domingo 16 junio 2024

Vivienda. “Ni las usurpaciones ni la represión son el camino; hacen falta ideas y proyectos”

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Por Arq. José Antonio Artusi

Las tomas de tierras en áreas urbanas de nuestro país constituyen la manifestación visible de un problema estructural mucho más profundo: las dificultades o directamente la imposibilidad para acceder al suelo urbanizado por parte de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, problema agravado a su vez por desequilibrios territoriales generados a partir de dinámicas económicas

Lo que no resuelven de manera eficaz ni el Estado ni el mercado lo resuelve, de la peor manera, la acción espontánea o inducida de familias desesperadas, en muchas ocasiones víctimas y rehenes de punteros políticos, organizaciones sociales y movimientos ávidos de utilizar las necesidades de los sectores más vulnerables de la población para satisfacer sus propios intereses.

Este problema de larga data parece complejizarse y agravarse en esta coyuntura ante el surgimiento de una preocupante escalada de episodios de usurpaciones de tierras no sólo urbanas sino también rurales, privadas o fiscales, protagonizadas por dirigentes cercanos al oficialismo que esgrimen argumentos disparatados y sólo cercenan las posibilidades de entablar un debate serio y racional sobre la cuestión.

Puede advertirse cierta inacción del gobierno nacional en ese sentido y la participación activa de movimientos políticos y sociales que les son afines, y aún de funcionarios públicos, por lo que la ciudadanía comienza a advertir que la inacción en este caso para prevenir o desalentar episodios de esta naturaleza sólo significa complicidad.

En particular, las desafortunadas declaraciones del Sr. Presidente sobre el denominado “Proyecto Artigas” tampoco ayudan a clarificar la cuestión. Tal dislate no sólo es descabellado. También es reaccionario e irracional. Atrasa, política, económica, social, ambiental y tecnológicamente. Expresa un primitivismo clerical anti progresista que sólo puede significar frustración y decadencia.

La presencia efectiva del Estado para garantizar el goce de derechos constitucionales, entre ellos el de propiedad, es el reaseguro para la paz social, y un requisito imprescindible de cualquier proceso que comience a dar soluciones justas y duraderas.

El gobierno nacional debe reaccionar con premura y claridad frente a esta problemática, evitando las señales erráticas y contradictorias que lamentablemente ha dado, condenando y evitando la utilización con fines espurios de las legítimas demandas de quienes no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, pero a la vez poniendo en marcha un conjunto coherente de políticas públicas que apunten a la resolución paulatina del déficit habitacional; que comience precisamente por atender los requerimientos más urgentes y prioritarios.

El acceso a la vivienda digna y adecuada constituye un derecho, inherente a la dignidad humana. Así lo legisla, además, el artículo 14 bis de la Constitución nacional incorporado en la reforma constitucional de 1957. A su vez, el derecho a la vivienda debe ser contemplado de manera integral y armónica junto a otros derechos económicos y sociales, en especial el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tal como lo dispone el artículo 41 a partir de la reforma de 1994.

Sin una política nacional de vivienda y hábitat, armónicamente inserta en una estrategia de desarrollo sostenible y de equilibrio territorial, no habrá solución definitiva a los conflictos generados por las tomas de tierras, y las acciones represivas serán absolutamente ineficaces e insuficientes para abordar esta problemática.

Desde hace décadas, la falta de acceso efectivo de manera universal a una vivienda digna, junto a la privación de otros derechos económicos y sociales, y a la distribución cada vez más regresiva del ingreso – agravadas ahora por la pandemia y por las inadecuadas respuestas del gobierno nacional – han adquirido tal magnitud, ensanchando las brechas sociales, ha generado una segregación social que afecta la convivencia pacífica entre los ciudadanos y corroe las bases mismas de la democracia republicana.

El Estado moderno debe ser un instrumento de realización y progreso para el pueblo y no un mero espectador de los movimientos del mercado o de los actores sociales. Debe cumplir un papel activo en la consecución de mejores condiciones de vida para sus habitantes, garantizando la efectiva igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, más allá del lugar y las circunstancias en las que le tocó nacer a cada uno.

Esas condiciones de vida están afectadas de manera significativa por la calidad del hábitat. La vivienda precaria y su entorno generalmente degradado constituyen un eslabón fundamental en el círculo vicioso de la reproducción social del hábitat de la pobreza.

Por el contrario, cuando las condiciones habitacionales mejoran, las familias y las personas se posicionan gradualmente para ir aumentando su capacidad de acceder a otros derechos sociales en el campo de la educación, el trabajo, la salud, la seguridad, etc.

Finalmente, como en muchos otros campos de las políticas públicas no se advierte en el sector de vivienda y hábitat un rumbo claro y estrategias definidas. El Poder Ejecutivo nacional pero también el Congreso tienen en esta materia numerosas asignaturas pendientes.

Argentina necesita una verdadera política nacional urbana, que incluya el ordenamiento territorial, la vivienda y el hábitat. Las políticas habitacionales, tradicionalmente relegadas en el concierto de las políticas públicas, deben tener la jerarquía que corresponde, dado que pueden aportar de manera significativa al logro de una sociedad más justa, democrática y sostenible.
Arq. José Antonio Artusi
P/BN/CC/rp.




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