Por Dr. Marta Nercellas
Sabemos que ningún mar calmo hizo experto al remero. Tal vez por eso nuestro gobierno realiza denodados esfuerzo para que rememos contracorriente defendiendo nuestras libertades. Para ello genera en forma constante olas de intemperancia y pensamiento uniforme que azotan sin pausa las playas de nuestras ciudades.
El “pan” lo pueden repartir. Es cierto que en forma inmediata soluciona el serio problema del hambre, pero mas importante para quienes lo reparten es generar con ese reparto la dependencia necesaria para tratar de adormecer el pensamiento.
Si existen iluminados que saben lo que es la moral, la verdad, lo justo, ¿resulta necesario que todos perdamos tiempo y energía repensándolo?
Designar un “tribunal” que pueda decidir qué sonido es música y cuál simplemente ruido, facilita las cosas y evita perder años de aprendizaje en conservatorios con la intención de satisfacer nuestro afán de intentar tener criterio propio.
El lanzamiento de un “observatorio estatal” que monitoree, pero especialmente, que desarticule noticias falsas con el propósito de “contribuir” a la lucha contra la desinformación y la violencia simbólica en los medios y plataformas digitales, intentando “protegernos” de las argumentaciones que conllevan las noticias maliciosas y la violencia en los medios y redes sociales, nos obliga a que comencemos a pintar el cartel que indique el FIN para nuestra democracia.
Si existen mensajes discriminatorios, misóginos, racistas o xenófogos, el INADI tiene casualmente la función de impedir que intoxiquen el debate público y, si cumpliera con su función y tuviera a su cargo personas idóneas, lo haría conforme corresponde sancionando a quien infrige la ley. No censurando antes, porque estarían enterados que la censura previa está constitucionalmente prohibida, sino haciéndolo responsable por lo publicado si lo dicho excede la libertad de expresión cuyo límite no es ni flexible ni cercano.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por diferentes acciones que agreden la libertad de prensa en Latinoamérica. Juicios y acciones que interfieren con la actividad periodística cuando se trata de publicaciones de interés público, prohibiciones o sanciones administrativas o judiciales y disposiciones con contenido vago y ambiguo, que permite al “comisario político” interpretar a su antojo: moral, odio, buenas costumbres, y regular o impedir la publicación, sujetando a su escrutinio y antojo esa decisión. Esto lo determinó a declarar que la libertad de prensa es frágil, que las acciones estatales generan inseguridad y autocensura o acoso legal o preventivo. Casualmente de esto se trata nuestro cuestionamiento en relación a la disposición que comentamos.
El NODIO (ni siquiera son creativos a la hora de buscar rúbrica) dicen que pretende fomentar la libertad de expresión y la diversidad, pero su sola designación subraya la pobreza de criterio. Favorecer la libertad censurando, haciendo caso omiso al contrato social al que adherimos – nuestra Constitución Nacional- se parece bastante a pretender apagar ese fuego agobiado de lucecitas de autoritarismo, con la nafta del rencor. Cercenar derechos al grito de libertad es el método elegido, tal vez porque es coherente con su forma de gobernar. Afirmar algo para contradecirlo con prisa y sin pausa con las acciones que ejecutan, es el menú que nos sirven diariamente.
En un momento en el que los gastos del estado no pueden ser afrontados con recursos genuinos crear nuevas estructuras no parece lo más razonable. Pero en su plan de gobierno no se trata de un área improductiva, sino una que colaborará en silenciar a quienes quieran exteriorizar sus disidencias perturbando su “proyecto”.
Lo que no podemos decir es que no son lineales y que no anticipan el daño que programan. La ministra Sabina Frederic nos confió que hacían “ciberpatrullaje preventivo” con el fin de “prevenir el delito “. Claro que delito no son las acciones que define la ley penal. Acción ilícita es sólo la que agrede el pensamiento oficial. Por ejemplo no lo es la toma ilegal y violenta de tierras ajenas; en esos casos la ministra entiende que se trata de acciones legítimas que tienden a resolver la crisis habitacional.
