En el día que se revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, el kirchnerismo completó en Diputados una de sus avanzadas contra la Corte Suprema de Justicia al emitir dictamen de comisión a favor del pedido de juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
Pese al rechazo de la oposición, el Frente de Todos cumplió con una de sus últimas jugadas bajo esa marca y dejó listo para llevar al recinto el proyecto de acusación contra los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. Todo esto a tan sólo 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que ya anticipó que dará de baja el proceso de enjuiciamiento.
En el dictamen firmado por el oficialismo se pide el juicio político de los cuatro miembros de la Corte en la causal sobre el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en la causa sobre la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura donde se repuso una ley que había perdido vigencia en el 2006 quedó excluido de la acusación Lorenzetti.
En el caso por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales, el FdT solo solicitó el juicio político de Maqueda y en el caso del fallo del 2×1 en favor de represores, la solicitud de enjuiciamiento es contra Rosatti y Rosenkrantz.
El dictamen firmado este martes tiene una vigencia de un año y quedó habilitado para ser tratado en el recinto por la próxima composición del Congreso. Pero a partir del 10 de diciembre, Unión por la Patria quedará con 108 legisladores por lo que no tendrá los votos para avanzar con la acusación, ya que se necesita de una mayoría especial para aprobarlo y girarlo al Senado.
Todavía golpeado por la derrota electoral, el oficialismo tuvo que hacer seis modificaciones en su representación en la comisión de Juicio Político, primero por la baja de dos diputados massistas y luego por cambios dispuestos desde la propia conducción del bloque que preside Germán Martínez. Al menos así lo dejaron trascender, negando que hubiera existido un mensaje de Sergio Massa para que sus legisladores se bajen de la comisión. Lo llamativo es que tanto Ramiro Gutiérrez como Micaela Morán habían participado en la mayoría de las audiencias.
Este dato no pasó desapercibido en el debate y Pablo Tonelli señaló que 6 integrantes del oficialismo firmaron el dictamen «sin tener la menor idea de qué se trataba». Para el diputado, esa situación «viola la garantía de juez natural que está establecida en la Constitución Nacional». Rápido salió a cruzarlo Germán Martínez aunque no pudo explicar cómo los 6 diputados de su bloque se interiorizaron de los 274 cuerpos y 44.000 fojas que se conformaron desde que se inició el debate a fines de enero.
«Cuando uno se pone la gorrita de cana hay que sostener en los hechos lo que terminamos diciendo», arrancó Martínez para apuntar que 39 integrantes de su bloque participaron a lo largo del proceso. «Lo que ustedes no entienden es que nosotros somos un bloque y lo que hacemos ir viendo en cada uno de los momentos, determinadas circunstancias para que nosotros podamos llevar adelante la tarea que tenemos», argumentó.
Para esta avanzada contra el Poder Judicial, el oficialismo habilitó el ingreso a la comisión de las camporistas Paula Penacca y Magalí Mastaler; junto a Itaí Hagman, que responde a Juan Grabois; Mónica Macha, de Nuevo Encuentro; la fueguina Carolina Yutrovic; y Carlos Selva, que si bien es parte del Frente Renovador, parece estar cada vez más cerca del kirchnerismo.
Además de los massistas Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez también renunciaron a la comisión Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Perez Araujo. En cambio mantuvo al ultra K Rodolfo Tailhade, quien fue cuestionado por la oposición tras haber sido mencionado como contacto de un espía que se dedicaba a realizar escuchas ilegales a jueces y políticos.
En rigor, el oficialismo recurrió a los diputados más identificados con la vicepresidenta para cumplir con el trámite legislativo y tratar de dar muestra de unidad en su tropa frente a la ofensiva que se comenzó a construir a partir de un pedido del presidente Alberto Fernández, en tándem con los gobernadores peronistas, y que no es el único antecedente en la puja que el kirchnerismo tiene con el Poder Judicial, ya que el Senado aprobó una reforma de ampliaciación del máximo tribunal que tenía como objetivo destituir a los cuatro jueces.
La audiencia de este martes arrancó con la presencia de los 16 representantes del Frente de Todos que dieron el quórum. Luego ingresaron los diputados de Juntos por el Cambio y el lavagnista Alejandro «Topo» Rodríguez.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dejó datos para la estadística como que se hicieron 26 audiencias por las que pasaron 65 testigos. Después de 11 meses de declaraciones testimoniales quedó un registro de 34 cuerpos.
Durante el debate, el oficialismo aprobó la incorporación de cuatro informes adicionales para cada una de las causales que incluyen los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura, de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires y las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales.
El ultra K Leopoldo Moreau defendió el ofensiva contra la Corte. «No hemos hecho otra cosa que cumplir con una manda constitucional», dijo el legislador para rechazar los términos de los descargos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los únicos dos que respondieron por escrito a las acusaciones del kirchnerismo y advirtieron que están siendo cuestionados por sus fallos.
Así Moreau negó que la comisión esté juzgando a los ministros por sus fallos, y dijo que si bien les está vedado hacer un análisis jurídico de las resoluciones de los jueces, si puede intervenir cuando «hay una desviación del poder». «La Corte se inmiscuyó en decisiones políticas e incluso de carácter partidario», remató.
Pero Tonelli, que defendió el dictamen de rechazo al pedido de juicio político, le respondió al asegurar que el proceso de enjuiciamiento «se inició para justificar el incumplimiento de una decisión de la Corte Suprema cuando en diciembre del año pasado dictó una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional restituir a la ciudad de Buenos Aires una parte de la coparticipación que le había quitado arbitrariamente».
«Al que habría que hacerle juicio político es al presidente de la nación por no cumplir una sentencia de la Corte Suprema», agregó el legislador, luego de recordar que Alberto Fernández sigue sin cumplir con la resolución.
Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) apuntó que «este juicio es voluntad» de Cristina, Alberto Fernández y Massa. «Todos por motivaciones distintas, todas malas. Cristina Fernández sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. Además quería ser Presidente y así tener a la Corte sometida», completó.
Por su parte, el “Topo” Rodríguez presentó un dictamen propio que recomienda “no hacer lugar al pedido de juicio político» a los ministros de la Corte por considerarlo improcedente, aconsejando además “archivar las actuaciones”.
P/ag.agencias.cl.gb/gr.
