Por Isabel de Estrada
“Estoy muy orgulloso de defender a los carreros y carreras, hombres y mujeres que enfrentan la exclusión realizando diversas actividades de economía popular en carros tirados por caballos. Sostengo con fundamentos éticos, históricos y legales, que trabajar en carro no es delito” dice Juan Grabois, al tiempo que asegura que su gran amigo Antonio Cabrera, de Villa La Sarita, Quilmes Oeste, “es un hombre bueno y solidario, un verdadero amante de los caballos y los sulkis.”
Sin embargo, Antonio Cabrera, uno de los referentes del Sindicato Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Cartoneros, no tiene inconvenientes para asegurar a los gritos: “A mi me llegan a parar y me van a tener que matar, o yo voy a matar a alguien. Yo mato porque soy una persona desocupada y la única herramienta que tengo es mi carro y mi caballo. Voy a ir preso, que me maten, lo que quieras, pero yo mato”. Lo afirma quien hace algunos años se paseaba en carro con Juan Grabois por las calles de Quilmes.
En breve se comenzaría a discutir la Ley Nacional que prohíbe la tracción a sangre, abarcando todas las actividades que implicaran transporte, traslado, reparto, acopio o depósito y recolección, en todo el territorio de la República Argentina.
A decir verdad, como tantas otras actividades ilegales “naturalizadas” y defendidas públicamente por personas que van quedando grotescamente en evidencia, la tracción a sangre es ya hoy un delito en muchos territorios de nuestro país. No solo existen en muchos casos ordenanzas que la prohíben claramente, sino que en el noventa por ciento de los casos, los carros no cuentan con las exigencias mínimas para circular por las calles, amén del certificado de anemia equina, obligatorio para cualquier transporte de caballos.
Con frecuencia son conducidos por menores de edad y en la mayoría de los casos, se infringe la llamada “Ley Sarmiento” contra el maltrato animal.
Lo cierto es que la tracción a sangre es un delito que nadie combate, salvo los proteccionistas y la misma sociedad, que, ante la cruda imagen de un caballo que se desploma exhausto en el medio de la calle, denuncia indignada ante los canales de televisión y los pocos periodistas sensibilizados por este tema. ”Y somos las proteccionistas quienes nos hacemos cargo de los caballos” dice Eugenia Suárez, de la Comisión Directiva del Centro de Rehabilitación Equina (CRRE).
Se discutirá finalmente en el Congreso y se trabajará en pos de un ordenamiento y “paulatino” traspaso de los carreros hacia vehículos a tracción motora o eléctrica, teniendo en cuenta a los animales, la tan esperada Ley de tracción a sangre? Sustituir los carros de caballos por vehículos, es una decisión política que nadie pareciera demasiado dispuesto a defender pues va de la mano del “relato”. Quien se animará a levantar la voz en el Congreso en un país con mas del cuarenta por ciento de pobreza? (remanido argumento aplicado por “Ella” para justificar casi cualquier cosa).
Porque en realidad no se trata de optar entre el hombre o el animal, apelando a un falso pretexto para desviar o negar el debate, ya sea por aferrarse a atavismos, por temor al escarnio público o por intereses políticos subalternos.
En muchos países ha quedado demostrado que sustituir los caballos por vehículos a tracción motora o eléctrica, no solo es posible, sino que contribuye al ordenamiento de la vía pública, a la salubridad y a la economía, amén de que culturalmente implicaría condenar el maltrato, el abuso, la ilegalidad, azotes sociales que terminan lacerando la convivencia. Todo esto, sin subestimar el mal ejemplo que representa para nuestra sociedad, la aceptación del maltrato, el abuso y el delito sea hacia quien fuera.
Hace unos años, el señor Grabois se paseaba por las calles defendiendo la ilegalidad de esta actividad de la mano de los carreros. Hoy, como todos hemos presenciado, usurpa tierras. Cuantos delitos deberemos presenciar todavía?. Hasta donde alcanzará el manto de impunidad que protege a quien viola la ley ?
Una vez más, la ilegalidad pareciera ser la carta ganadora de la mano del “relato populista”, también aquí presente, cuando en realidad se trata de proteger a aquellos que no tienen voz y de ordenar las actividades de la “economía popular” ejecutando programas eficientes, y transparentes.
De esa manera, desde el Estado se podría empezar a trabajar en contra del delito, y no a favor de éste. Sin pensar en la injusticia que implica beneficiar a quienes viven y trabajan en la ilegalidad; exigiendo, y condenando a quienes lo hacen, dentro del marco de la ley.
Quizás no estemos plenamente conscientes del peligro que implica para la convivencia democrática promover usurpaciones, instigar acciones violentas y para colmo hacer alardes de poder. Sería esperable que los graves acontecimientos de estos días, más allá del repudio generalizado, nos hayan abierto los ojos.
Con este contexto, cobra sentido reiterar la pregunta del principio: Cuando se comenzará a discutir la Ley Nacional que prohíbe la Tracción a sangre en todo el territorio de la República Argentina?. Porque cada pequeña acción enderezada a terminar con los abusos nos aproxima al ideal de justicia, asignatura crucial para abonar el sueño de un país republicano.
Isabel de Estrada – www.fundaciónzorba.org
Autora de “Aullidos en el Viento”, “Correr para Vivir”, “Perros sin collar”, “Buenos Aires Guau”
IG/BN/CC/rp.
