Washington DC. El último informe del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Argentina explicita qué medidas podrían tomarse para reducir los efectos en las cuentas públicas de uno de los planes más sensibles para la sociedad que tendrá protagonismo en los próximos meses: la moratoria previsional. La ley de “pago de deuda” de aportes jubilatorios fue aprobada por el Congreso, tras el impulso que le dio el kirchnerismo, el 28 de febrero de este año. Y tiene un inevitable costo fiscal que el organismo pidió “mitigar”.
El informe que el staff presentó al Directorio Ejecutivo le dedica, en la sección referida a las discusiones de políticas con el Gobierno, un párrafo completo a la moratoria previsional. En ese texto se puntualiza que “contener y compensar” el impacto fiscal de la medida será fundamental para sostener el sendero de ajuste de las cuentas públicas comprometido en el programa, que para este año prevé un déficit fiscal primario equivalente al 1,9% del producto bruto interno (PBI). “Para afrontar estos costos -dice el escrito en referencia a las consecuencias fiscales de la ley- se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentaciones que orienten el ingreso a la moratoria a quienes tengan mayor necesidad. Estas medidas, que podrían resultar en ahorros de alrededor del 0,2% del PBI, buscarían: (i) garantizar una fuerte verificación de recursos (basada en ingresos y riqueza); (ii) aumentar las deducciones de las pensiones, incluso mediante una estructura de tipos de interés que aumente con el aumento de las cuotas de cotización; y (iii) permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.
El Gobierno publicó el viernes último en el Boletín Oficial, justo antes de la reunión del board en la cual se aprobó la última revisión del programa y se liberó un nuevo giro por US$5400 millones, el decreto 173, reglamentario de la ley 27.705, de “pago de deuda previsional”. Ahora, quedó en manos de la Anses, tal como se informó ayer en L N y por expresa delegación de la ley, la definición de qué topes de ingresos, tenencia de bienes y gastos regirán para que las personas accedan a un plan de pago de hasta 120 cuotas de lo declarado como deuda con el Estado por los aportes no hechos en su momento. Ello, más allá de que puedan existir también algunas otras reglamentaciones de “letra chica”.
Sin embargo, la norma del Poder Ejecutivo especifica que incluso quienes no logren pasar el examen socioeconómico que se disponga podrán adherir al programa para lograr el pago de haberes mensuales, aunque en ese caso haciendo el pago en una única vez de todo lo declarado como deuda con el Estado. Esto último también implica un subsidio del sector público (dado a personas sin importar si tienen un alto nivel de ingresos o patrimonio), porque el “precio” al que se venderán los períodos de aportes no compensa el costo del beneficio a cobrar de por vida.
Las reglas de la implementación del plan son seguidas muy de cerca desde Washington, ya que el costo final de la moratoria dependerá de la letra chica que salga del organismo a cargo de las jubilaciones en la Argentina, que está bajo el control de La Cámpora, con Fernanda Raverta en la dirección ejecutiva. Lo cierto es que el organismo de la seguridad social ya les está ofreciendo atención a los futuros beneficiarios de la nueva ley, aunque no hay normativa publicada respecto de qué criterios usará para otorgar o negar la posibilidad de jubilarse sin pagar, previamente, nada de lo adeudado al Estado. “Ya podés acceder al plan de pago de deuda previsional”, indica el título principal, al ingresar en la página web de la Anses; al clikear en la opción, ya pueden gestionarse los turnos para ir a una oficina a solicitar el beneficio.
El informe del FMI indica que, según estimaciones, el costo estimado para este año es de alrededor del 0,2% del PBI, que aumentará alrededor del 0,4% a mediano plazo, suponiendo que alrededor de 800.000 personas se conviertan en beneficiarios del nuevo régimen, una cifra esta última que fue difundida por el Gobierno. Pero el número final puede llegar a ser considerablemente menor si se implementan determinadas limitaciones. El escrito del FMI dice que el Gobierno está preparando la reglamentación de la ley “para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad”, y que esas medidas podrían resultar en ahorros de alrededor de 0,2% del producto, es decir, en una moratoria más limitad con menos beneficiarios.
