El fiscal federal Ramiro González imputó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, integrante de la cúpula de La Campora, y a un conjunto de exfuncionarios del municipio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a cooperativas de trabajo. Según la denuncia, las entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, y la acusación señala que están relacionadas con exfuncionarios del Municipio de Quilmes.
Además de Mendoza quedaron imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo -exfuncionario y abogado-, José Alejandro Scozzari -socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore-, Romina Cangelosi -empleada por la Municipalidad-, Alejandro Gandulfo -jefe de gabinete del municipio- y Cecilia Soler. -secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio-. Raspa renunció a su cargo apenas trascendieron estos hechos, con una carta que tildaba de falsa la información. Fue el primer coletazo tras la publicación de la información por parte del sitio El Disenso.
Una de las medidas solicitadas por González es una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para obtener información sobre la actividad y cooperativas que recibieron los fondos del municipio y que fueron cuestionadas en la denuncia.
Las cooperativas en cuestión son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA. “Ello -dijo el fiscal- a efectos de conocer si entre ellas existen patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.
González también le pidió al juez que solicite al INAES detallar si allí se presentaron denuncias que involucren a alguna de las cooperativas, y que informe todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo o José Alejandro Scozzari.
La maniobra se completaría, según la denuncia penal, con el desvío de fondos a cuentas off shore en Miami. Por eso el fiscal pidió librar exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la presentación.
Al respecto de ese pedido, precisó: “Se informe en qué fechas fueron dadas de alta las firmas “SCO Investments LLC”, “Raspa Investments LLC” y Borda Investments LLC”, debiéndose detallar cuales resultan ser sus actividades, quiénes son sus miembros y si las mismas se encuentran actualmente vigentes y se detalle si en esa jurisdicción se registran empresas en las cuales Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari y/o Romina Cangelosi formen parte de las mismas, y en su caso, remita las correspondientes constancias”.
Otra de las medidas solicitadas por el fiscal al juez Lijo es un pedido de información al municipio de Quilmes para recibir la documentación relacionada con los contratos adjudicados a las cooperativas, y pedidos de información a la Inspección General de Justicia y a organismos de control para rastrear información sobre empresas que estarían relacionadas con los imputados.
Además, pidió requerir Banco Central el levantamiento del secreto bancario sobre las cooperativas mencionadas en la denuncia y los exfuncionarios y abogados implicados para determinar si existieron las transferencias de dinero entre ellos y las entidades y, en caso de que así sea, se detalle la información. En el mismo sentido, le pidió a la AFIP el levantamiento del secreto fiscal y la entrega de información relacionada con los imputados y las cuentas de las cooperativas.
Hay dos denuncias por estos hechos. Una fue presentada la semana por el abogado Santiago Dupuy de Lome en los tribunales federales de Comodoro Py. La otra fue presentada por el propio municipio de Quilmes cuando el sitio El Disenso reveló esta información como una suerte de auto denuncia. Ese otro expediente está en manos del juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella.
Mayra Mendoza integra además la cúpula de La Cámpora, la agrupación kirchnerista que encabeza Máximo Kirchner.
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