El juez de la Cámara Federal Mariano Llorens pidió que, en la investigación de la Ruta del Dinero K, se tomen en cuenta también los expedientes de otras causas de corrupción en los que está involucrada Cristina Kirchner. Según el juez, los expedientes deben ser investigados bajo «un único designio criminal”. Así, las causas de la Ruta del dinero K, Vialidad -que está en pleno juicio-, Hotesur y Los Sauces –por lavado de dinero– y los Cuadernos de las Coimas deberían ser contempladas por el de manera «conglobada».
La decisión de Llorens rechazó un recurso de apelación que había presentado y luego retirado el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. Con esa presentación, Beraldi pretendía revertir el rechazo del juez federal Sebastián Casanello al sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de “La ruta del dinero K”.
Cristina Kirchner continúa siendo investigada en la Ruta del Dinero K imputada por presunto lavado de dinero, pero aún no se tomó ninguna decisión sobre su situación procesal, con lo cual aún no se sabe si terminará sobreseída o procesada.
En este expediente, Lázaro Báez fue condenado a doce años de prisión. Cuando la Cámara Federal porteña devolvió el expediente al juez Sebastián Casanello, uno de los camaristas pidió que se observe que el caso » es uno de los distintos tramos de conducta de una misma empresa criminal”, en relación a otras investigaciones contra la vice.
En abril de este año, el juez federal Sebastián Casanello entendió que aún hay medidas de prueba en curso, que la investigación no está agotada y que por lo tanto se debe seguir analizando el rol de la ex Presidenta en las operaciones de lavado de dinero de Lázaro Báez, su ex socio comercial.
La respuesta fue, entonces, no sobreseer a Cristina Kirchner como su abogado defensor solicito con el respaldo de las dos querellas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP que sostuvieron el pedido de la vice.
Ante ese fallo adverso y buscando evitar seguir bajo investigación en esta causa que le valió a Báez una condena de doce años de prisión. Se lo acusó de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, el reclamo llegó ante la Cámara Federal de Apelaciones.
En la instancia superior hubo dos fallos adversos, el juez Mariano Llorens resolvió que a estas alturas del proceso y con las pruebas ya obtenidas, Cristina Kirchner debía ser procesada como parte de la estructura criminal.
Con una postura contraria, el juez Eduardo Farah entendió que siendo que la vice cuenta con una falta de mérito -es decir, que aún no hay elementos suficientes para acusarla de los delitos imputados-, debe dictarse el sobreseimiento porque no hay nuevas medidas de prueba tampoco, que modifiquen el status del caso.
Ante la posibilidad de un desempate desfavorable para Cristina Kirchner, el abogado Carlos Beraldi desistió de la apelación y el expediente regresó al juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
En la resolución con la que se remitió nuevamente el caso al juez de instrucción, el camarista Llorens hizo una salvedad: «entiendo que corresponde –de manera urgente- que el juez reasuma la instrucción –en este aletargado proceso para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato».
Bajo esa misma línea de argumento, que ya había mencionada en un fallo anterior con el que pidió que la vicepresidenta sea procesada, pidió que el juez Casanello «analice la prueba contenida, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal -de resultar pertinente- como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada». Es decir: sostuvo que no se trata de una maniobra aislada.
Así fue que el juez Mariano Llorens recomendó al juez Casanello que recuerde «que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados».
Por ese motivo, y siendo que la falta de mérito fue dictada en septiembre de 0218, el camarista solicito que la situación de la vicepresidenta «sea resuelta en el más breve plazo previsto por la ley y de esa manera resguardar la garantía del debido proceso objetivo que regula el art. 207 del ordenamiento ritual en vigencia». Esta normativa refiere a los plazos que deben respetarse en una investigación.
La justicia quiere determinar si la vicepresidenta tuvo alguna responsabilidad y participación en las maniobras de Báez, quien mientras mantenía diversos vínculos comerciales con ella se convirtió en el principal adjudicatario de obra pública vial en el sur. Austral Construcciones ganó obras «plagadas de irregularidades, direccionamiento de los pliegos, sobreprecios del 65% promedio», sostiene algunas de las acusaciones del juicio que ambos compartan como acusados, por la presunta corrupción en la obra pública.
El fiscal de instrucción en la Ruta del Dinero K, Guillermo Marijuan, sostiene que hay relación directa entre el dinero de origen espurio que Lázaro Báez lavó entre 2010 y 2013 (55 millones de dólares) y los beneficios que obtuvo de la mano del matrimonio Kirchner.
La vicepresidenta rechazó esa interpretación y pidió ser sobreseída. Marijuan se opuso porque entendió que había diversas medidas de prueba en curso que no podían omitirse. Ante esos argumentos, el juez Casanello le dio la razón y continuó con el caso abierto.
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