«Nuevos impuestos ponen a las generadoras de energías renovables al borde del abismo«
Por Hernán Dobry
Si otros distritos copian el modelo de Puerto Madryn, este sector correría riesgos finacieros.
La voracidad ilimitada de la política, su incapacidad por ajustar sus gastos a sus ingresos y la inacción que han mostrado este año las empresas podría poner en riesgo la continuidad de los parques de energías renovables que ya están en funcionamiento en la Argentina y desincentivar el desarrollo de nuevos proyectos en el país.
Las alertas se habían encendido hace seis meses, como adelantó Desarrollo Energético, cuando Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó gravar con dos nuevas tasas a los parques eólicos que funcionan o están en construcción en su territorio, aduciendo una necesidad de recursos para hacer frente a los efectos de la cuarentena.
los proyectos de energías renovables que se estaban desarrollando en las cercanías de su territorio.
Lo había intentado el actual vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, cuando era intendente en la localidad patagónica, pero la administración de Mauricio Macri se mantuvo implacable con todo aquel que intentó gravar las fuentes de generación eléctrica verde, para evitar que se desincentivara la inversión en el sector.
Ni bien dejó el poder, el actual mandatario de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se lanzó a la carga para tratar de conseguir lo que su hermano no había logrado: que los parques eólicos pagaran impuestos, para lo que amplió el ejido de la ciudad para incluirlos dentro de su territorio.
Los nuevos vientos políticos lo incentivaron a seguir adelante y el 23 de abril el Concejo Deliberante aprobó cobrarles la tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental a los proyectos en actividad y otra por derecho de construcción a los que están en obra o por comenzarla.
“Antes había otro gobierno que se oponía a ponerles tributos a los molinos, pero ahora hay otra administración y esto se relajó. La gente nos pide que lo hagamos. Por eso, la medida se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante”, afirma el concejal Dardo Petroli, presidente del bloque del oficialista Chubut al Frente.
Nadie los detuvo en ese momento. Genneia, una de las compañías alcanzadas por estos nuevos impuestos, impugnó administrativamente la ampliación del ejido municipal, aduciendo que viola la Constitución chubutense, como paso previo a una presentación judicial.
Desde la empresa, afirman que esto dejaría sin efecto las tasa votadas por el Concejo Deliberante. En caso de que un magistrado lo convalide, buscarán frenar el cobro de las tasas en los tribunales provinciales o nacionales. Por ahora, nada de esto ha ocurrido.
“Para cobrar este impuesto, se amplió el ejido de la ciudad para incluir a los parques dentro de la zona urbana. Esto es ilegal ya que no hubo incremento poblacional que lo justifique. Por eso, nosotros lo impugnamos. Además, viola la ley nacional de energías renovables”, afirma una fuente cercana a la compañía.
Aluar, otra de las empresas alcanzadas por estos nuevos impuestos, decidió pagar los 800.000 pesos mensuales que le correspondían para evitar entrar en conflicto con el municipio, en el que se encuentra su planta de producción de aluminio, una de las mayores empleadoras locales.
Según una fuente de la industria, esto podría sentar un precedente a la hora de tener que reclamar ante la Justicia la invalidez de estos impuestos. Sin embargo, desde la compañía dirigida por Javier Madanes Quintanilla insisten en que su Departamento de Legales sigue analizando las medidas a tomar.
Un nuevo golpe
El Concejo Deliberante volvió a la carga contra los proyectos renovables envalentonados por el éxito obtenido en abril porque consideró que era insuficiente lo qué les venían cobrando y que los podían seguir exprimiendo ya que generaban ganancias. La voracidad no conoce de límites.
“Es una cuestión recaudatoria. Los ingresos se tratan de incrementar a como dé lugar. Hicimos el cálculo y tomamos los parámetros anteriores y vimos que con estos nuevos se podía cobrar más porque los montos anteriores eran ínfimos en comparación con lo que generan los parques”, explica Petroli.
Amparados una vez más por los efectos negativos de la cuarentena sobre la economía local, los legisladores modificaron la metodología con la que se calculaban las tasas aprobadas en abril para incrementar las arcas municipales, ya que ahora, esperan recaudar cerca de 8,81 millones de dólares anuales.
La ordenanza municipal 11.546 aprobada el 5 de noviembre establece que los parques eólicos que ya están en funcionamiento pagarán una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental dependiendo de la cantidad de torres o aerogeneradores que tengan instalados a partir del 1 de enero de 2021.
Por cada turbina de hasta 2 MWh, abonarán mensualmente el equivalente a 50 MW de energía al precio informado a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA). Para los equipos de entre 2,10 y 4 MWh, la tarifa será de 60 MW y para los mayores de 4 MWh, de 80 MW.
Esta nueva metodología también modifica la moneda de cálculo de este impuesto del peso al dólar ya que se basa en los PPA de los proyectos, que están fijados en la divisa estadounidense. De esta forma, el municipio se cubre de los posibles efectos devaluatorios del país.
