domingo 1 agosto 2021

EL 2 DE ABRIL DE 1982, La visión de un diplomático que hizo todo lo posible para evitar tan trágico desenlace. Capitulo II

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Por Atilio Molteni – Embajador

El Gobierno británico fue acentuando su estimación de la posibilidad de una acción militar directa argentina. Ante semejante alternativa optó por continuar dialogando. Lo hizo, porque no era posible defender las islas sin que mediara una operación militar de envergadura o, constituir una “Fortress Falkand”, es decir, convertir a las islas en una fortaleza militar.

En una palabra, la política de Londres consistió en ganar tiempo y significó de su parte un accionar riesgoso, pues un enfrentamiento armado era una realidad tangible, en un marco global donde el Gobierno británico, como integrante de la OTAN, priorizaba la modernización de su disuasivo nuclear embarcado en submarinos, en desmedro de su flota de superficie.

Es necesario vincular esta cuestión con los acontecimientos internos argentinos. Para situarnos en la época, recordemos que el 22-12-1981 asumió la presidencia el Teniente General Leopoldo F. Galtieri. Uno de los objetivos del nuevo Gobierno fue intensificar las acciones diplomáticas para obtener el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas. Fue una decisión relacionada con la disputa con Chile sobre el Canal de Beagle, que no era favorable para Argentina, pero también para desviar la atención de la profundización de la crisis interna. La economía estaba colapsando, existía una demanda creciente en favor de las libertades políticas y habían trascendido los terribles alcances de la represión instaurada desde 1976.

En síntesis, se buscó obtener una solución de un problema territorial que importa mucho a la nuestra identidad nacional, bajo la creencia errónea que no tendría mayores costos, porque se supuso que Londres no iría a la guerra para mantener una posición colonial a la cual, por distintas razones, no estaba dando prioridad.

En enero de 1982, Argentina presentó una nueva propuesta, intentando dinamizar las negociaciones, proponiendo el establecimiento de una comisión negociadora permanente, a la que se concedería mandato por el término de un año, con el propósito de transferir la soberanía a la Argentina de los territorios en disputa en el Atlántico Sur.

El Reino Unido no reconoció los enunciados de nuestra propuesta, pero aceptó considerarla en el marco de una reunión prevista a fines de febrero de 1982, en Nueva York. Estas deliberaciones fueron positivas, pero no se llegó a determinar la fecha de la primera convocatoria de la comisión. Como miembro de la Delegación argentina, mi impresión fue que los británicos optaron, otra vez más, por continuar dialogando para evitar las graves consecuencias de una ruptura.

La reunión dio lugar a un comunicado conjunto en Nueva York, que dejo los temas discutidos “ad-referéndum” de los Gobiernos. Esta posibilidad fue considerada muy negativa por Buenos Aires, que al día siguiente instó a la pronta solución de la disputa a través del sistema de negociación propuesto y afirmó que, si esto no ocurría, Argentina mantenía el derecho de ponerle término y elegir libremente el procedimiento que mejor consultara a sus intereses.

Esta declaración importó un endurecimiento de nuestra posición, dio lugar a interpretaciones de todo tipo en la prensa y gestiones diplomáticas que intentaron aclarar los alcances de la situación creada, que según los británicos era amenazante.

La situación se agravó por el incidente en las Islas Georgias del Sur, que fue el paso previo al conflicto armado de 1982. Se originó al llevarse adelante un contrato privado de desguace de instalaciones balleneras en las Islas Georgias, suscripto por el Sr. Constantino Davidoff, con una compañía británica. Después de varias notificaciones a la Embajada británica en Buenos Aires, su personal se trasladó a las islas en el buque argentino «Bahía Buen Suceso”, y desembarcó en el puerto de Leith, el 19 de marzo de 1982.

El Gobierno británico consideró ilegal el desembarco y demostrativo de una política agresiva de penetración en dicho territorio. En Buenos Aires y en Londres, se trató de buscar una solución, pero el 20 de marzo el buque «Endurance» basado en Malvinas recibió instrucciones de dirigirse a las islas Georgias del Sur y expulsar a los trabajadores argentinos, decisión que no llegó a concretarse en los hechos, entre otras razones, por la presencia de unidades navales de nuestro país en el área, circunstancia que fue tenida en cuenta por el Foreign Office, según me expresaron mis contrapartes británicas.

Durante ese período fui citado varias veces por el Foreign Office para tratar el incidente, que también se discutía en Buenos Aires con el Canciller argentino. El contenido de esas entrevistas se relata en el párrafo 196 del Informe del Comité presidido por Lord Franks, a quien luego se encomendó examinar la forma en que el Gobierno británico había asumido sus responsabilidades en el Atlántico Sur hasta el 2 de abril de 1982. Allí se transcribe mi sugerencia de que una respuesta positiva británica a la propuesta argentina ayudaría a superar la situación, pero el Foreign Office opinó que en primer lugar se debía solucionar el problema en las Georgias.

El párrafo 217 del mismo Informe, recoge otra gestión que realicé el día 29 de marzo, donde advertí a los británicos de que la falta de respuesta al mecanismo de negociación favorecía a quienes buscaban un desenlace militar. Esas gestiones se llevaron a cabo guiadas por mi interpretación personal del interés nacional, pues carecía de instrucciones concretas de la Cancillería. Estas acciones unilaterales fueron tenidas en cuenta muy positivamente, cuando posteriormente se analizó el desarrollo de lo acontecido.

La crisis se agravó considerablemente cuando el 23 de marzo se anunció en el Parlamento inglés, que el «Endurance» se encontraba en el área con la misión de desalojar a los trabajadores. Al día siguiente, 90 legisladores, solicitaron a su Gobierno que asegurara el mantenimiento de una presencia de la Armada Real en el Atlántico Sur, así como una reafirmación oficial de que las Islas no serían transferidas sin tener en cuenta los deseos de los isleños, al tiempo que trascendió el envío de un submarino nuclear al Atlántico Sur. Seis días después, el 29 de marzo, Lord Carrington, por entonces el Canciller británico, informó a su Gobierno que la disputa se había desarrollado de una manera tan hostil que podría dar origen a una confrontación militar.

El día 26 de marzo, no obstante las advertencias británicas, la Junta argentina, optó por la alternativa militar, cuando se debía haber mantenido la vía diplomática. Fue un grave error intentar la recuperación de las Islas Malvinas y Dependencias, para después negociarlas.

No existió un análisis adecuado de la situación internacional pues en el cuadro de la Guerra Fría, los Estados Unidos no podían aceptar que uno de los miembros militarmente más importantes de la OTAN y su aliado permanente, fuera obligado a un arreglo de una disputa de soberanía impuesto por la fuerza de las armas, ni se tuvo en cuenta que los países europeos apoyarían a Londres (adoptaron sanciones económicas que se mantuvieron hasta el fin de la contienda). Por otro lado, nunca se concretó un eventual apoyo de la URSS, que de haberse producido nos hubiera apartado de los vínculos tradicionales mantenidos por Argentina con los países occidentales. Tampoco se evaluó que se enfrentaría un conflicto con un país poseedor de armas nucleares, que luego fueron llevadas al Atlántico Sur por la flota británica.

En síntesis, nada garantizaba que el Reino Unido estuviera dispuesto a negociar, ya que su historia y la firme personalidad de la Primer Ministro permitían suponer una reacción militar hasta recuperar las Islas.
Atilio Molteni – Embajador
P/BN/vfn/cc.rp.

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