vecinos donde la corrupción y la ineptitud en fraterna alianza, han logrado que sin importar el dinero que tuvieran disponible, sigan careciendo de cloacas, de viviendas, de seguridad, de buena enseñanza, en este caso con gran ayuda del gremio docente.
Ese contraste entre hacer las cosas razonablemente bien o tan mal que parece premeditado, causa daño a la fina sensibilidad política de quienes sacan ventaja en mantener la pobreza, en explotar la necesidad, en abusarse de la falta de educación.
Por ello la decisión es emparejar las cosas. Obviamente darle a quienes carecen de mínimas condiciones de dignidad para vivir, requiere renunciar a los privilegios que da la política y que aumentan, en idéntica medida que la indigencia, sus posibilidades de perpetuarse en el poder. Que dependan de la dádiva gubernamental porque tienen cerradas la vía del trabajo y del esfuerzo hace crecer el poder del generoso amo.
Paralelamente hay que maltratar al mérito, no vaya a ser que a alguno se le ocurra independizarse.
El “unitarismo fiscal” generado por la forma centralizada en la que se recauda y la discrecionalidad con la que se distribuye, contrariando la manda constitucional y la lógica republicana, permite que el poder central pueda coaccionar a los gobiernos locales y lograr adhesiones a políticas y a leyes aunque no respeten principios ni de la Constitución ni de la ética.
La falta de libertad de las provincias a la hora de elegir entre lo inmoral que se les propone o la rebelión popular porque no pueden pagar ni siquiera los sueldos, coacciona el resultado.
Esta es la fuente del olor a descomposición que emana desde el ejecutivo central expandiéndose a los gobiernos provinciales y municipales. Quitándoles la autarquía se les arrebata la independencia, y la dignidad . Desde esa lógica se decide “robarle“ más de un punto de participación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Muchas son las leyes que están en el “debe” del Parlamento y que nunca se dictaron para lograr la autonomía de la Ciudad (conforme la reforma constitucional de 1994). No es olvido, simplemente es intentar retener poder.
El sistema de Coparticipación Federal obtuvo en aquella reforma de nuestra Carta Magna, jerarquía constitucional. Es otra de las deudas pendientes. La ley sigue sin dictarse y la coparticipación continua en base a una ley anterior a la reforma, con intensa discrecionalidad para el poder central.
Disminuir drásticamente y en forma intempestiva los recursos de la ciudad no sólo agrede a quien se alza como “enemigo” político del ejecutivo nacional, sino que pretende acortar las diferencias con el conurbano cercano. Forma extraña de igualdad, quitarle al que tiene para que nadie tenga y no procurando mejorar al precarizado.
Se ordena una drástica disminución de la coparticipación para “reparar” el injustificado “regalo” a la Ciudad. Olvidan que el art. 75 inc. 2 última parte dice: “No habrá́ transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos…”, exige además, el acuerdo entre la provincia o la ciudad y la nación para cualquier modificación, afirmando que en ningún caso puede hacerse en forma unilateral. Cada provincia tiene su propia policía y la Capital era la única que no lograba administrar su seguridad. Recientemente lo logró. Los recursos para sostenerla son el “exceso” que denuncian.
Seguramente recordando que le transfirieron los subterráneos a la Ciudad sin presupuesto y en un estado deplorable, decidieron que debió hacerse lo mismo con la transferencia policial. Haberlo hecho con los fondos necesarios cumpliendo la ley, suena a desatino.
Esa reducción ilegal de recursos destinados al cuidado de la seguridad pública afecta la convivencia social y deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia. Por lo que un grupo de vecinos, miembros de “Profesores Republicanos”, decidimos, en atención al “especial”, “directo”, “inmediato”, “concreto”, y “sustancial” agravio, conforme lo exige nuestra Corte Suprema, intentar defender en forma genérica al ciudadano – clasificación a la que pertenecemos- contra un acto estatal que consideramos contrario al orden jurídico.
Intentamos buscar la protección concreta de la seguridad individual y colectiva de cada uno, seguridad que sin duda afecta en forma directa el accionar manifiestamente arbitrario del Ejecutivo Nacional mediante el Decreto con el que decide “robar” un importante porcentaje de la coparticipación que le corresponde a la Ciudad y que, para mayor agravio, transfiere a otra Provincia.
La detracción de recursos se ordena en forma inmediata, lo que genera mayor daño a la seguridad local, intentando disimular el descontrol existente sobre la seguridad provincial y sobre su fuerza de seguridad. Esta maniobra quedó en evidencia a raíz del alzamiento policial que, aunque justo en su reclamo, es cuestionable por la forma en que se manifestó.
El inmediato desfinanciamiento de la Ciudad produce un agravio actual y concreto que es lo que motiva la presentación del amparo. El decreto 735/2020 es una norma inhábil, violatoria de la cláusula constitucional (pár. 2o, inc. 2, artículo 75 CN). Requerimos en la presentación que la justicia se decida a retomar el rol de control de los otros poderes del estado conforme lo exige el plan constitucional, único contrato al que adherimos los ciudadanos.
Ensoberbecido en el exceso de poder que pretenden ocultar en la niebla que generó la pandemia, pretenden ordenarle a la Ciudad cuánto debe gastar para su seguridad y cómo debe modificar intempestivamente su presupuesto. Olvidan que los ciudadanos bonaerenses casi en idéntico número, se ven favorecidos por la “opulencia” capitalina cuando caminan por sus calles, concurren a sus hospitales o escuelas. Para hacer las cuentas de su unilateral decisión, ningunean a los bonaerenses que por la razón que fuere concurren diariamente a Capital.
Transferir recursos coparticipables de la CABA, en favor de la provincia de Buenos Aires mediante decreto es inconstitucional.
Que se realice en forma unilateral sin consenso es inconstitucional.
Que el poder central siga decidiendo en forma arbitraria como se distribuyen los dineros que los ciudadanos aportamos como impuestos es inconstitucional.
Por añadidura el despojo a la ciudad no intenta mejorar nada sino que su principal misión es perjudicarla, igualar restando, incorporar sumas millonarias a la provincia que ha decidido tutelar, sin la obligación de rendir cuentas. Los millones caen en un bolsillo de payaso que no tiene ni fin ni destino (conocido).
Se pretende burlar la buena fe y la lealtad federal demostrando una vez más que la palabra de nuestros funcionarios carece de credibilidad y que están empeñados no en edificar puentes que unan los diferentes puntos del país y las diferentes miradas de cómo debe administrarse la democracia, sino en profundizar la grieta para que desde el fondo de ella no podamos ver los arbitrarios desplazamientos de recursos ni las agresiones a la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.
Las desigualdades estructurales no se subsanan sacándole a quien posee sino sumando honestidad, creatividad y eficacia para darle a quien carece.
Iniciamos un amparo como vecinos perjudicados por la medida con la esperanza que nuestros Jueces decidan cumplir con el rol para el que fueron designados sin aceptar presiones por intensas que resulten, ya que sólo se puede ser eficaz presionándolos, si guardan secretos que los hacen vulnerables o si les falta la valentía necesaria para ejercer el cargo.
Que la pandemia no sea la enfermedad terminal del estado de derecho.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp.