Genneia deberá pagar unos 314.400 dólares por mes (3,77 millones al año) ya que su parque Chubut Norte I (27,60 MW) cuenta con 8 turbinas Vestas de 3,45 MWh cada una y Puerto Madryn I y II (220 MW), con 62 aerogeneradores de la misma empresa y potencia, que ya están en operación. Esto implica un incremento del 1314% con respecto a la tasa aprobada en abril.
El caso de Aluar es diferente ya que sus plantas El Llano I, II y III (165 MW) fueron construidos, dos de ellos para autoconsumo en su fábrica de aluminio y el restante para la venta a privados (MATER) por lo que carecen de un precio de comercialización fijado con la CAMMESA.
En este caso, el valor del MW a pagar se calculará en base al precio de referencia del monómico que genera la mayorista estatal, que surge de los PPA de compras de energía para proyectos renovables, explica la secretaria de Hacienda de Puerto Madryn, Vanesa Cabrera.
CAMMESA informa mensualmente el valor promedio correspondiente al valor que abonó por la electricidad que adquirió mediante los contratos de la resolución 202, y las licitaciones Renovar 1, 1.5, 2 y 2.5. Una fuente cercana a la funcionaria agrega que se tomará el más bajo de estos montos que, en la actualidad, sería es el de la Renovar 2.5.
Sin embargo, nada de esto consta en la nueva ordenanza, por lo que la Secretaría de Hacienda de Puerto Madryn deberá reglamentar la nueva norma para establecer la forma en la que se realizará el cálculo, destaca.
De esta forma, Aluar deberá abonar un total de 136.140 dólares mensuales (1,63 millones anuales) por sus tres parques eólicos, que cuentan con 45 turbinas Vestas de 3,45 MWh cada una, ya que el precio promedio de CAMMESA para la Renovar 2.5 fue de 50,40 dólares por MWh en octubre.
Esto implica un incremento en la tasa del 1.255% en comparación con la fijada en abril, ya que la productora de aluminio paga actualmente 800.000 pesos mensuales y pasará a desembolsar 10,84 millones al tipo de cambio oficial del 13 de noviembre.
“Es una barbaridad, una locura. Es algo que no tiene sentido porque se está perjudicando la estabilidad fiscal de los proyectos. Vienen apretando la cinta hace tiempo y si nadie les pone un poco de presión, el futuro va a estar complicado”, afirma Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina (CAE).
La ordenanza municipal 11.179, del 23 de abril, establecía que las empresas debían abonar una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental, de 300.000 módulos A anuales para los parques que tengan una superficie de 20 millones de metros cuadrados (3,75 millones de pesos por año), de 500.000 para los que sean de entre 20 y 50 millones de metros cuadrados (6,25 millones de pesos anuales) y de 700.000 para los de más de 50 millones de metros cuadrados (8,75 millones de pesos anuales), retroactivo al 1 de enero de 2020.
De esta forma, Genneia tendrá que pagar 1,77 millones de pesos mensuales (21,25 millones anuales) durante todo 2020, ya que es retroactivo a enero, por sus parques Chubut Norte I y Puerto Madryn I y II, mientras que Aluar deberá desembolsar 800.000 por mes (8,75 millones al año) por El Llano I, II y III.
La nueva normativa también establecerá un 10% de descuento para las empresas que abonen en tiempo y forma esta tasa y de un 30% para aquellas que desembolsen por adelantado los fondos correspondientes a todo el año.
Esto será incluido dentro de la reglamentación que realizará pronto la Secretaría de Hacienda de Puerto Madryn. “Queremos sentarnos a negociar todo esto con las empresas”, afirma la fuente cercana a Cabrera.
A esta tasa, se le suma otra nueva que el Concejo Deliberante también creó tasa para los proyectos de energías renovables (eólicos, solares, de biogás o similares) cuyas obras se encuentren en ejecución o a ejecutarse.
En este caso, deberán pagar un gravamen en concepto de derecho de construcción equivalente a la potencia total a instalar en el parque, multiplicado por el precio al que venderá la energía a CAMMESA, multiplicado por 12 horas de generación y multiplicado por 30 días.
En el caso de que sean para MATER, la norma tampoco hace referencia al método de cálculo que se utilizará, pero Cabrera señala que se implementará el mismo mecanismo que con el impuesto anterior. De la misma forma, también se fijará en dólares y se liquidará al tipo de cambio oficial del último día del mes anterior.
Así, la UTE Genneia-Pan American Energy (PAE) tendrá que abonar un total de 1,97 millones de dólares (985.000 cada una) por única vez por sus parques Chubut Norte III y IV (140,40MW), Genneia 515.289,60 por Chubut Norte II (26MW) que están en pleno proceso de construcción y Aluar, 907.200 por El Llano IV (50MW) cuyo desarrollo fue paralizado antes de iniciar las obras.
De esta forma, la Municipalidad de Puerto Madryn redujo los montos originales que debían pagar las empresas de energía renovables, según lo establecido por la normativa anterior, aprobada el 23 de abril.
