Quito. Ecuador continúa sumido en un ambiente de alta tensión en medio de la crisis de seguridad que escaló desde el pasado fin de semana, en lo que el Gobierno señala como una reacción de las bandas delictivas a sus recientes medidas contra el crimen organizado, el miércoles algunas localidades volvieron a experimentar incidentes violentos. Entre ellos un atentado con explosivos durante la noche, que dejó al menos una persona muerta y cinco heridos, en El Coca, ciudad en el oriente del país.
Además, en una rueda de prensa conjunta, el Ejército y la Policía confirmaron la muerte de cinco miembros de grupos delictivos y el arresto de 329 “terroristas”, en su mayoría miembros de los movimientos criminales ‘Los Choneros’, ‘Tiguerones’ y ‘Los Lobos’.
Se trata de tres de los 22 grupos que esta semana el presidente Daniel Noboa declaró como organizaciones terroristas, en medio de sus acciones contra las bandas que han puesto de rodillas a un país que en los últimos años pasó de ser uno de los más tranquilos de la región a uno de los más violentos.
Las fuerzas de seguridad también informaron que un total de 41 personas fueron secuestradas en los últimos días y que 28 presos fueron recapturados.
El territorio ecuatoriano atraviesa este jueves una nueva jornada del estado de excepción, que incluye un toque de queda, decretado por el mandatario el lunes 8 de enero, durante 60 días. La decisión fue tomada en respuesta a los motines en seis cárceles y la fuga del conocido dirigente del grupo de narcotráfico ‘Los Choneros’, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, hechos ocurridos el domingo 7 de enero.
Pero las medidas, lejos de frenar las acciones de los delincuentes, detonaron una serie de hechos violentos: explosiones, tiroteos, nuevos motines carcelarios y fuga de presos, así como incineración de vehículos y la irrupción armada a un canal de televisión, por lo que el jefe de Estado declaró “conflicto interno armado” el martes. Una determinación que permite a las fuerzas de seguridad, entre otras acciones, ejecutar aprehensiones sin orden judicial.
Ahora, ante el estallido de violencia y el anuncio del presidente Noboa de deportar a los presos extranjeros, las naciones vecinas han tomado algunas medidas de emergencia.
Este jueves, las autoridades informaron que en la noche del miércoles tres uniformados fueron liberados en la provincia de Los Ríos, tras ser privados de su libertad por parte de “presuntos terroristas”.
Los agentes habían sido secuestrados durante la mañana del pasado martes 9 de enero, cuando se encontraban en servicio. Un total de siete policías fueron raptados ese día por grupos delictivos, cuando de inmediato se activaron las labores de búsqueda e identificación de las bandas involucradas.
La institución señaló que «los delincuentes dejaron en libertad a los tres policías al sentirse presionados por las diferentes intervenciones operativas que venía ejecutando la Policía Nacional».
En la mañana del miércoles, la institución señaló que otros tres de los siete uniformados raptados habían sido puestos en libertad.
A los secuestros de policías en los últimos días se suma la retención de funcionarios de las prisiones. Al menos 139 permanecen como rehenes de las bandas delictivas en cinco cárceles, según confirmó el miércoles 10 de enero el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Colombia y Perú despliegan fuerzas en sus fronteras con Ecuador
El Ejército colombiano confirmó el traslado de alrededor de 180 militares a la zona limítrofe como medida de seguridad.
“Las tropas ya se encuentran haciendo presencia sobre el Puente Internacional Rumichaca, principal paso fronterizo, en coordinación con autoridades ecuatorianas, así como en Chiles, Cuaspud Carlosama y el corregimiento de La Victoria de Ipiales (…) Cerca de 180 soldados de la Brigada 23 estarán desplegados sobre pasos formales y no formales que comunican a Colombia con el país hermano del Ecuador, apoyando las labores de seguridad y atentos para reaccionar ante cualquier situación”, informó la institución castrense mediante su cuenta en la plataforma X.
Por su parte, Perú movilizó cerca de 450 agentes policiales al norte del país, cerca de la zona fronteriza, oficializó el miércoles el estado de emergencia por 60 días, en cinco regiones limítrofes.
La medida abarca siete provincias en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto.
El miércoles, el presidente ecuatoriano anunció la deportación de los extranjeros que se encuentran en las cárceles de su país para reducir el hacinamiento y controlar mejor los incidentes de violencia, muchos de los cuales se originan en las prisiones y desde donde los líderes de los grupos delictivos siguen actuando.
«Colombia dijo que nos querían ayudar y yo dije perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas», señaló Noboa en una entrevista con ‘Radio Canela’, al justificar su decisión.
Bogotá, a través de la Cancillería y del Ministerio de Justicia, respondió que “está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad”.
Sin embargo, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, rechazó una deportación masiva, al explicar que la medida ecuatoriana obliga a estudiar “caso por caso”. El funcionario advirtió que en una expulsión masiva muchos de quienes ahora se encuentran detenidos en Ecuador podrían quedar en libertad una vez lleguen a Colombia.
«Si los expulsan, en primer lugar los están expulsando es de la cárcel. Es decir, los están dejando en libertad y al llegar a la frontera por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia (…) Al llegar a Colombia, si (un preso) tiene alguna deuda pendiente con la Justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia», aseguró Osuna.
El ministro aclaró que una expulsión es diferente a una repatriación de presos, para lo cual recalcó que es necesario examinar la situación legal de cada detenido y la posibilidad de que completen o no la condena en su país de origen.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la medida se extenderá a 1.489 presos colombianos, 1.362 venezolanos y 100 peruanos.
INT/ag.agencias./rp.
