Washington DC. Human Rights Watch (HRW) hizo hoy su primera crítica al Presidente Javier Milei al manifestar su preocupación por su intento de gobernar por decreto a través de un amplio pedido de delegación de facultades al Congreso, y alertó que la movida de la Casa Rosada “agrava” la erosión institucional que ha sufrido en los últimos años la Argentina. Además, criticó el intento de restringir el derecho a la protesta.
“Nos preocupa que Milei esté intentando gobernar por decreto a través de un ‘decreto de necesidad y urgencia’ masivo y un pedido amplio de facultades delegadas por cuatro años”, indicó a LA NACION la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Goebertus reconoció que la práctica de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, o DNU, es algo que ya han hecho gobiernos anteriores en democracia, desde Cristina Kirchner a Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero remarcó que Milei está “ampliando notoriamente” esta estrategia aprovechándose de la regulación que promovió Cristina Kirchner como senadora y probablemente del “abusivo juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema” que impulsó Alberto Fernández.
“La erosión institucional causada por gobiernos anteriores ha favorecido a Milei y ahora Milei la agrava. La experiencia en la región, de Fujimori a Maduro, nos muestra que los peligros para la democracia de los gobernantes que intentan concentrar todo el poder político ignorando los frenos y contrapesos”, alertó.
HRW presentó este jueves su informe mundial sobre el estado de los derechos humanos en el planeta. El capítulo referido a la Argentina incluyó advertencias sobre la crisis económica, la polémica ofensiva del gobierno de Alberto Fernández contra la Corte Suprema y la Justicia, la falta de designaciones en puestos claves del gobierno nacional, y algunas de las posturas controvertidas que mostró Milei durante la campaña presidencial, como su cuestionamiento al cambio climático, su relativización de las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, o sus críticas a la despenalización del aborto.
“Como candidato, Milei prometió llevar a cabo severos recortes en el gasto público, puso en duda la existencia del cambio climático, minimizó las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la última dictadura y criticó la despenalización del aborto”, afirmó el informe de HRW.
Además de esas menciones en el informe, Goebertus dijo que la reciente regulación sobre manifestaciones “restringe excesivamente” el derecho a la protesta pacífica. “Por supuesto nadie se debe ver forzado a protestar y la protesta en sí no es un derecho absoluto que permita, por ejemplo, imposibilitar el acceso a servicios de salud o al trabajo. Pero protestar en las calles es un acto fundamental de la democracia que no puede estar prohibido en todas las circunstancias. La Argentina necesita una discusión seria sobre pare regular el derecho a la protesta de una forma que respete los estándares internacionales”, indicó.
El informe de HRW destaca que la crisis económica “provocó altos niveles de inflación y una fuerte devaluación de su moneda en 2023, aumentó la pobreza y afectó la realización de derechos económicos y sociales”. HRW criticó además al gobierno de Fernández al indicar que “impulsó un proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema en el Congreso, motivado políticamente, y empleó una retórica hostil contra el poder judicial”.
“El pedido de juicio político se produjo en el contexto de una retórica hostil de autoridades de alto nivel contra jueces y fiscales que deciden en causas que afectan al gobierno o investigan la presunta participación de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en hechos de corrupción”, indica el trabajo de la organización.
El informe de HRW reclamó además que el Congreso “lleva años” sin nombrar a un Procurador General, un Defensor del Pueblo y un juez en la Corte Suprema, “figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren de una mayoría legislativa de dos tercios”. El trabajo remarca además que la Corte, en 2015, concluyó que la demora en el nombramiento de los jueces, que provoca que jueces subrogantes ocupen cargos durante años, “atenta contra la independencia judicial”. Hasta octubre de 2023, había 282 puestos vacantes en la justicia federal y nacional, recopila el trabajo.
La organización enfatizó en su informe que, en los últimos años, la Argentina “ha experimentado un aumento significativo de la población carcelaria, lo que ha provocado una sobrepoblación penitenciaria en varias provincias”. El gobierno informó que, en 2022, había más de 100.000 personas privadas de libertad en cárceles, lo que representa un incremento del 77 por ciento en relación con 2010. Más de 12.000 personas detenidas se encontraban en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, y, en 2022, cuatro de cada diez personas detenidas en cárceles no tenían una condena.
HRW remarcó que todavía no hay condenados por el atentado contra la AMIA en el que perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas, y que tampoco existe ninguna persona condenada en relación con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien al momento de su muerte había acusado a Cristina Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado.
P/ag.agencias.ln.rmr./
