El Tribunal Oral Federal N°2 expuso las razones de la sentencia contra la vicepresidenta y ocho acusados en el expediente de una “fastuosa defraudación” en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Además, los magistrados sobreseyeron a todos de la acusación de asociación ilícita y denegaron el argumento de “persecución judicial” de la defensa.
Este jueves 9 de marzo, el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF) comunicó de manera no presencial las razones de la sentencia del 6 de diciembre contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás involucrados en la Causa Vialidad.
En un texto de 1.616 páginas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso justificaron que la condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos se sostienen en una “fastuosa defraudación del Estado” en la licitación de 51 obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez y sus diferentes firmas constructoras.
Según los magistrados, Fernández de Kirchner tuvo una “intervención fundamental” por su rol “preponderante en la toma de decisiones” en estos fraudes ocurridos durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y su ciclo al mando (2007-2015, en dos etapas presidenciales), una “prolongación en el tiempo” que fue sopesada.
La Justicia también apuntó que la hoy vicepresidenta utilizó su poder para “influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan” y dañar el erario público por un valor superior al de 84.000 millones de pesos argentinos, equivalente a 424 millones de dólares en el valor actual.
“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país, un grave hecho de corrupción sin precedentes”, afirmó el tribunal.
Los argumentos de la defensa de la vicepresidenta, los cuales estaban basados en la existencia de un ‘lawfare’ –una persecución judicial- contra ella impulsada por sus adversarios políticos en connivencia con el Poder Judicial y el oligopolio de medios, fueron desestimados y tildados como una “coartada” y que “no niega ni explica” los hechos que se le achacan.
Además, también le bajaron el pulgar a la acusación de los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola que se refería a la constitución de una asociación ilícita, la cual conllevaba un pedido de 12 años de prisión.
El TOF la denegó diciendo que “partió de una hipótesis equivocada” y que no aplica, dado que se necesita la actividad comprobada de al menos tres personas y no se probó “una pluralidad de planes delictivos indeterminados y a la cantidad de miembros que la habrían integrado”.
A partir de ahora se abrió el procedimiento para presentar la apelación correspondiente en un plazo de diez días a la Cámara de Casación, un paso legal que puede demorarse indefinidamente en el tiempo, dejando la sentencia en suspenso.
El Gobierno critica el fallo y el kirchnerismo insiste en la tesis de «persecución»
Los argumentos expuestos por el Tribunal Oral Federal fueron criticados por la administración de Alberto Fernández. En rueda de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti aseveró que no hay “pruebas concretas” que justifiquen la condena a la vicepresidenta.
“Esta causa no tiene ni pies ni cabeza, la vicepresidenta ha sido traída para ser metida en esta causa en la que no tiene ningún tipo de relación”, expresó.
Además, a pesar de la disputa interna que mantienen Alberto y Cristina Fernández, Cerruti remarcó que “el presidente sigue creyendo en la inocencia de la vicepresidenta” y que uno “de los temas centrales es defender su inocencia”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que los fundamentos “son absolutamente políticos” y que el objetivo es marginarla de las próximas elecciones.
«Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante”, apuntó.
Soria agregó que el poder judicial “es poco serio”, que “perdió el rumbo hace tiempo” y que eligen “efemérides gorilas (es decir, antiperonistas) para denunciar y anunciar sentencias”, en alusión a que hoy se cumplen 67 años desde el decreto promulgado durante la dictadura de Pedro Aramburu que prohibió mencionar los nombres de Juan Domingo Perón, Eva Duarte y los símbolos del Justicialismo.
¿Cristina Fernández está proscripta?
La narrativa adoptada por el kirchnerismo sobre que el poder judicial ya ha marginado a la vicepresidenta de las próximas elecciones que se celebrarán en 2023 continúa rondando la esfera política argentina.
Sin embargo, la posibilidad de que Cristina Fernández no se presente a ningún cargo al momento solamente se basa en sus propias afirmaciones, lanzadas el 7 de diciembre tras la sentencia de seis años y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En aquella extensa alocución, la santacruceña anunció que su nombre no iba a conformar ninguna lista, ni para el poder Ejecutivo, ni en el Senado ni Diputados.
Pero en términos jurídicos, las chances de ser candidata están impolutas. El fallo de la Justicia actualmente no está firme, desde este jueves abrió el periodo de apelaciones, por lo que no hay ningún bloqueo hacia ella.
El Debate
Este viernes se espera que la política reaccione a los argumentos difundidos por el TOF durante una aparición en la Universidad Nacional de Río Negro, donde hará una exposición que irá sobre lo económico.
Inclusive, el kirchnerismo hará un plenario en la ciudad bonaerense de Avellaneda, que aclamará por su presentación en los comicios presidenciales, una carrera en la que –por ahora- sobran las especulaciones y faltan las certezas: apenas el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó su precandidatura por la agrupación macrista ‘Juntos por el Cambio’.
P/ag.agencias.vfn/gr.