El jefe de gabinete insiste en hablarnos de los discursos de odio, de desinformación y de noticias maliciosas. Venía anunciando tácitamente que trabajarían en pos de acallarlos. No es por el ocultamiento del gobierno que nos sorprendemos por esta resolución que agrede libertad, intimidad y dignidad de las personas. Nos sorprendemos porque una vez más creímos que no se atreverían a tanto.
No coincido con ADEPA cuando afirma que existe el riesgo cierto de que se constituya en un método sutil de disciplinamiento o represalia. Y no coincido porque no se trata de un método sutil sino brutal, evidente y sin disimulos. Nos dicen que ellos son los dueños de la verdad y que no tengamos la osadía de contraargumentar contra esa verdad única e indiscutida. No existe espacio para ese debate. Restringir, descalificar, decidir qué es lo bueno y lo verdadero es un quehacer que entiende que les corresponde desde la superioridad moral que se autoadjudican.
Podríamos enumerar no sólo actos de violencia discursiva sino de instigación a cometer delitos desde voces cercanas pero amparadas por el paragua del poder o ¿es que acaso procurarán el silencio de la señora Bonafini?.
Es verdad que el anonimato, como la “manada”, borra límites y determina conductas irreflexiva y agresivas .También lo es que los discursos de odio se escuchan de ambos lados de la grieta , pero ¿hay alguna ley que prohibe odiar y expresarlo en público al igual que en privado?; ¿cuál será la vara con la que medirán el odio que debe ser silenciado y cuál el que está autorizado a que se difunda?.
Cumplir con el rol que tiene el estado indica que debe protegernos de los delitos que con frecuencia nos convierten en sus víctimas; impedir que delincuentes violentos abandonen sus lugares de confinamiento, poniendo en riesgo nuestra salud con la excusa de cuidar la de ellos; defender el valor de nuestra moneda para que no nos despertemos más pobres cada mañana; estar alertas a los fraudes al estado no desarticulando los organismos de control con excusas carentes de veracidad. Pero defendernos de las mentiras convirtiéndose en árbitros de la verdad, no se encuentra entre las facultades que les otorgamos a nuestros gobernantes.
Sería muy interesante que nos digan cómo desarticularán esas “campañas de falsedades”. Cómo las detectarán. Cómo nos garantizarán que desaparecerá la mentira pero permitirán que tomemos conocimiento de las verdades que pueden interesarnos.
Fuimos exitosos venciendo a la pandemia. Los contagiados y muertos se acumulan ante el irrespetuoso silencio de los que afirmaban haberla vencido. ¿Nos deparará idéntico éxito este combate contra el odio en las redes?. ¿Nos mostrarán con filminas como desarticulan los ataques inescrupulosos de las mentiras y las informaciones discriminatorias?. La democracia no se mejora limitando libertades. Si alguien hiciera un mal uso de ellas deberá responder por las consecuencias que cualquier extralimitación debe generar.
Dicen “necesitamos información veraz, chequeada…”. Habría que avisarles que si cumplen eficazmente con esa tarea los primeros que tendrán dificultades serán el presidente, su jefe de gabinete y varios de los ministros. A menos que crean que era veraz y chequeado que “el Covid 19 no llegaría a la Argentina”. Convertir en Ministerio no jerarquizó a la ex Secretaría de Salud. Cambiar los nombres no modifica la realidad.
No tengo dudas que agravia más la confianza pública los dichos falsos de los funcionarios que cualquier mentira de una fuente anónima viralizada en cualquiera de las redes.
Es verdad que hay experiencia internacional conforme lo que manifiestan. La República Bolivariana de Venezuela, conforme se publicó en la Gaceta Oficial Nº 41.274, el 8 de noviembre del 2017 dictó su resolución “ contra el odio” y no sabemos si lograron resolver el problema que ocasiona ese sentimiento negativo, pero lo que consiguieron fue allanar domicilios y ordenar la detención de varios opositores políticos.
La definición de odio al menos parece coincidir con lo que afirman nuestros funcionarios. Odio significa pensar distinto a aquello que afirmamos.
Como público les imploro, a Miriam Lewin y a todos los que se encarguen de la inteligencia para protegernos: “¡¡no me defiendan¡¡”.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp
