El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, en una confusa declaración, mostró un nuevo giro de la política exterior de la administración Fernández que se opuso a la aplicación de sanciones propuestas por países democráticos de la región, encabezados por Estados Unidos, a las que Buenos Aires había acompañado inicialmente. La posición de Argentina fue calificada por Human Rights Watch de ”deliberadamente confusa”.
Ahora, la Casa Rosada, volvió a alinearse con la posición que frente al proyecto de Resolución para la aplicación de sanciones había sostenido Andrés López Obrador (AMLO) que se abstuvo y junto a él se agruparon Santa Lucia, San Vicente & Granadines, Honduras, Belice y Bolivia. Todos países que dependen del petróleo que envía Maduro, de la inteligencia que aporta Cuba o de los vínculos estratégicos que mantienen con Rusia y China.
El proyecto de Resolución estableció el martes de 30 de noviembre como plazo máximo para tomar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua por haber ejecutado una farsa electoral que benefició al líder sandinista Daniel Ortega. Y propone que el Consejo Permanente haga “una evaluación colectiva inmediata de la situación (nicaraguense), de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.
Para Raimundi la situación de los políticos presos en Nicaragua ya fue expresada en otros organismos internacional, e intentó justificar la posición del gobierno de Alberto Fernández al manifestar: “En Argentina en el año 1979 se produjo un antes y un después a partir de la visita in situ de la comisión interamericana en cuanto a la legitimación pública que se hizo de lo que estaba sucediendo con los derechos humanos en nuestro país. A partir de ese momento Argentina forjó su compromiso indeclinable con el sistema interamericano y con el sistema internacional” aseveró.
Esa afirmación, sin embargo, contrasta con lo ocurrido, ya que la posición de rechazo a sanciones a la dictadura de Daniel Ortega coincidió con la de los países que apoyan al régimen sandinista que viola los derechos humanos y Raimundi no expresó de manera rotunda la condena y el reclamo a nuevas elecciones limpias, transparentes y sin opositores encarcelados.
El embajador argentino insistió en su discurso: “Creemos siempre que los informes en el lugar son mucho más completos y tienen un panorama más preciso, pulsan mejor la situación del pueblo, de los medios de comunicación y los climas que los informes que están hechos desde fuera, pero eso tiene que ver con las decisiones soberanas de cada Estado”, convalidando así la decisión del régimen de Ortega que impidió la presencia de observadores independientes o de veedores reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos.
Al respecto Raimundi, en un claro cuestionamiento a la OEA, manifestó que “una cosa es respetar las decisiones soberanas de cada Estado y otra cosa distinta es no hacer nada para que un Estado tome el camino del aislamiento de la comunidad internacional. Tenemos que comprometernos con la comunidad interamericana y con la comunidad internacional. Sin embargo, creemos que esta organización no ha sido eficaz en ese sentido, porque tenemos otros casos de informes críticos, casos de persecución judicial a líderes opositores… aquí tuvimos sentados en este consejo a un representante de un gobierno proveniente de un golpe de estado, como sucedió en Bolivia, y sin embargo, no se procedió con la misma energía”.
En una insólita comparación, sobre la presencia de Bolivia en la OEA después de la renuncia de Evo Morales, el embajador argentino volvió a apuntar contra el enemigo predilecto del kirchnerismo: el secretario general Luis Almagro. “Quiero decirlo con absoluta claridad para evitar cualquier tipo de tergiversación: no estoy haciendo una defensa del gobierno de Nicaragua, estoy planteando una situación crítica a la actual conducción de la OEA, que no ha manifestado la suficiente imparcialidad, eso le resta legitimidad, porque en lugar de hacer todo lo posible para que los Estados se comprometan, los llevan a que expresen la voluntad de no comprometerse con el sistema interamericano y eso revela una profunda ineficacia”.
Finalmente, luego de ese confuso giro de acusar a los países que condenan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua de ser los responsables de que el régimen de Daniel Ortega encarcele opositores, viole las garantías fundamentales y ejerza violencia contra su población, Raimundi ratificó el rechazo argentino a la “idea de aplicar sanciones o medidas unilaterales”.
José Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, resaltó la poca claridad de la posición argentina: “Me parece que la defensa de la dictadura de Nicaragua es menos beligerante o apasionada que en el pasado, sin embargo su posición sigue siendo altamente confusa, deliberadamente confusa” y puntualizó sobre el discurso de Raimundi “sigue siendo altamente deficitario por esta manera de expresar la posición. Increíble es la falta de claridad del gobierno argentino en su situación frente a estos valores. No queda claro dónde está Argentina. Su discurso es una cosa propia de Cantinflas”.
P/ag.ln.cl.vfn/rp.