“La ordenanza anterior surgió del Concejo Deliberante por la necesidad de recaudar más fondos en medio de la pandemia. Después, las áreas técnicas vieron que muchas cuestiones técnicas eran inaplicables y se decidió implementar esta nueva modalidad”, señala la fuente cercana a la Secretaría de Hacienda local.
La normativa aprobada en abril establecía que las compañías debían pagar el 2% del total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de las obras de los parques de energías renovables que se encuentran en ejecución o a ejecutarse.
Así, Genneia y PAE tendrán que abonar 4,49 millones de dólares por Chubut Norte III y IV ya que requerirán de un desembolso total de 224,64 millones para su desarrollo. En tanto, para Genneia la erogación será de 830.000 ya que precisará de 41,60 millones para terminar Chubut Norte II, y para Aluar, de 1,20 millones ya que El Llano costará un total de 60 millones si es que decide hacerlo.
“Estamos analizando si corresponde cobrarles este impuesto porque las empresas aducen que es un porcentaje muy alto. Con este cambio en la norma, no caducaría la deuda que ya se ha generado”, sostiene Cabrera.
Una industria en peligro
Las empresas y las cámaras de energías renovables en la Argentina están en estado de alerta ante la posibilidad de que estas tasas establecidas por las autoridades de Puerto Madryn desaten una ola de impuestos en los demás municipios del país donde están situados sus plantas y proyectos.
“Están sentando un ejemplo para que las otras jurisdicciones puedan tomar el mismo camino y cobrar impuestos para aumentar sus arcas. Desde la Cámara, vamos a salir al cruce”, señala Ruiz Moreno.
En abril, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ya sostenía que se trataba de “un mal precedente porque como los gobiernos locales necesitan fondos, van a hacer lo mismo. Es un efecto contagio peligroso porque es dinero fácil para los municipios”.
En tanto, la CAE había señalado en un comunicado que “los proyectos eólicos son inversiones a muy largo plazo que necesitan de absoluta estabilidad fiscal para su viabilidad. Cargas impositivas o tasas de la naturaleza de la ordenanza municipal aludida, no son soportables para estos proyectos y la fuente de trabajo que representan”.
La tentación de cobrarle impuestos a las energías renovables es muy grande y es algo que los intendentes de las localidades chubutenses de Rawson y Trelew, vecinas a Puerto Madryn, están analizando desde hace tiempo, explica la fuente cercana a Genneia.
En el pasado, hubo varios intentos fallidos como el del diputado nacional por La Rioja, Luis Beder Herrrera en septiembre de 2017, quien propuso colocarle un impuesto al sol para los proyectos fotovoltaicos que se estaban desarrollando en su provincia.
En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni sugirió el año pasado que podría impulsar un gravamen al aire para los parques que funcionan en su territorio ya que “las inversiones en energía eólica no dejan nada”.
Con el mismo espíritu el diputado por el Pueblo de Puerto Deseado, Carlos Santi, promovió una medida similar para aplicar en Santa Cruz. “Vemos que es un negocio entre privados, donde las provincias quedan afuera, donde no podemos cobrarles ningún impuesto. El viento es un recurso natural y como tal pertenece a las provincias”, explicó al diario La Voz Santacruceña.
Todos estos intentos chocaron con la oposición del gobierno de Mauricio Macri, que presionó a los mandatarios provinciales para que no siguieran adelante, ya que esto perjudicaba su programa para impulsar las inversiones en energías renovables en el país y les generaba inseguridad jurídica a las empresas.
Puerto Madryn se ha convertido en el primer distrito gravar en forma exitosa a este sector con tasas municipales o provinciales desde que entró en vigencia la ley nacional 27.191, de “Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”, el 15 de octubre de 2015. Su texto prohíbe expresamente que se cobren nuevos impuestos a este tipo de proyectos.
Según el artículo 17 de la norma, el acceso y la utilización de las energías renovables “no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Sin embargo, en su artículo 13, destaca que las empresas “podrán trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos”.
De esta forma, estaría habilitando la posibilidad del cobro de nuevos gravámenes que negaba en el artículo anterior. “Esto genera un gris dentro de la normativa”, afirma una fuente cercana a la Secretaría de Energía de la Nación.
En caso de que esto ocurra y se ven obligadas a pagar esta nueva tasa, la Ley 27.191 establece que el generador “tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de un nuevo precio de la energía suministrada”, lo que implica que deberá pedirle autorización a CAMMESA para pasar estos nuevos costos a la tarifa.
Sin embargo, quienes deberán darle el visto bueno al aumento serán el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Energía de la Nación, cuyo titular, Darío Martínez, considera que los valores actuales de la electricidad generada con las renovables ya son caros.
Según Petroli, la provincia adhirió a la Ley 27.191 pero el municipio no lo hizo y como cuenta con autonomía puede cobrar las tasas sin ningún problema. En tanto, Cabrera sostiene que “la normativa nacional establece que no se puede gravar la generación de este tipo de energía, pero no dice nada en cuanto a hacerlo sobre la potencia de los aerogeneradores”.
Por Hernán Dobry
EN/BN/https://desarrollenergetico.com.ar/CC/rp.
