viernes 27 mayo 2022

Colombia casi sesenta años de violencia irracional que no pasan al olvido

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Por Luis Domenianni

Ocurrió el último día de noviembre del 2021. Ese día, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que retiraba de la lista de organizaciones terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Toda una corroboración del proceso de paz por donde transita el más norteño de los países de América del Sur.

Las FARC acordaron con el gobierno colombiano su autodisolución en el año 2016 después de 52 años de existencia en la clandestinidad, y su conversión en partido político legal con nombre diferente, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aunque igual sigla, (FARC) en el 2017. Posteriormente, en el 2021, para dejar atrás la guerrilla, pasó a llamarse “Comunes”.

Otro reconocimiento significativo fue el anuncio, por parte de la Corte Penal Internacional, de abandonar las investigaciones sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los distintos “bandos” que actuaron en la guerra civil colombiana. Es decir, guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas y de seguridad del estado colombiano.

El procurador general de la CPI, el británico Karim Khan, justificó dicho abandono en la tarea satisfactoria que lleva a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz que funciona como consecuencia del acuerdo del 2016 entre el Estado y las FARC.

Sin dudas, un éxito en materia de reconocimiento internacional a las instituciones colombianas, como lo puntualizó el presidente Iván Duque. Un notorio cambio de actitud del presidente surgido de la intransigencia contra los acuerdos de paz que, en su momento, lideró y lidera el expresidente Álvaro Uribe.

Fue el sucesor de Uribe, muy criticado por este último, Juan Manuel Santos, quién logró acordar la paz con las FARC. Tras los reconocimientos internacionales, el presidente Duque dio marcha atrás con su oposición a los acuerdos de paz, un cambio de actitud que recibió críticas desde diversos sectores de la vida política colombiana.

La lista de los crímenes cometidos por los distintos actores de la guerra civil -guerrilleros, paramilitares y militares- es muy larga y diversa. Masacres, desplazamientos de población, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, violaciones sexuales, narcotráfico y diversos delitos económicos, la conforman.

Los acuerdos de paz, sin dudas, colaboran, pero seis décadas de crímenes no se borran de la noche a la mañana por más buena voluntad de las partes. Los asesinatos ininterrumpidos de exguerrilleros, de dirigentes sindicales, de líderes locales, particularmente, campesinos, torpedean la vigencia de dichos acuerdos.

Aun así, las FARC oficiales, reconvertidas en partido político, con un puñado de legisladores en el Parlamento, difícilmente volverán al monte. Al gobierno le queda la tarea de enfrentar a los grupos disidentes de las FARC que no aceptan los acuerdos y que operan del otro lado de la frontera, en Venezuela.

Más significativa es la continuidad de la actividad combatiente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuya antigüedad insurgente es menor en solo dos meses a la de las FARC.

El ELN cuenta aproximadamente con 2.300 combatientes. Es considerado “organización terrorista” por los Estados Unidos y la Unión Europea, y está a punto de ser incluido en la lista de organizaciones narcotraficantes.

Los diálogos entre el gobierno y el ELN, llevados a cabo en La Habana, Cuba, quedaron interrumpidos, en enero de 2019, por decisión del presidente Iván Duque tras el atentado con un coche bomba que la banda perpetró contra la escuela de Policía de Bogotá con el saldo de la muerte de 22 cadetes.

El narcotráfico

A la fecha, un impasse armado quedó abierto entre gobierno y guerrilla. Un impasse que no oculta el giro, desmentido por los interesados, hacia el narcotráfico, como lo prueban, a priori, las demandas de extradición de la justicia de los Estados Unidos para algunos cabecillas del ELN.

Para sus comandantes, así como para los históricos jefes de las FARC, es larga la lista de crímenes contra el derecho humanitario. De momento, la diferencia radica en el reconocimiento al menos de parte de esos crímenes por las FARC, algo que no ocurre con el ELN.

Acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz, los jefes de la FARC reconocieron sus culpas en el secuestro de 21.396 personas. Del otro lado, el organismo identificó a 6.402 los civiles asesinados, en este caso, por paramilitares. En todos los casos, la legislación especial prevé que el reconocimiento implica reducción de penas.

Si el problema guerrillero, aún lejos de quedar resuelto, decrece, la vigencia del narcotráfico, por el contrario, recrudece. La gran cantidad de “mano de obra desocupada”, como guerrilleros desmovilizados y paramilitares reconvertidos, provee a los carteles del narcotráfico de hombres con experiencia bélica.

