El Presidente Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Geogieva mantuvieron una reunión virtual, en la que también estuvo presente el ministro de Economías, Martín Guzmán, tras el rechazo del Presupuesto Nacional en el Congreso. Al concluir la misma ambas partes emitieron mensajes a través de las redes sociales.
La titular del Fondo en su cuenta oficial en Twitter afirmó “Muy buena reunión con el presidente @alferdez sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, fue el mensaje de Georgieva, una formula protocolar que no agrega nada nuevo.
Alberto F, en sus redes sociales publicó: “Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”. El jefe de Estado no pudo sumar nada más, las exigencias del FMI siguen siendo las mismas.
El ministro de Economía, previo al encuentro virtual con el Fondo, hizo su aporte y trasladó la responsabilidad de la falta de presupuesto 2022 a la oposición, y divulgó en las redes sociales que el resultado de la votación “afecta las negociaciones” que la Argentina mantiene con el organismo ya que “significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de USD 44.000 M”.
El discípulo de Joseph Eugene Stiglitz, que mantiene contactos fluidos con Gieorgieva desde hace dos años, elude admitir que el Presupuesto Nacional 2022 remitido al Congreso era tan distorsionado que su aprobación por parte de la oposición hubiera sido inaceptable. Los números remitidos por el ministro de Económía eran tan falaces que la aprobación de la Ley de Leyes era imposible, tal como lo afirmó el diputado UCR Mario Negri.
Tan solo con observar la proyección de inflación para 2022, fijada en un 33% anual, resultaba irrisorio revisar los datos que se acompañaban, ya que todo era una pura distorsión ya que los artículos presentados, hace meses, se tornaron abstractos, pero fueron los 56 artículos, con diversos proyectos, que se agregaron en la Comisión de Presupuestos y que llevaron el articulado de 95 originales a los 151 con los que llegó al recinto, sin que se especificara de donde se obtendrían los fondos para financiarlos.
Para solo tomar algunas inconsistencia del listado de gastos, en los artículos 91 y el 118 se enumeran gastos por encima de lo presupuestado, cuando el proyecto llegó al Congreso. En el primero, por caso, se le entregan $80.000 millones adicionales a Cammesa, la empresa que subsidia la energía eléctrica en el país. Pero dentro de ese listado de almacenero se suman partidas varias que elevan el gasto en 127.000 millones de pesos. El segundo aporta otros 107.000 millones, todos disponibles para que le Jefe de Gabinete los asigne.
En el 96 intentaron que la tasa de estadística, que es de 3% y cuya vigencia termina a fin de mes, se prorrogue hasta 2024 inclusive. La distribución de ese cargo también sorprende. “El 10% de lo recaudado se asignará al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el 90% se asignará en un 31,30% al INTA, un 38,47% al Ministerio de Relaciones Exteriores y el 30,23% al Tesoro nacional”. Algo así como peras con manzanas tributarias.
Si se sigue la lectura, en el 97 apareció un perdón impositivo, un jubileo tributario amplio. “Créase el Régimen de Regularización Tributaria para las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, incluidos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, que permita a dichos contribuyentes acceder a la condonación de las deudas tributarias vencidas hasta el 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea el estado en que se encuentren”, dice la norma agregada de apuro.
También se avanzó en una delegación polémica. Después de dejar Edenor y Edesur en la órbita de la Nación, con el artículo 143 el Gobierno intentó delegar en en la Casa Rosada la segmentación tarifaria con “facultades para implementar programas tarifarios utilizando criterios de segmentación en función de la capacidad económica de los usuarios y usuarias, con el fin de garantizar la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva”.
Entre las perlas de aquella tarde de sumas aparece un inciso de ese artículo. En la ley de leyes quedaría sentado un axioma kirchnerista: “Apunten contra CABA”. En esa parte del artículo se lee: “La Secretaría de Energía deberá (…) evaluar y segmentar de manera individual y diferencial la situación socioeconómica particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un lado, y, por otro lado, la de los cuarenta (40) municipios de la provincia de Buenos Aires que integran el conurbano bonaerense”.
Sobre el final, los medios. En el artículo 106 se crea un nuevo sistema de financiamiento. Créase el “Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual “Pluralidad de voces”, el que se conformará como un fideicomiso de administración destinado a gestionar los aportes de inversión correspondientes a los programas vinculados a dicha temática. La autoridad de aplicación dictará el reglamento de administración y control del fondo”, se lee en el artículo. La norma establecía que el régimen tendría una duración de 30 años, contados desde la suscripción del contrato de fideicomiso.
Fueron 56 artículos en unas pocas horas. Nuevos, sin información y después de que el proyecto durmió meses en el Congreso. Sólo con debate, estudio y acuerdo puede negociarse semejante cantidad de medidas legislativas escondidas en la Ley de Presupuesto. No hubo diálogo. No hubo ley.
P/ag.ln.cl.ifb.vfn/gr.rp.
