La Ley de Vacunas 27573, en su artículo 4º autoriza al Gobierno a introducir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas” pero la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, adicionó “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos.”
Precisamente la norma agregada por la diputada Camaño es la que, según la Casa Rosada, originó la controversia con Pfizer, aunque se acepta que la legisladora actuó dentro del correcto marco doctrinario. La base de la discordia gira en torno a la interpretación y alcance de la norma Camaño. El presidente Fernández, ahora, intenta reinterpretarla a fin de poder llegar a un acuerdo con el laboratorio Pfizer. Esa tarea se la encargó a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra.
Se sabe que Argentina había avanzado para ocupar un lugar destacado en la distribución de Pfizer, incluso intervino en los ensayos clínicos de los que participaron voluntarios que se aplicaron la vacuna en el Hospital Militar, pero después de conocida la Ley de Vacunas, según voceros oficiales, Pfizer pretendió que se suprima la excepción que establecía la norma Camaño
El Gobierno, este lunes, comenzó un nuevo intento para reencauzar las negociaciones con Pfizer, proveedora de la vacuna aprobada por la Food and Drug Administration, FDA, de Estados Unido, que se está aplicando en la mayoría de países de occidente. A tal fin la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y un abogado de confianza del ministro de Salud, Ginés González García, mantuvieron, en la Casa Rosada, una reunión con directivos de Pfizer en Argentina.
La clave para reactivar el acuerdo con Pfizer, trascendió desde despachos del Gobierno, surgiría de una reinterpretación del art. 4º de la Ley de Vacunas y «Lo que se podría hacer es estipular qué se entiende por negligencia de la empresa y qué responsabilidad tiene el Estado en la provisión de la vacuna. No es lo mismo que la vacuna venga con una falla de la casa matriz que un problema en su conservación una vez llegada a la Argentina».
Días pasado Alberto Fernández, sobre este tema, señaló: «Si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”.
Solo si la empresa aceptara la ley vigente y un contrato que especifique por escrito qué se entiende por negligencia, el acuerdo podría avanzar. Las conversaciones están abiertas, pero el acuerdo aún está lejos de ser cerrado. Los ejecutivos de Pfizer Argentina se comprometieron a elevar la consulta a los Estados Unidos. El acuerdo con Pfizer contempla la provisión de 1,5 millones de vacunas que Pfizer podría entregar en lotes entre febrero y marzo, a un valor de 20 dólares por vacuna.
En medio de versiones confusas y contradictorias sobre la negociación con Pfizer, en el Gobierno había la sospecha que el laboratorio tenía problemas de producción, pero al respecto ejecutivos del laboratorio norteamericano fueron terminantes, el obstáculo que bloqueó el contrato es la cláusula legal que habla de negligencia.
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Vacuna Pfizer. El Gobierno reveló que la traba se originó en una norma insertada en el Congreso
