Caracas. María Corina Machado, enemiga del actual gobierno quedó fuera de carrera presidencial. La Corte Suprema de Venezuela, a menudo acusada de estar cerca a instancias de quienes están en el poder, confirmó el viernes 26 de enero la inelegibilidad de María Corina Machado, quien ganó cómodamente las primarias de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de 2024 (recibió más de dos millones de votos, 92% de la votación).
Marina Corina Machado, de 56 años, «está inhabilitada por quince años», escribe el Tribunal, considerando «nula» la solicitud de la candidata debido a su inelegibilidad.
Acusada de irregularidades administrativas, Marina Corina Machado fue declarada inelegible por un período de un año en 2015 por haber participado como “embajadora suplente” de Panamá en una reunión de la Organización de Estados Americanos ( OEA ). Panamá la había invitado a permitirle denunciar las supuestas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones que exigían la salida de Nicolás Maduro.
La oposición siempre había rechazado estas sanciones, creyendo que Marina Corina Machado era inocente, y pudo participar en las elecciones primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente de las autoridades electorales venezolanas. A lo largo de la campaña insistió en que nunca recibió una notificación oficial de la prohibición, y afirmó que los votantes, y no los leales al partido gobernante, son quienes legítimamente deciden sobre su candidatura.
Después de que el tribunal emitiera su fallo, Machado tuiteó que la «lucha por conquistar la democracia a través de elecciones libres y justas» de su campaña no había terminado.
La estrategia de siempre
Machado había presentado una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en diciembre argumentando que la prohibición era nula y buscando una medida cautelar para proteger sus derechos políticos.
Sinembargo el tribunal mantuvo la inhabilitación, que alega fraude y violaciones fiscales y la acusa de buscar las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Venezuela la década pasada.
El gobierno venezolano ha utilizado a menudo la estratagema de la inelegibilidad para excluir a rivales potenciales en el ámbito nacional y local. El levantamiento de la inhabilitación de los opositores es uno de los principales puntos conflictivos en las negociaciones entre poder y oposición.
El acuerdo firmado en Barbados en octubre de 2023 abrió la posibilidad para que quienes “aspiran a postularse” en las elecciones presidenciales de 2024 impugnen su inelegibilidad. Marina Corina Machado había presentado un recurso de apelación en este contexto.
El acuerdo firmado en la isla caribeña de Barbados redujo el calendario de las elecciones presidenciales al segundo semestre de 2024 con la presencia de observadores internacionales y pidió a ambas partes que «promuevan la autorización de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos» a participar siempre que cumplan con la ley. Esta última disposición llevó al gobierno a permitir que los candidatos recurrieran sus prohibiciones.
Se esperaba con impaciencia la decisión del Tribunal Supremo. Para la oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018, y para Estados Unidos levantar la inelegibilidad de los opositores era una de sus principales prioridades. Washington aún no ha reaccionado a esta decisión.
Sin embargo, en el pasado, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, había amenazado con revertir parte del alivio de las sanciones si el gobierno de Maduro no levanta las prohibiciones que impiden a Machado y a otros presentarse a las elecciones, y si no libera a los presos políticos.
Más conspiraciones y amenazas
En las últimas dos semanas, Maduro, Saab y Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, han vinculado a partidarios de la oposición y a personas cercanas a Machado con una serie de supuestas conspiraciones que, según ellos, fueron ideadas para asesinar al presidente y a su círculo más cercano.
En septiembre, un grupo de expertos respaldado por la ONU, que investigaba los abusos contra los derechos humanos en Venezuela, determinó que el gobierno de Maduro ha intensificado sus esfuerzos para restringir las libertades democráticas de cara a las elecciones de 2024. Esto incluye someter a algunos políticos, defensores de los derechos humanos y otros opositores a detenciones, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procesos penales arbitrarios.
Este tipo de prohibición se utilizó con carácter retroactivo en 2021 para destituir al candidato a gobernador Freddy Superlano cuando aventajaba a un hermano del fallecido dictador Hugo Chávez, pero aún no había sido declarado ganador. El suplente de Superlano también quedó fuera de la papeleta de votación mediante una prohibición.
El tribunal también ratificó el viernes la inhabilitación del ex gobernador y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
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