Teherán. Las calles de Irán se han visto sacudidas por fuertes protestas desde septiembre de 2022, luego de hacerse pública la muerte de la joven kurda Mahsa Amini atribuida al malatrato de la «policía de la moral». Hombres y mujeres de diversos sectores de la sociedad se han levantado contra el régimen teocrático de los ayatolás, que ha respondido con una fuerte represión que ya deja alrededor de 500 civiles muertos.
Han pasado cuatro meses desde la muerte de la joven iraní de origen kurdo, Mahsa Amini, quien se encontraba bajo custodia de la «policía de la moral» antes de morir en el Hospital Kasra de Teherán. Amini fue detenida en la capital iraní días antes, el 13 de septiembre, por el «uso inapropiado» del hiyab o velo islámico.
Irán ha tenido varias formas de «policía de la moral» desde la Revolución islámica de 1979, pero la Gasht-e Ershad es actualmente la principal agencia encargada de hacer cumplir el código de conducta islámico en público. Sin embargo, este órgano policial no tiene la competencia para juzgar o condenar y las detenciones por lo general duran pocos días o incluso horas.
La muerte de Mahsa Amini desató indignación en el pueblo iraní y en especial en las mujeres. La población femenina tiene restringidos varios derechos en el país teocrático. Por ejemplo, las mujeres no pueden acceder a un pasaporte sin la autorización de su esposo o padre. El aborto está castigado con prisión o flagelación así como las relaciones sexuales extramatrimoniales. Y en la mayoría de casos de violación, los tribunales dictan fallos en contra de las mujeres por considerar el acto sexual como consensuado.
La muerte de Amini reunió el hartazgo de varios años de represión al pueblo iraní. La «policía de la moral» se volvió el símbolo de la autocracia islámica del régimen de los ayatolás. Por lo que, los patrullajes de la Gasht-e Ershad se convirtieron en uno de los principales blancos del ataque de manifestantes.
Sin embargo, el régimen iraní se excusa de la responsabilidad de la muerte de Amini. Existen dos versiones sobre la muerte de la joven de 22 años. Por un lado, la Organización Médica Legal de Irán, que se describe a sí misma como independiente pero forma parte del Poder Judicial del país, dijo en un informe que una “enfermedad subyacente” relacionada con una cirugía que tuvo cuando tenía 8 años fue la causa del deceso; y por lo tanto, no se podía atribuir responsabilidad a la policía de la moral.
Versión que contrasta con el testimonio de la familia de Amini. Según ellos, la policía golpeó a Amini en la patrulla de camino al centro de detención y se apoyan en testigos que vieron cómo sucedía. El padre de Amini le dijo a un medio de comunicación iraní que no se le permitió ver a su hija en el hospital, pero que habría alcanzado a ver partes de su cuerpo violentado. La familia sostiene que la muerte de la joven fue causada por una fractura de cráneo por fuertes golpes en la cabeza.
En varias ciudades del país, miles de iraníes respondieron en las calles a la muerte de Masha Amini. Mediante manifestaciones y plantones exigen justicia y responsabilizan al Estado iraní del deceso de Amini y de casos anteriores de violencia en contra de la población por parte de la policía de la moral.
Las protestas iniciadas en septiembre de 2022 han sido las más importantes desde 2019, cuando el aumento del precio de uno de los bienes económicos básicos de esta región, la gasolina, activó la furia. Pero el levantamiento popular por la muerte de Mahsa Amini es distinto. Esta vez diversos sectores de la sociedad se unieron para manifestarse. Los camioneros y transportistas llamaron a huelga nacional a finales del año pasado. Y en un hecho insólito, se oían arengas en las calles iraníes que exigían el derrocamiento del ayotolá Alí Jameini, máxima autoridad de Irán.
Asimismo, las mujeres iraníes tanto en irán como en distintos países cortaron mechones de su cabello y descubrieron sus rostros en protesta.
La participación ciudadana y la represión estatal ya han batido récords. Human Rights Activists in Iran, una organización local fundada por abogados y que defiende los derechos humanos en el país, reporta la muerte de al menos 479 personas durante las manifestaciones que cumplen cuatro meses. Al 14 de noviembre de 2022, grupos de derechos humanos estaban investigando las muertes reportadas de al menos 341 manifestantes, incluidos 52 niños.
Human Rights Watch por su parte, ha denunciado el uso de escopetas, rifles de asalto y pistolas por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, en entornos mayoritariamente pacíficos y a menudo abarrotados.
“Con la represión masiva, las elecciones sin libertad y la aparente corrupción y mala gestión, la autocracia de irán gobierna con todo lo que queda: la fuerza bruta”, dijo Tara Sepehri Far, investigadora sénior sobre Irán de Human Rights Watch.
En cuanto a detenciones, las autoridades iraníes han arrestado a más de 15.000 manifestantes, de acuerdo a Human Rights Activists in Iran. Miles de ellos están en prisiones superpobladas y privados de sus derechos al debido proceso. Entre ellos se encuentran cientos de defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y abogados detenidos por su apoyo a las protestas. Las autoridades también confiscaron pasaportes y prohibieron viajar a decenas de figuras públicas, incluidos actores y atletas.
Una de las activistas recientemente puesta en prisión es Narges Mohammadi. Un tribunal de Teherán la condenó a 6 años de prisión por “reunión y colusión para actuar contra la seguridad nacional”, y a 2 años de prisión adicionales y 74 latigazos por “actuar contra la seguridad nacional y alterar el orden público”. El juicio sumario se celebró a puerta cerrada y se le negó el acceso a un abogado.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que durante las detenciones ha habido malos tratos e incluso acoso sexual contra mujeres.
Durante estos 4 meses, por su participación en las movilizaciones, Irán ha condenado a la pena capital a 16 personas, mientras cuatro ya han sido ejecutadas.
La mayoría de ellos jóvenes y fueron acusados por cargos de «moharebeh» (librar una «guerra contra Dios») en virtud de la ley islámica, sharia, de Irán.
El futbolista Amir Nasr-Azadani, quien solo unos días antes de su captura jugó con la selección iraní en el mundial de Qatar de 2022, fue condenado a 26 años de cárcel tras ser acusado supuestamente de haber atentado contra tres funcionarios de seguridad durante las protestas en su país. El joven, por quienes muchos temieron fuera condenado a muerte, fue finalmente sentenciado a 16 años de cárcel, ya que podrá pagar varias condenas simultáneas, lo que reduciría en diez años su condena, que aún puede ser apelada.
Tras las protestas, Estados Unidos y la Unión Europea han respondido a la represión estatal en Irán. Washington y Bruselas han sancionado a varias autoridades y entidades iraníes por graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general, actualizando y ampliando las exenciones existentes bajo las sanciones de Estados Unidos que facilitarían que las empresas de tecnología brinden servicios adicionales que pueden ayudar a garantizar comunicaciones seguras para los usuarios iraníes. Esto en respuesta a la suspensión de conexiones móviles y de Internet para sofocar los movimientos de protesta.
El 30 de septiembre, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Chile emitió una declaración conjunta en nombre de varios países instando a irán a realizar investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre la muerte de Mahsa Amini y a abstenerse del uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
La ONU también celebró en noviembre una sesión especial en la que se discutió el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las autoridades iraníes contra los manifestantes. A su vez, la Asamblea General de este organismo adoptó una resolución que condenaba los abusos de los derechos humanos por parte de Irán.
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