El alegato de la fiscalía continuará el lunes próximo con los pedidos de condenas para Cristina Kirchner, Julio de Vido y José López entre otros acusados. La fiscalía anticipó que no acusará a Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente, como integrante de la asociación ilícita, aunque eventualmente si lo haga con respecto al otro delito que se juzga, que es el fraude contra el Estado.
Apunto de terminar el alegato en el juicio contra la vicepresidenta, la fiscalía aseguró que “ha quedado demostrado” que Cristina Kirchner era la jefa de la asociación ilícita que funcionó durante 12 años para otorgar a Lázaro Báez obras públicas. Sugirió, además, que el testamento del empresario santacruceño impide a sus hijos disponer de sus bienes durante 30 años (como si no tuviera control sobre su patrimonio) y los obliga a renovar eternamente contratos que implicaban trasferencias de dinero a la familia presidencial.
El fiscal Diego Luciani comenzó a describir qué conductas de los acusados prueban que integraban una asociación ilícita creada para sustraer fondos públicos millonarios y argumentó por qué considera que Cristina Kirchner era la jefa. Dijo que no solo dio las indicaciones sobre la manera en que se debía seguir con el plan de obras.
Sostuvo que se cumplen con los requisitos de la asociación ilícita en cuanto a su extensión en el tiempo, la diversidad de delitos, la organización, la permanencia, la habitualidad y que está constituida por al menos tres personas, que la integraban con intención de cometer esos ilícitos y asegurar la permanencia de la organización.
Tal es así que dijo que Cristina Kirchner planeó y controló la huida y abandono de las rutas antes de perder las elecciones con Macri, cuando supervisó el modo en que se iba a desmantelar Austral Construcciones y despedir a “miles de empleados” de la firma. “El plan impar todo”, como lo denominaron los acusados en los mensajes de WhatsApp de José López.
Para la fiscalía, los integrantes de la asociación ilícita son Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez.
Dijo que la maniobra era sustraer los fondos públicos “mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darles apariencia legal a esos fondos en la causa Los Sauces y Hotesur”, en la que se investiga cómo se blanqueó ese dinero y en parte regresó al patrimonio presidencial, según expusieron los fiscales.
Sobre el `polémico testamento de Báez, el fiscal hizo una reinterpretación del texto, a la luz de la prueba de esta causa y puso el acento en tres aspectos: que allí se dispone que sus hijos, por 30 años, no pueden tocar sus bienes; que se deben mantener los contratos que están en vigor (que aseguran flujos de fondos de los Báez a los Kirchner por ejemplo por locaciones) y que el testigo de ese documento es un empleado de Hotesur y el escribano es Leandro Albornoz.
Luciani no dijo que la plata de Báez era de los Kirchner, pero sugirió que no podía disponer de sus propios bienes “Báez no tenía poder de decisión absoluto sobre el destino de sus propios bienes y de sus empresas, por lo tanto, ¿quién concretamente detentaba ese poder?”, preguntó el fiscal. Este punto se investiga en una causa paralela que tiene el juez Sebastián Casanello, remanente de la ruta del dinero K.
Luciani aludió a la existencia de un “estado paralelo al margen de la ley” encarnado por esta asociación ilícita. “Los altos mandos dieron las órdenes para ejecutar las acciones corruptas”, enfatizó.
El fiscal Sergio Mola entendió que el rol de Cristina Kirchner como jefa de la organización y presidenta fue tomar la decisión de continuar invirtiendo en las obras públicas viales santacruceños y desde el Poder Ejecutivo elaborar los presupuestos que las incluyeran. Cuando se las ocultaban al Congreso, se financiaban con Decretos de Necesidad y Urgencia firmado por Néstor Kirchner primero y luego por Cristina Kirchner.
“La expresidenta tuvo el dominio sobre el empresario infiel y los funcionarios complacientes informándose, impartiendo órdenes a ellos que tenían un fluido contacto con Báez”, dijo Mola.
“Hemos destacado las pruebas que acreditan un claro direccionamiento de las licitaciones en favor de Báez, que solo se explican en el afán de sostener un flujo constante de fondos pagados a los empresarios. Cristina Kirchner no solo tuvo un rol dirimente en el desarrollo de la maniobra sino en su desarticulación cuando se desarmó Astral Construcciones a costa de miles de empleados”, argumentó Mola. “Los expresidentes se sirvieron de fondos públicos comportándose como inversores privados, buscando un rédito personal en detrimento del mandato de la ciudadanía de proveer el bien común”, agregó el fiscal.
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