Si bien anota algunos éxitos parciales, la política de sustitución de cultivos de coca -materia prima de la cocaína- resultó un fracaso. Sencillamente porque, como en Afganistán con la adormidera, el reemplazo por cultivos “legales” no genera los recursos equivalentes para los campesinos cultivadores.

No tan antiguos como las organizaciones terroristas, los carteles de la droga organizados como tales aparecieron pocos años de después: el de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela en 1975 y el de Medellín, con Pablo Escobar al frente, en 1980.

Costó muchas vidas de soldados, policías, periodistas, políticos y personas del común, la disolución de ambos carteles. A la fecha, las organizaciones delincuenciales colombianas fueron cediendo espacio a sus similares mexicanas.

El propio presidente Duque reconoció que, desde 2017, los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación operan en Colombia y se hacen la guerra unos a otros para dominar cultivos e instalaciones industriales de procesamiento de la cocaína.

En la actualidad, y desde hace ya tiempo, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes van de la mano.

Quizás una muestra acabada de esa mezcla narco, guerrillera y paramilitar resulte Dairo Úsuga, alias “Otoniel”, “Mauricio” y “Mao”, recientemente capturado.

En efecto, aun menor de edad, “Otoniel” ingresó al Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero de menor significancia, que aún continúa activo. Del “marxismo” del ELP, Usuga saltó a la extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Usuga no aceptó la desmovilización paramilitar acordada en el año 2006 y armó una estructura que fue mutando de nombre hasta su actual denominación de Clan del Golfo, por su ubicación geográfica en el extremo norte colombiano con salida hacia el Pacífico, Panamá y hacia el Atlántico.

Sobre Usuga, capturado finalmente en octubre de 2021 caben un sinnúmero de acusaciones y una demanda de extradición a los Estados Unidos bajo el cargo de narcotráfico. “Otoniel” logró alcanzar el rol de principal proveedor de cocaína de los carteles mexicanos.

Recientemente generó particular polémica ya que afirmó ante el juez que trata su extradición que “no fue capturado, sino que se entregó”. Algo que desmiente el presidente Duque, el Ejército colombiano y la Policía. Es que, si se entregó, no puede ser extraditado y puede acogerse a la… Jurisdicción Especial para la Paz.

El vecindario

Es de poco más de 2.200 kilómetros la extensión total de la frontera que separa Colombia de Venezuela. Siempre se trató de una cohabitación complicada. La jurisdicción diferenciada remonta al período colonial español con administraciones separadas: Colombia como provincia de Santa Marta y Venezuela como provincia de Nueva Andalucía.

En la actualidad, son dos los problemas centrales que afectan la relación entre vecinos. Por un lado, las derivaciones de la guerra civil colombiana, con guerrilleros que cruzan la frontera ilegalmente en ambas direcciones.

Por el otro, la disputa ideológica entre los sucesivos gobiernos colombianos alineados con los Estados Unidos y el gobierno chavista venezolano, aliado de los autoritarismos como Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia y China.

La vinculación entre el gobierno venezolano, ayer con el fallecido teniente coronel Hugo Chávez, hoy con el sindicalista Nicolás Maduro, y las guerrillas colombianas resulta evidente. Ya en épocas de Chávez cuando el autodenominado “comandante” operaba a espaldas del gobierno colombiano para negociar la liberación de rehenes de las FARC y del ELN.

Dicha vinculación dio origen a acusaciones que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Todo se complicó aún más con el desabastecimiento de productos esenciales del lado venezolano como consecuencia de la política económica del chavismo y de la caída en ruinas de su industria petrolera.

Fue en 2015 cuando el gobierno del autoritario Maduro cerró el principal paso internacional, el Simón Bolívar, que comunica a ambos países, en un intento de cortar el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia. Pero, la necesidad puede más que cualquier decisión arbitraria. Un año después 500 mujeres venezolanas cruzaron en desafío a la prohibición. En 2019, se produjo una enésima ruptura de relaciones diplomáticas. Finalmente, desde el año anterior, la frontera ha vuelto a quedar abierta.

Con motivo de la pandemia, se produjo un movimiento migratorio al revés, aunque de mucho menor volumen. No fueron pocos los venezolanos que intentaron regresar a su país dada la imposibilidad de conseguir trabajo y lugar para vivir en Colombia. El gobierno venezolano solo aceptó el retorno de sus ciudadanos con cuentagotas.

Cabe aclarar que el gobierno colombiano ha sido particularmente acogedor para los miles de refugiados venezolanos que huyen de la escasez y de la inflación de su país. Es más, en 2021, el presidente Duque decretó una protección por diez años para los venezolanos que arriban al país.

