Apenas el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que se va a analizar un impuesto a la “ganancia inesperada”, sobre aquellos que obtengan réditos extraordinarios derivados de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia, comenzaron las opiniones de tributaristas y de representantes de sectores que podrían ser alcanzados.
En términos generales, consideraron que no hay lugar en el país para una mayor carga fiscal, mientras que en lo estrictamente técnico surgieron dudas sobre la determinación de quiénes serán afectados por este nuevo impuesto y sobre la posibilidad de que sea aprobado en el Congreso de la Nación.
El tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicky, Litvin y Asociados, se mostró muy contrario a la implementación de este nuevo gravamen. “Hay que tener en cuenta que las empresas que sean alcanzadas ya pagan Ganancias. Además, ¿qué pasa si las empresas alcanzadas tuvieron otras pérdidas que compensan esas ganancias que se les cuentan?”, analizó el especialista. “En mi opinión, esto no pasa el Congreso”, agregó.
Litvin además criticó el hecho de que se determine quién tendrá ganancia inesperada sobre la base de una comparación entre lo obtenido en 2022 y lo logrado en 2021. “Es obvio que va a haber mejores resultados este año, porque el año pasado todavía había pandemia y algunas actividades seguían con restricciones. Además, habrá que ver si se tendrá en cuenta todo 2022 porque, de ser así, la recaudación de este impuesto se hará recién en 2023, por lo que se producirá un desajuste de tiempos con la contribución a sectores informales y jubilados, ya que su pago será inmediato”, explicó el tributarista.
Gabriel Hermida, socio de Auren Argentina, opinó que este impuesto no tiene ningún sentido. “Como el Estado no se achica y no reduce los gastos, se inventan estos impuestos que lo único que hacen es seguir generando total desconfianza en la seguridad jurídica del país y seguir impulsando a las empresas a irse del país, en lugar de seguir creando riqueza”, subrayó el tributarista.
El adelanto de Guzmán también generó dudas y descontento en aquellos sectores que ya descuentan que serán alcanzados, como es el caso de la agroindustria. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), afirmó: “Esto no hace más que poner más presión a las empresas que tratan de sacar al país adelante, sobre todo las exportadoras”.
Idígoras agregó que, más allá de que todavía faltan las definiciones técnicas del Ministerio de Economía sobre quiénes aportarían y cuánto, queda claro que van a estar incluidas todas las empresas agroexportadoras de la Argentina, por su nivel de facturación anual. “Por eso, mostramos nuestra preocupación y rechazo a esta medida. Recordemos que somos el sector que más impuestos paga y la industria agroexportadora les está dando este año además US$400 millones adicionales por la suba de 2 puntos de los derechos de exportación”, concluyó.
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