El informe del Fondo enumera tres potenciales restricciones al acceso. La primera es una “fuerte verificación” de los ingresos y los recursos de los potenciales beneficiarios. La segunda es aumentar las deducciones de las jubilaciones, y la tercera medida, la más significativa, es “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.
En la práctica, el mencionado decreto reglamentario no modifica las condiciones de la moratoria que ya estaban fijadas por la ley. La verificación de los ingresos y los recursos de los solicitantes (vale destacar que el FMI agrega el calificativo de “fuerte” a ese control) ya estaba prevista en lo aprobado por el Congreso y, de hecho, es algo que rige en las moratorias previsionales desde 2014. Eso no impidió que, actualmente, dos tercios de las jubilaciones que paga la Anses hayan sido otorgadas moratoria mediante. Por otra parte, la disposición del decreto en el sentido de que quienes no pasen el examen socioeconómico igualmente podrán acceder a una jubilación (aunque no podrán pagar la deuda en cuotas) va en el sentido contrario a restringir el acceso al plan.
En cuanto a la pretensión de que aumenten las deducciones de las jubilaciones, el decreto establece que los descuentos a los haberes para saldar las cuotas de la moratoria no podrán ser superiores al 30% del haber mínimo. Eso está también en línea con lo definido por la ley. Una persona que ingresa al plan por su límite máximo, es decir, que declare deber los 30 años de aportes y acceda a un plan de 120 cuotas, tendría un descuento mensual de $17.189,91, cifra que equivale al 29,3% del haber mínimo actual.
Por último, respecto de “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”, en el primer punto no se fijó, al menos por ahora, ninguna limitación en cuanto a tener hechas contribuciones, en tanto que la ley determina que el ingreso al plan de moratoria es incompatible “con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva), incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que la o el titular perciba a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el importe equivalente a una jubilación mínima vigente a la fecha de solicitud de la prestación”. El decreto reglamentario agrega que quienes cobren una prestación superior al haber mínimo podrán, de todas maneras, pedir el cobro de otra prestación previsional a través del plan subsidiado, pero solo si abonan toda la deuda declarada en una única vez (en esos casos entrarían quienes cobren jubilación o pensión y busquen también, respectivamente, una pensión o jubilación).
Una cuestión que no estaba prevista antes de emitirse el decreto conocido el viernes último es la imposibilidad, para quienes cobren beneficios de la nueva moratoria, de comprar dólares en el mercado oficial. Esa restricción regirá por 12 meses, a diferencia de lo que ocurre con las personas incluidas en otros supuestos (como el de haber cobrado en 2020 parte del sueldo, en un empleo privado, del programa ATP), para quienes la imposibilidad no tiene un límite temporal.
La implementación de la moratoria previsional asoma como uno de los temas más espinosos en las próximas discusiones con el FMI. El Fondo ya ha mostrado una notable flexibilidad para acomodar las exigencias del programa –demasiado laxas, según economistas– a los avatares de la economía argentina, pero la moratoria fue una medida “imprevista”, según la elegante fórmula semántica elegida por el staff para describir la ley impulsada por el kirchnerismo, que más allá de sus fundamentos y de su necesidad, complicará aún más el cumplimiento de la meta fiscal, uno de los pilares del plan.
Antes de presentar el informe del staff, el Fondo había dicho el fin de semana en un comunicado que la Argentina necesita un paquete de políticas “más sólidas” y que era esencial mantener el rumbo para bajar el déficit. Gita Gopinath, la subdirectora Gerente del FMI, dijo puntualmente que el costo fiscal de la nueva moratoria previsional deberá “mitigarse” permitiendo la entrada “solo a aquellos con mayor necesidad”.
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