El Gobierno de Alberto Fernández, anunció que el país ha decidido «apoyar con fuerza» la resolución de Naciones Unidas que condena la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. Sin embargo nada oficialmente se sabe respecto a la situación del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, que defendió al régimen de Maduro.
Tras varios días de polémica por las declaraciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de Carlos Raimundi, que dijo que el país caribeño «ha sufrido un fuerte asedio del intervencionismo», la Casa Rosada decidió reivindicar la «defensa global de los Derechos Humanos».
La administración Fernández afirmó que respaldará el trabajo realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela desde hace años bajo el mandato del dictador, Nicolás Maduro.
La Cancillería argentina indicó en un comunicado que «mantendrá su liderazgo en la defensa global de los Derechos Humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana».
En este sentido, solicitó a las autoridades de venezolanas que permitan investigaciones «prontas, exhaustivas, independientes e imparciales» de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, tal y como recoge el texto.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos previa a la votación sobre la situación en el país caribeño, el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, adelantó la postura final del Gobierno al abstenerse de una resolución que presentaron Irán y Venezuela.
Sobre este documento, Villegas ha asegurado que «presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los Derechos Humanos en su territorio reflejada en el informe oral de la alta comisionada el 25 de septiembre».
Asimismo, instó al régimen venezolano a cooperar plenamente con todos los mecanismos del Consejo de Seguridad y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes.
Además, ha pedido que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las acusaciones vertidas sobre el régimen venezolano para llevar a los responsables ante la Justicia y poder así «reparar a las víctimas».
Este mismo martes, la exrelatora Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Hilal Elver mostró una postura muy similar a la de Raimundi y ha calificado como «acciones criminales» las medidas coercitivas unilaterales que afectan a diferentes países, entre ellos Venezuela.
«El derecho a la alimentación y a la nutrición es una de las áreas de Derechos Humanos más importante y afectada de manera directa por las sanciones económicas unilaterales», afirmó Elver, que ha puesto de ejemplo a la población iraquí, «víctima de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos».
En medios diplomáticos de la región la critica a la posición adoptada por Elver y Raimundi es muy severa, consideran que buscan defender el régimen dictatorial de Maduro, e ignoran que la crisis venezolana ha llevado que cinco millones de ciudadanos abandonen su tierra natal. También se mira con atención que sucederá con el embajador argentino Raimundi, que según la reglas básicas de la diplomacia el Presidente Fernández ya debería haberlo convocado a Buenos Aires.
P/europapress/vfn/rp.
Argentina apoyará en la ONU la resolución que condena la violación de los DD.HH en Venezuela
