Santiago. El presidente, Gabriel Boric, firmó un decreto que pone en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Se contabilizan 1.469 víctimas durante este periodo, de las cuales, hasta ahora solo 307 han sido halladas e identificadas. El plan del presidente es hacer responsable al Estado por medio de una política nacional permanente que trascienda los Gobiernos que tomen el poder.
Chile se acerca a cumplir 50 años del golpe de Estado de 1973 y con esta fecha que revive los dolores de la dictadura, llegan propuestas para avanzar en la reparación de las familias de las víctimas.
Este miércoles 30 de agosto el presidente chileno dio paso a la inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada bajo un gran Plan Nacional.
Un anuncio que llegó como un bálsamo para muchas familias, pues eran ellas las que cargaban con casi toda la responsabilidad de las búsquedas de desaparecidos.
En ese proceso solo se han hallado los restos de 307 personas y todavía se desconoce el paradero de las otras 1.162 víctimas registradas. La mayoría eran obreros y campesinos de unos 29 años de edad en promedio.
«Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad», sentenció Boric al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo.
La medida, que va a ser desplegada con dinero estatal, pretende realizar una reconstrucción del recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición.
Será la primera vez en casi medio siglo que las familias de las víctimas contarán con un cuerpo técnico y profesional para seguir el rastro de sus seres queridos. Un mecanismo que reivindica la lucha de los familiares sobrevivientes que han hecho todo tipo de protestas, desde huelgas de hambre hasta recursos legales que llevaron ante tribunales.
En redes sociales, la Presidencia de Chile publicó los objetivos de su plan. La lista está encabezada por llegar a esclarecer las circunstancias de la desaparición de las víctimas, seguido del paso que busca garantizar el acceso a la información de los familiares y, por último, la implementación de las medidas de reparación y garantías de no repetición.
Según el presidente, una de las metas es «ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada».
Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, afirmó Boric durante la ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, evento al que no asistieron miembros de la oposición de derecha.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, afirmó en una entrevista con ‘The New York Times’ que “el Estado los apartó de sus familias y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de la reparación, sancionar a los responsables y sostener la búsqueda”.
Los familiares de las víctimas alzaron sus voces en el evento, que se enmarca en la fecha conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para recordarle al Gobierno chileno que el principal obstáculo de todo el proceso ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas. Las familias denuncian que se trata de un “pacto de silencio” que los uniformados han hecho desde la dictadura a la fecha.
«Ningún otro gobierno tuvo esta voluntad política que era necesaria para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino que de la sociedad completa y del Estado que hizo desaparecer a nuestros familiares», dijo en la ceremonia Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
«Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra», afirmó el mandatario chileno durante una emotiva ceremonia en la que siguió visiblemente emocionado. Boric estuvo rodeado de políticos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas.
El proceso incluye, además, una rendición de cuentas a la sociedad chilena sobre cualquier avance que se logre durante este proceso de búsqueda. Además, se prometieron medidas de reparación y hubo compromisos de garantías de no repetición por parte de la comisión relacionada con este tipo de crímenes.
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