Mientras funcionarios de la Casa Rosada confirmaron que se habían reabierto las negociaciónes con el laboratorio Pfizer, a última hora de este martes el Gobierno informó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para su aplicación en la Argentina. Las primeras dosis de la vacuna, de llegarse a un acuerdo, llegarían entre enero y marzo, y estima que su costo rondaría los US$ 20.
“El producto mencionado presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada”, es decir que permite sustentar la autorización de emergencia, comunicó, la ANMAT que informó que mediante la Disposición 9210/2020 -que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial-, se aprobó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la vacuna de la firma Pfizer S.R.L para tratar el COVID-19. El permiso otorgado por ANMAT fue otorgado por el plazo de un año “a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta”.
En el comunicado se indican los próximos pasos que deberá seguir Pfizer: “Se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y eficacia del medicamento y presentar los informes de avance, las modificaciones y las actualizaciones correspondientes ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME”
Resta todavía que se resuelva la controversia entre la Casa Rosada y Pfizer respecto a una norma de la cláusula 4 de la ley de Vacunas. El eje de la solución pasa por conciliar la interpretación de la norma que la diputada Graciela Camaño, Consenso Federal, insertó en la Ley de Vacunas 27573, en su artículo 4º que autoriza al Gobierno a introducir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones” y que dice “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”. Este condicionamiento trabó el cierre del acuerdo con el laboratorio norteamericano.
La secretaria Legal y Técnica de presidencia, Vilma Ibarra, es quién está tratando de armonizar las posibilidades jurídicas para resolver los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional tras los contratiempos que vivió el Gobierno en las últimas semanas, el acuerdo podría surgir si el Poder Ejecutivo Nacional acordaron diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia de Pfizer y que a su vez reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.
De producirse la conciliación de posiciones entre la administración Fernández y Pfizer, el contrato sería firmado por el ministro de Salud, Ginés González García. En el Gobierno se considera factible un acuerdo antes de culminar el año. Si así sucediera, Pfizer podría entregar 1.500.000 de vacunas entre enero y marzo de 2021 que llegarían a Ezeiza a través de DHL.
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