La organización Prisoners Defenders ha presentado este miércoles la tercera ampliación de la denuncia contra la dictadura cubana por «esclavitud y trabajo forzado» de profesionales civiles en misiones en el exterior presentada ante Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Prisoners Defenders trabaja en la denuncia, que se basa en 1.111 testimonios de profesionales civiles cubanos, desde 2019. Los resultados obtenidos por la organización hasta el momento muestran «múltiples violaciones atroces del Derecho Internacional», además de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. La actual ampliación de la denuncia incluye testimonios recabados de marinos cubanos que trabajaron para la compañía de cruceros MSC.
Además de ampliar la anterior denuncia hasta lograr 1.111 testimonios, Prisoners Defenders ha logrado nuevos documentos con validez legal jurídica internacional, es decir, certificados consulares, que demuestran cómo las víctimas «de esclavitud» eran «vendidas» a embarcaciones para trabajar doce horas diarias durante siete días a la semana.
Los documentos significan la primera vez en la historia que Cuba admite la ley de los ocho años, que prohíbe a los profesionales volver a Cuba durante ocho años si no regresan de inmediato tras terminar el trabajo, les quitan todas las propiedades y les califican como «desertores» e «indeseables».
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha presentado la ampliación de la demanda y ha detallado que los profesionales civiles cubanos –entre los que figuran arquitectos, artistas o ingenieros además del buque insignia de las misiones cubanas en el exterior, los médicos– perciben únicamente el 20 por ciento de su salario, mientras que el porcentaje restante se queda en manos del Gobierno cubano. «Ese dinero no va a las misiones, lo coge la cúpula del poder y la familia Castro», ha explicado Larrondo.
En el caso de los empleados en el crucero de MSC, el sueldo de estos trabajadores, camareros, es de 81 dólares, que se ve algo engordado gracias a las casi cien horas extra, pagadas a 2,9 dólares, que tienen que trabajar. «El dinero es lo que mueve esto», ha lamentado Larrondo, que ha acusado al Gobierno de Cuba de «trata de blancas» con las misiones en el exterior.
Larrondo ha profundizado en los deberes de los trabajadores de las misiones en el extranjero y ha revelado que, entre otras cosas, están obligados a regresar a la isla al concluir la misión, informar a su jefe inmediato sobre sus relaciones amorosas con nacionales del país en el que están desplazados o pedir autorización para viajar entre provincias. Entre las acciones que están consideradas como infracciones destacan la participación en actos sociales sin autorización o conducir medios de transporte, por ejemplo.
Cada año entre 50.000 y 100.000 profesionales están en riesgo de sufrir estas condiciones, según Larrondo, que ha matizado que el volumen de negocio que las misiones extranjeras dejan al Gobierno cubano es muy superior al del turismo, una de las bases de la economía cubana: 8.500 millones de dólares en comparación con los 2.900 que deja el turismo o los 4.000 de las remesas. Además, más de un centenar de países han albergado misiones cubanas, también España, donde el sueldo percibido por uno de estos profesionales apenas supera los 200 dólares.
EL 75 POR CIENTO NO SE DESPLAZA VOLUNTARIAMENTE
El presidente de Prisoners Defenders ha presentado una serie de datos obtenidos de los 1.111 testimonios recabados y ha revelado que el 75 por ciento de los profesionales que participan en misiones en el exterior «no va voluntariamente». Entre las razones para unirse a uno de estos grupos destacan las económicas, pero un 35 por ciento cita «razones coercitivas», como el miedo a sufrir represalias –35 por ciento– o tener «deuda de vida por haber recibido educación gratuita» –el 29 por ciento–.
Larrondo ha explicado que, entre otras cosas, al 40 por ciento de los profesionales cubanos les retienen el pasaporte después de pasar la aduana y el 76,4 por ciento ha declarado haber estado vigilado por funcionarios cubanos o colaboradores. Asimismo, más del 50 por ciento ha denunciado «impedimentos» para llevar su diploma de estudios, mientras que el 15 por ciento ha dicho haberlo llevado y «mantenerlo en secreto» para evitar represalias.
Entre otros datos, el 70 por ciento no podía conducir automóviles sin autorización; el 55 por ciento de los médicos han estado obligados a incrementar «falsamente» las estadísticas de trabajo; el 74 por ciento sufrió o vio a compañeros sufrir amenazas; y casi el 40 por ciento sufrió o vio acoso sexual.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
El investigador de la División de Human Rights Watch (HRW) para las Américas Juan Pappier ha abundado en que el Gobierno cubano «viola los derechos fundamentales» de los trabajadores civiles en el exterior y ha censurado que «les ha impuesto un sistema ‘orwelliano’ que regula aspectos triviales de su vida», que tiene que ser «denunciado y repudiado de forma internacional».
Pappier ha explicado que estas normas son «excesivamente amplias y abusivas» y regulan «cualquier aspecto» de la vida de los profesionales cubanos, también con quién pueden trabar amistad, por ejemplo. «Estas normas violan normas internacionales de Derechos Humanos, como el derecho de asociación o el libre movimiento, consagrados en tratados ratificados por países que reciben estas misiones», ha incidido.
En este sentido, ha pedido a los países receptores que «presionen» al Gobierno cubano para cambiar estos aspectos, al tiempo de que ha advertido de que pueden ser «cómplices» de estas violaciones a los Derechos Humanos. «No es sólo una cuestión moral, es jurídica, pone en juego las obligaciones de estos países en materia de Derechos Humanos», ha reiterado.
En el evento también han participado la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, el vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), Jordi Cañas, y el vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nart.
Charanzová ha lamentado que estos profesionales civiles cubanos están sometidos a «graves injusticias, persecución, violencia, acoso y separación de sus familias» y ha apuntado a que estos acontecimientos «deberían ser otra prueba» de que la estrategia de la Unión Europea (UE) para con Cuba «no está funcionando».
Por ello, ha instado a «ser firmes y pedir mejoras concretas» y, de lo contrario, «que haya consecuencias», como la suspensión de los acuerdos vigentes con la isla o una ampliación de las sanciones. «La situación es muy grave», ha concluido.
Cañas se ha expresado en la misma línea y ha puesto en valor el papel del Parlamento Europeo como «potentísimo altavoz» para denunciar este tipo de prácticas. Así, ha hecho hincapié en que el acuerdo de diálogo y cooperación con La Habana está subrogado a una mejora de los derechos sociales y un avance hacia la democracia y puede concluirse «que nada de esto está funcionando».
Por lo tanto, mantener un acuerdo con una parte que incumple y sigue violando los Derechos Humanos tiene que tener un límite», ha dicho, antes de señalar que el Parlamento Europeo tiene que «marcar un plazo» para concretar avances o el convenio «sirve para perpetuar a un régimen que esclaviza a sus trabajadores».
INT/ag.europapress,vfn/rp.
