Los diputados de Juntos por el Cambio pidieron este jueves el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por «intimidar, amenazar y violentar» con sus declaraciones el trabajo del fiscal Diego Luciani luego de haberlo vinculado con el fallecimiento de Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto luego de denunciar a Cristina Kirchner en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.
Sin embargo, como reconocieron desde el propio espacio opositor, el proyecto es más simbólico que efectivo, ya que el kirchnerismo controla la Comisión de Juicio Político y tiene los números para bloquear cualquier intento de la oposición por desplazar al mandatario acusado de haber violado el artículo 109 de la Constitución Nacional, que le impide al jefe de Estado «ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».
En una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, los principales referentes de la coalición opositora cargaron contra Alberto Fernández por una entrevista que dio este miércoles a TN, donde en una extrema defensa a Cristina Kirchner, dejó una frase más que polémica. «Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani», dijo el Presidente al ser consultado sobre la seguridad de los jueces y fiscales que participan en el juicio contra la vicepresidenta por la causa vialidad.
El radical Mario Negri calificó las expresiones del mandatario como propia de «un código mafioso» y resaltó que con sus dichos «han provocado una enorme conmoción». Mientras que Cristian Ritondo arengó: «No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre otro poder». «Cómo Poder Legislativo venimos a solicitar el juicio político al Presidente», agregó el jefe del PRO.
Margarita Stolbizer, en tanto, acusó al oficialismo de «estar quemando cajones» para distraer del plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Y Juan Manuel López advirtió que «el Presidente no puede indultar si le toca la condena a la Vicepresidenta porque los delitos contra la corrupción no se pueden indultar».
En el proyecto de resolución, firmado por los principales referentes de JxC en Diputados, se precisó que el pedido es por «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional».
Y en los fundamentos, los legisladores calificaron como «temerarias y amenazantes» las declaraciones del Presidente en el programa de TN y señalaron que parecería que quisiera «limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales» para que ejerzan su función con absoluta libertad en un pleno estado de derecho.
El pedido de enjuiciamiento a Alberto Fernández fue apoyado por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que también ya anticipó que respaldará otra presentación que realizará la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también por violación al artículo 109 de la Constitución. Estos pedidos se suman a una denuncia penal que presentó la Coalición Cívica de Elisa Carrió contra el Presidente por «amenazas y sedición» tras la entrevista en TN. La presentación judicial lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Paula Oliveto, y Juan Manuel López, de la CC-ARI y el diputado del PRO, Waldo Wolff.
Pero más allá de los dichos de Alberto Fernández, la oposición puso la mirada en la ofensiva del kirchnerismo tras el pedido de 12 años de prisión del fiscal Luciani contra la vicepresidenta que se vio reflejada en los anuncios de marchas a favor de Cristina y los ya habituales cánticos alrededor del Congreso para que «no toquen» a la ex presidenta. «La impunidad no puede ser la garantía de la paz social en la Argentina. Bajen el discurso violento» fue el reclamo de una diputada fuera de escena.
Está claro que el pedido de la oposición es más que nada testimonial, ya que la Comisión de Juicio Político está controlada por el kirchnerismo, que podría archivar sin mayores sobresaltos el proyecto.
El cuerpo legislativo que es presidido por la kirchnerista Carolina Gaillard, diputada por Entre Ríos, sólo se reunió una vez este año y fue para su conformación. En sí la comisión está integrada por 31 miembros, de los cuales 16 pertenecen al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y 1 al Interbloque Federal.
De acuerdo a lo establecido en el reglamento, la comisión es la que determina qué denuncias son aceptadas y recién luego se inicia un sumario que puede incluir la convocatoria de testigos, la consulta a jueces federales y la declaración del imputado. Tras completarse el trámite sumarial, los diputados deben emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes.
Luego, ese dictamen recién llega al recinto de la Cámara baja que requiere de los dos tercios para avanzar con el proceso y se designan a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. Una vez en la Cámara alta se necesitará también de dos tercios de los presentes para destituir al Presidente. Según lo establecido en la Constitución, como en este caso el acusado es el Presidente, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso.
Al pedido de Juntos por el Cambio se agrega otro proyecto de juicio político impulsado luego del escándalo generado por las fotos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en momento que regía un confinamiento estricto en el país por la pandemia del coronavirus y un pedido de enjuiciamiento impulsado por el libertario José Luis Espert.
Vale aclarar que en las últimas décadas no prosperaron los pedidos de juicio político. Los ex jueces de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano son los últimos funcionarios destituidos por esa vía.
El antecedente más reciente es el de Amado Boudou, que siendo vicepresidente fue denunciado por la oposición y en 2014 el kirchnerismo archivó las denuncias promoviendo el rechazo «in limine» de los pedidos de juicio político.
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