La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó este lunes levantar la feria judicial y en las próximas horas decidirá si hace lugar a una medida “precautelar” contra el decreto 70/2023 de Javier Milei presentado por la Confederación Federal del Trabajo (CGT).
Pero antes, los camaristas resolverán si envían el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como pidió este lunes el fiscal general de la Cámara laboral Juan Manuel Domínguez. La CGT se opone a que el fuero del trabajo se desprenda del caso. Tan es así que hizo una presentación en contencioso para evitarlo.
En el Gobierno, en cambio, confían en que los camaristas del Trabajo se desprendan del caso y no tomen ninguna otra decisión. Esperan que todo se concentre en contencioso administrativo (que ya viene acumulando causas) y que en ese expediente no se habilite la feria judicial. De ese modo, el DNU podría llegar a febrero sin causas judiciales que amenacen su supervivencia. La Corte, que recibió también una demanda (de la provincia de La Rioja contra el Estado Nacional) avisó la semana pasada que no habilitará la feria judicial para tratar ese expediente.
En tres expedientes diferentes hubo jueces que habilitaron la feria judicial para tratar planteos contra el DNU de Milei. Una fue la jueza federal de San Juan Eliana Rattá, que este lunes envió su causa para que se acumule con las otras del fuero contencioso administrativo; otro fue el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, que hizo lo mismo, y los otros fueron los camaristas del fuero del Trabajo María González y Alejandro Sudera, que ahora deberán resolver en el amparo presentado por Héctor Daer, el secretario general de la CGT.
“Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada”, señalaron los camaristas.
La causa que está acumulando cada vez más expedientes se tramita en el juzgado en lo contencioso administrativo Esteban Furnari. Durante la feria, el juez a cargo es Enrique Lavié Pico.
En ese caso, el fiscal Miguel Ángel Gilligan dijo que no están acreditadas las razones de “perentoriedad” que justifiquen levantar la feria judicial, que es de carácter obligatorio y cuya suspensión en una medida excepcional que no corresponde tomar en este caso. Destacó además que la propia Corte consideró lo mismo la semana pasada, cuando resolvió no habilitar la feria en la causa promovida por La Rioja contra el Estado Nacional pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del DNU de Milei.
El Gobierno confía en que este sea el criterio que se imponga en el fuero para que no prosperen las causas contra el decreto.
El amparo de la CGT
El miércoles pasado, la CGT realizó la primera movilización tras la asunción de Javier Milei como presidente. En paralelo, promovió un amparo que lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicado en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez Ramonet.
La semana pasada, Ramonet había rechazado conceder la medida cautelar interina que solicitó la central obrera con el argumento de que todavía no estaba vigente el decreto. Pero sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera.
Tras definir el plan de lucha en una reunión de la cúpula, la CGT resolvió anunciar un paro general de 12 horas para el próximo 24 de enero.
La Corte no levantará la feria para tratar la presentación de Ricardo Quintela
La semana pasada, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió a la Corte Suprema que declarara inconstitucional el DNU de Milei. Si bien el máximo tribunal dio inicio a la causa, advirtió que no habilitará la feria judicial para tratarla. En consecuencia, ese trámite quedó suspendido hasta febrero.
Además, ordenó que el caso pasara a la Procuración General de la Nación para que evalúe si el tribunal es competente para tramitar la demanda, que es lo primero que hay que definir antes de seguir adelante con el expediente.
La presentación de Quintela, peronista que va por su segundo mandato en La Rioja, es una “acción declarativa de certeza” que pretende que el máximo tribunal declare inconstitucional el decreto 70/2023 por los “perjuicios irreparables” que le genera a la provincia.
“Con la vigencia del DNU N°70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”, justificó el mandatario peronista. El trámite incluye además el pedido de una medida cautelar para frenarlo hasta que los jueces tomen la decisión final. Pero la Corte no intervendrá en este caso antes de febrero.
P/ag.agencias.ln./gr.
