Por María José Sanz
Mendoza. En el día internacional contra la Corrupción, resulta inevitable no reflexionar sobre la paradoja de nuestro país, donde pareciera coexistir dos visiones antagónicas.
Por un lado, en los últimos meses y a lo largo de las diferentes provincias, han surgido iniciativas para impulsar proyectos de Ficha Limpia con el objeto de evitar que personas condenadas por delitos contra la administración y sin sentencia firme puedan ser candidatos, y en el caso de nuestra provincia ampliándolo a otros delitos y a el resto de los funcionaros de los tres Poderes del Estado, generando una herramienta eficaz para evitar que se sigan utilizando las bancas y cargos de funcionarios para negocios espurios y garantizar impunidad. Ello acompañado de un fuerte movimiento ciudadano que reclama gobiernos transparentes y honestos.
Y por otro lado nos encontramos con la otra realidad, donde en la última semana se confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou, (causa Ciccone) quien pasa vergonzosamente a nuestra historia como el primer Vice Presidente condenado por corrupción. En respuesta a la decisión de la Corte algunos dirigentes salieron a manifestarse por redes sobre la necesidad de otorgarle el indulto y otros, por medio de una solicitada, expresaron que se trata de persecución política y citaron nuevamente el lawfare (guerra judicial). Esta defensa a un ladrón por el que tuvieron que dejar sus puestos un procurador general (Righi), un juez (Rafecas) y un fiscal (Rívolo) definitivamente me hace pensar que Boudou no está solo
Esta dicotomía existente no es menor, y cuanto menos, resulta sospechosa. Flaco favor nos haríamos a nosotros mismos si dejásemos dejar pasar livianamente estos hechos y no elevamos nuestra voz; cuando se comete un acto de corrupción termina impactando notablemente en los sectores más vulnerables como claramente lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La corrupción afecta los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.
Más que grave, considero trágica esta intención de promover el indulto a un delincuente que se sirvió de argentinos y argentinas, sus compañeros pretenden consagrar, lisa y llanamente, la impunidad en su máxima expresión demostrando que la importancia que se le da a las leyes, a los pactos y la misma Constitución es igual a CERO. Y llama la atención el peligroso intento de establecer el concepto de lawfare ante cada causa donde la justicia les es desfavorable intentando con ese discurso torcerle el brazo a la misma. Si nos quedamos callados corremos el riesgo de una grave crisis institucional, profundizando el abismo entre la confianza pública y el estado nacional.
El contraste que se aprecia entre algunas provincias, dando el debate por Ficha Limpia, y el que pretende el oficialismo gobernante en la Nación, intentando una justicia a su medida, es cuanto menos grotesco. Y preocupa.
Debemos terminar con la hipocresía de medir con diferentes varas las conductas de los ciudadanos y los gobernantes, o que exista un concepto de justicia para unos y otra para otros, Una persona que roba debe ser condenada como debe serlo aquel o aquella que le roba al Estado (que somos todos). Un concepto verdaderamente progresista es cuidar los dineros de todos, porque cuando un funcionario se enriquece a costa del país, de la provincia, no tan solo roba y se enriquece, sino que su delito se traduce en lo que le falta a tantos. Y de ninguna forma podemos naturalizar esta situación.
Hoy no quiero quedarme callada y estoy convencida que la inmensa mayoría de la sociedad tampoco, porque llegó al hastío. Hoy, más que nunca, debemos defender con firmeza la idea de que Democracia y Corrupción son incompatibles y la mejor forma de hacerlo es pararnos firmes y sin titubeos. Nuestra labor como ciudadanos y como representantes es trabajar por un Estado más justo transparente y equitativo. Donde ocupar una banca no siempre se asocie con el velo de la duda sobre la honestidad, sino que sea una garantía de decencia, que el honorable no se quede simplemente en el título, sino en la conducta, para que dejemos de estar en el reino del revés donde un ladrón es vigilante y el otro es juez.
Dip. María José Sanz – UCR – Frente Cambia Mendoza.
PR/BN/CC/rp.
Cuaderno de opiniones: “Me dijeron que en el Reino del Revés” existe una justicia para unos y otra para otros
