Bruselas. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha lamentado «el deterioro de la democracia y los Derechos Humanos» en Nicaragua y teme la «represión» que pueda derivarse de las leyes aprobadas en los últimos meses por la Asamblea Nacional, por lo que ha reiterado su llamamiento a un «diálogo inclusivo».
Para Borrell, leyes como las referentes a los «agentes extranjeros» y a la ciberdelincuencia y reformas como las que plantea cadena perpetua para los «poco definidos» delitos de odio no harán sino «endurecer las restricciones sobre los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales» en el país centroamericano.
La Asamblea Nacional niaragüense aprobó el lunes la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que impide para las elecciones de 2021 las candidaturas de personas que promuevan golpes de Estado. «Es otro paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense y aleja al país aún más del Estado de Derecho», en palabras de Borrell.
El jefe de la diplomacia europea teme por las restricciones que puedan sufrir «opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil» como resultado de esta batería de medidas y ha instado al Gobierno de Daniel Ortega a respetar sus propias leyes y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
«Los ciudadanos nicaragüenses deberían poder ejercitar sus libertades de expresión y asociación de forma efectiva», ha dicho Borrell, quien ha reclamado la implantación de los acuerdos sellados en marzo de 2019 entre el Gobierno y la oposición, de tal forma que se garanticen las reformas requeridas para «garantizar unas elecciones justas y transparentes» en noviembre de 2021.
La UE «apoya un diálogo urgente inclusivo» sobre estas reformas electorales, por considerar que son «un paso esencial para restaurar la confianza». En este sentido, Borrell ha afirmado que el bloque está dispuesto a colaborar de forma «constructiva» para lograr «una salida pacífica y democrática a la crisis» que atraviesa Nicaragua desde las protestas de 2018, cuando perdieron la vida más de 300 personas.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha lamentado que, con la aprobación de la ley, «hay poca o ninguna esperanza» de que Nicaragua lleve a cabo elecciones «libres y justas».
A juicio del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, el Gobierno socava «los derechos de todos los nicaragüenses de participar en unas elecciones libres y justas».
«Después de 13 años consecutivos como presidente, Ortega parece decidido a permanecer en el poder incluso a costa de los derechos básicos de los nicaragüenses», ha zanjado en un comunicado.
IN/europapress/rp.
Bélgica. La UE considera que leyes aprobadas en Nicaragua son un instrumento de «represión»
