Era una decisión clave para la Argentina. La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el último pedido del Gobierno para extender el plazo para presentar garantías y evitar así que se activen los embargos contra el país en el juicio por la nacionalización de YPF.
El Gobierno busca retrasar el pago de una sentencia judicial por u$s 16.000 millones.
Por segunda vez, la magistrada falló en contra y, de esta manera, confirmó que a partir de este jueves 11 de enero la Argentina queda sujeta a posibles embargos. «La juez Preska confirma el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y, de esta manera, evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF», subrayó el especialista en la materia Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, vía la red X. Y agregó: «A partir del jueves 11, los demandantes podrán comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en Estados Unidos y en el resto del mundo».
Preska aseguró en su escrito que «empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país», pero le «recomienda» al Gobierno preparar una hoja de ruta para terminar con el caso por la expropiación de YPF.
Días atrás, ante un nuevo pedido de prórroga, el abogado querellante Randy Matro, del estudio King and Spalding, envió a la magistrada estadounidense un escrito de dos páginas en el que indicaba que “nada en la ley estipula que esta Corte sólo puede definir una fecha bajo la presencia de activos embargables”.
De esta forma, Mastro respondió de manera negativa al planteo efectuado por la Argentina, para que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.
En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de US$ 16.000 millones a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.
El pedido presentado por la Argentina obligaba a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo del país, siempre y cuando la Argentina no presentase las garantías solicitadas.
“Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”, sostenía el texto presentado a Preska por el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al país.
Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa. En diciembre último, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio.
Respecto a los posibles embarcos, según un abogado vinculado con el tema, el Estado argentino no renunció a su inmunidad, por lo tanto, un juez de Nueva York solo puede embargar bienes que cumplan tres requisitos. En primer lugar, que el Estado mismo sea su dueño. Por ejemplo, el país es propietario de Aerolíneas Argentinas, pero no se pueden embargar activos de la empresa (aviones), porque son de la sociedad, no del Estado argentino.
En segundo lugar, que el activo en cuestión se use para una actividad comercial en Estados Unidos. Por ejemplo, no se puede embargar el avión presidencial, porque no se utiliza para actividad comercial.
El tercer requisito es que el bien que se pretende embargar “es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo”. Es decir, que tenga que ver con la expropiación de YPF. “La Fragata Libertad no está en riesgo porque no tiene ninguna relación con este caso”, aclaró el letrado.
“Solo un bien que cumpla las tres condiciones puede ser embargado en Estados Unidos. Las tres condiciones sumadas representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar. En otros países las reglas aplicables serán las de ese país. Pero, por razones obvias, la jurisdicción más relevante es Estados Unidos”, agregó el exsubprocurador durante la gestión de Carlos Zannini.
P/ag.agencia.cl./gr.