Por otra parte, la visita con carácter de oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con mandato vencido pero reconocido como jefe de Estado por muchos gobiernos, entre ellos Colombia, no hizo sino echar leña al fuego a una relación conflictiva y conflictuada entre ambos países.

De su lado, las vinculaciones de las guerrillas colombianas -el ELN y las disidencias de las FARC- con las fuerzas de seguridad y el Ejército venezolano, dan mucho margen para las sospechas. En particular en cuanto al narcotráfico se refiere.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, acaba de relacionar a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela con el ELN colombiano en la guerra que este último mantiene con la disidencia de las FARC, en territorio venezolano.

Fue más allá, acusó a estos grupos irregulares de disputarse el control del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los secuestros. Con solo cruzar la frontera, la disputa ELN – disidencia de las FARC salta a la vista. Las pintadas de unos y otros aparecen en los pueblos sin que las fuerzas venezolanas intervengan.

Precisamente, el 09 de enero del 2022, en el Estado venezolano de Arauca, aparecieron los cadáveres de 27 personas masacradas. Estado venezolano, ausente… o cómplice.

Por casa…

Ningún colombiano minimiza los conflictos armados, el narcotráfico y la relación con Venezuela. Pero no todo acaba en ese universo de problemas y preocupación. La generación y la distribución de la riqueza motivan descontentos que se materializaron durante el 2021 y cuya resolución está pendiente.

Hasta el año 2012, el ingreso per cápita colombiano contabilizó un incremento constante. De los poco más de 2.300 dólares anuales del primer quinquenio del nuevo siglo pasó a superar los 7.400 dólares anuales en 2012, para luego caer por debajo de los 7 mil y hundirse en el 2020, con la pandemia, a solo 5.200.

Desde principios del 2020, las protestas sociales vieron la luz en varias ciudades del país. En rigor, dos fueron las causas de dichas protestas, la pretensión de un mayor gasto público en educación y salud y la denuncia contra la represión policial.

Como muchas veces ocurre, las movilizaciones pacíficas fueron desbordadas por activistas violentos con la resultante represión policial. El resultado fue la muerte de 26 personas.

Sin dudas la gota que rebalsó el vaso fue el proyecto de reforma fiscal, que el gobierno del presidente Iván Duque, a través de su ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, presentó al parlamento a mediados del 2021.

Dos fueron los puntos que generaron mayor rechazo, tanto de manifestantes como de algunas fuerzas políticas, incluido el histórico Partido Conservador. A saber: el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la ampliación de la base imponible para el Impuesto a las Ganancias.

El rechazo popular, en particular de los sectores medios, llevó al presidente Duque a retirar el proyecto, pero quedó en pie la advertencia del ministro Carrasquilla: el país está desfinanciado.

Los datos indican la necesidad de una extrema prudencia: caída del PBI del 6,8 por ciento en 2020, desocupación del 16,8 por ciento y pobreza del 42 por ciento de la población.

Sorprendido inicialmente por la protesta, el presidente Duque con llamados al diálogo, con el anuncio del abandono de la reforma tributaria y con el compromiso de una reforma policial, logró aislar los elementos violentos de las movilizaciones.

Ocurrió después de las batallas campales en la sureña ciudad de Popayán que vivió, junto con la de Cali, el momento más caliente de los disturbios y la represión. El desborde de los sectores que pretendían la caída por la fuerza del gobierno llevó a la toma de distancia por parte de la amplia mayoría de los protestatarios.

Comenzó, entonces, el tiempo de la negociación, entre el gobierno y un comité huelguista que conforma dirigentes estudiantiles, sindicales e indígenas. De momento, el gobierno logró el levantamiento de los más de 80 piquetes que inmovilizaban el transporte en las rutas colombianas. Los resultados de las negociaciones quedan por verse.

De aquí en más, la protesta quedará canalizada, casi con certeza, hacia la política partidaria. Es que el próximo 13 de marzo, Colombia renovará las 108 bancas de su Senado y los 172 asientos de su Cámara de Representantes. Solo dos meses después, a finales de mayo, el país elegirá presidente por el sistema de doble vuelta, para el período 2022-26.

De momento, los precandidatos presidenciales que afirman su futura concurrencia a la elección suman 24 aunque, coaliciones, encuestas y votaciones primarias mediante, la cantidad de candidatos presidenciales que disputen la contienda rondará finalmente en alrededor de la media docena.

INT/ag.luis domenianni.vfn/rp.

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