Guatemala DC. Cuatro días después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, la Fiscalía (Ministerio Público) de ese país solicitó al Congreso la suspensión del Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo se alzó como nuevo presidente de la república centroamericana. Se trata del segundo intento por desintegrar el partido político, que también celebró resultados importantes durante las elecciones parlamentarias de junio.
Este 24 de agosto se conoció una carta firmada por el fiscal Especial contra la Impunidad (FECI) y encargado del caso, Rafael Curruchinche, donde se pide suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. El fiscal Corruchinche está sancionado desde 2022 por Estados Unidos tras ser acusado de corromper el sistema de Justicia guatemalteco.
Pero no se trata de una solicitud nueva. El pasado 12 de julio, tres semanas después de la primera vuelta en la que Arévalo sorprendió con el resultado, la Fiscalía ordenó la suspensión del partido político.
Una decisión que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, luego de asegurar que no se trataba de una decisión válida. La Fiscalía acusa al Movimiento Semilla en un supuesto caso de firmas falsas en 2018, cuando estaban fundando el partido.
Acusaciones que le han costado allanamientos a la sede electoral del Movimiento Semilla, una acción que fue vista como una estrategia para intentar frenar la llegada de Arévalo a la casa presidencial el próximo 14 de enero.
El Movimiento Semilla obtuvo 23 escaños de los 160 que componen el Congreso en las elecciones del 25 de junio, lo que convirtió al partido de Arévalo en la tercera fuerza política del país.
En entrevista para France 24, el presidente electo aseguró que su caso es político y que no se siguen los procedimientos legales, además de acusar a las instituciones del Estado de estar “captadas por la justicia corrupta“ y de ser víctima de persecución política.
Denuncian amenazas contra Bernardo Arévalo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Bernardo Arévalo y su vicepresidenta, Karine Herrera, ya que «corren un alto riesgo» de atentados.
La CIDH publicó un documento en el que se asegura que Arévalo fue sujeto de “vigilancias y seguimientos”, además de denunciar que el nombre del candidato estaría en al menos dos posibles planes que buscaban acabar con su vida.
El primer plan tendría la participación de “agentes estatales e individuos particulares” y el segundo, denunciado por el mismo Arévalo, estaría relacionado con “estructuras criminales de pandillas”, según se lee en el documento de la CIDH.
El ente, con sede en Washington, también acusó al Estado de Guatemala de no haber tomado las medidas necesarias para proteger al presidente electo, a pesar de las amenazas de muerte que pesan en su contra.
También se conoció que el presidente y la vicepresidenta electos han tenido que protegerse con seguridad privada.
El informe de la CIDH concluye con la solicitud al Estado de un informe “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.
Guatemala es uno de los países más corruptos de la región y la principal preocupación de los guatemaltecos, la misma que explica el éxito electoral de Bernardo Arévalo y del Movimiento Semilla durante los más recientes comicios.
Las propuestas del movimiento político están centradas en combatir principalmente el “monstruo” de la corrupción, que detiene cualquier plan de infraestructura, educación, desarrollo, Justicia, entre otros, según alegaba Arévalo en los mitines de campaña.
Afirmaciones que lograron cautivar a un 58% de los votantes, muchos de ellos jóvenes, que piden una nueva cara y estilo con Arévalo, dándole la espalda a la candidata de la derecha, Sandra Torres, también exprimera dama de la nación.
Por su parte, el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, reconoció el triunfo de Arévalo para suceder su cargo y le extendió una invitación a trabajar en conjunto para la transición de Gobierno.
Sobre la figura del presidente Giammattei pesan innumerables denuncias de supuestos actos de corrupción, dentro de las que se destacan una investigación por sobornos de empresarios rusos y kazajos y uno por un exministro. Acusaciones archivadas en 2021 por el mismo fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, hoy protagonista en el caso en contra del Movimiento Semilla y el presidente electo, Bernardo Arévalo.
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