Con toda lógica, la reacción fue tan furiosa como la magnitud de su propio descuido. Los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura destilaron fuertes acusaciones contra la Corte Suprema y algunos medios de comunicación luego de que LN revelara ayer que ellos mismos aprobaron que Ana María Figueroa deje de aparecer con la categoría de “magistrada” en un concurso, para figurar solo como “docente”.
Lo hicieron pese a que el kirchnerismo en el Senado había logrado finalmente aprobar la continuidad de Figueroa como jueza en la Cámara de Casación Penal y luego de que el presidente Alberto Fernández avalara la maniobra, firmando un decreto que designaba a Figueroa nuevamente en el cargo. La exjueza había cumplido 75 años -el tope que fija la Constitución- el 9 de agosto sin que el Senado lograra aprobar su continuidad. Y la Corte Suprema, el 6 de septiembre, la dejó cesante en su cargo.
Por eso llamó la atención que este miércoles, tras la votación en el Senado y el decreto presidencial, el Consejo de la Magistratura dejara de considerar jueza a Figueroa en una votación que acompañaron los representantes del kirchnerismo, tal como quedó registrado en el video de la sesión.
Fue luego de aprobar un dictamen que despojaba a Figueroa de su condición de jueza, dictamen en el que ya habían estampado su firma tres consejeros kirchneristas que integran la Comisión de Selección: el abogado Héctor Recalde, la diputada Vanesa Siley y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
Un detalle que no pasará desapercibido para el entorno de Cristina Kirchner, que ató su estrategia de defensa en la causa Hotesur/Los Sauces a la ausencia de Figueroa en el momento en que Diego Barroetaveña y Daniel Petrone decidieron reabrir el caso y ordenar que se haga el juicio: la prosecretaria jefe en la Comisión de Selección que avaló el trámite para que Figueroa sea despojada de su categoría como magistrada es Damiana Alonso, la hija de la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó. Alonso es “los ojos” del kirchnerismo en esa comisión.
Héctor Recalde, Siley y Ustarroz firmaron el furibundo comunicado de este jueves, acompañados por el resto de los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura: el senador Mariano Recalde, el diputado Rodolfo Tailhade y la senadora María Inés Pilatti Vergara.
“Resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional”, afirmaron los representantes del kirchnerismo, pese a que ayer habían compartido en armonía el plenario y las votaciones del día junto al titular de la Corte, Horacio Rosatti, que preside también el Consejo de la Magistratura.
“Las declaraciones públicas y notas periodísticas aparecidas en el día de hoy [en rigor, fue ayer], respecto a que el Consejo de la Magistratura ‘dejó de considerar jueza’ a la Dra. Figueroa, configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo el infame ataque que Magnetto y Saguier [en alusión a Clarín y LA NACION] vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses. Solo se trató de una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de cinco años”, enfatizaron.
Nueva versión
“La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto”, completaron, ahora sí aludiendo nuevamente como jueza a Figueroa, tras el descuido de ayer.
La reacción de los consejeros kirchneristas en el comunicado choca contra lo que rubricaron en el marco de sus funciones. El plenario del Consejo de este martes aprobó el dictamen 8/23 de la Comisión de Selección, firmado el 13 de septiembre pasado,. Allí se tomó por válida la resolución de la Corte que cesó a Figueroa y, por tanto, se resolvió: “Que la doctora Figueroa forma parte de la Lista de Jurados en su carácter de profesora de la Universidad Nacional de Rosario y, en consecuencia, se debe adecuar la nómina para que la doctora Figueroa deje de integrar la categoría “docentes magistrados”, según su nueva situación, y sólo se mantenga por su condición de “docente de Derecho Constitucional”.
Ese dictamen fue firmado por Héctor Recalde, Siley y Ustarroz. También firmaron el anexo, dedicado específicamente a Figueroa, en este caso con el juez Alberto Lugones, de buena sintonía con el oficialismo. El dictamen lleva la firma, además, de los consejeros Diego Barroetaveña, María Fernanda Vázquez, Miguel Piedecasas, Roxana Reyes, Hugo Galderisi y María Alejandra Provítola.
Hasta el 13 de septiembre, cuando se firmó el dictamen, el kirchnerismo había fracasado en dos oportunidades para aprobar en el Senado la continuidad de Figueroa por cinco años más y la entonces camarista ya había cumplido 75 años (en agosto), plazo límite fijado por la Constitución Nacional. Recién el jueves pasado el oficialismo logró reunir el quorum y aprobó su pliego, decisión que fue convalidada este martes por un decreto de Alberto Fernández, que designó nuevamente a la jueza.
El riesgo para Cristina Kirchner
En el comunicado de este jueves, los consejero kirchneristas se mostraron alineados con lo votado por el Senado. “Con el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación el pasado 28 de septiembre y la publicación del correspondiente decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 4 de octubre, se completó el procedimiento constitucional requerido por el art. 99 inc. 4 último párrafo de la Constitución Nacional para un nuevo nombramiento como vocal de la Cámara Federal de Casación Federal por el término de cinco años de la jueza Ana María Figueroa”, señalaron.
“Que en virtud de ello la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionados”, añadieron, para completar, ahora en sintonía con el oficialismo en la Cámara alta: “Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces, razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 de fecha 6 de septiembre pasado, resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia del máximo Tribunal y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación”.
El giro de los consejeros kirchneristas y la intensidad con que lo plantearon probablemente tenga que ver con el frente judicial de Cristina Kirchner. Sucede que, según advirtieron jueces de la Casación, el decreto presidencial que puso en funciones nuevamente a Figueroa lo hizo a partir del 9 de agosto pasado, de modo de dar un argumento más a la vicepresidenta en su defensa judicial. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, dispuso el 18 de septiembre reabrir los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán para juzgar a la vicepresidenta en un juicio oral y público.
Cristina Kirchner apeló y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que en ese fallo que ordenó reabrir la causa Hotesur/Los Sauces faltó un voto: que, sin el voto de Figueroa, se violó el principio del juez natural.
P/ag.ln.cl.ifb.agencias/gr.
