Por Dr. Jorge Enríquez (*)
El hartazgo de veinte años de kirchnerismo, con su secuela de alta inflación, estancamiento, pobreza e inseguridad, entre otros flagelos, generaron una saludable reacción en la sociedad. A tal punto que apoyó a un candidato presidencial que sin tapujos prometía un severo ajuste. Ese respaldo popular permitió que, pese a su escasa representación parlamentaria, el oficialismo hubiera podido obtener en la Cámara de Diputados la aprobación en general del ambicioso proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” presentado por el Poder Ejecutivo.
Es necesario destacar, de todas formas, que esa aprobación no se habría logrado sin el concurso de bloques como el de PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, los que trabajaron intensamente. Lo hicieron en forma constructiva, pero no
abdicaron de su responsabilidad y de las atribuciones que la Constitución Nacional le asigna al Congreso. Así, de los 664 artículos proyectados por el Poder Ejecutivo, quedaron 382 en el texto que se había aprobado en general.
Como regla general, no es una buena práctica legislativa la de las llamadas leyes ómnibus. Al incluir en un solo proyecto temas de los más diversos, muchas veces sin relación alguna entre sí, se debilita el debate sobre cada uno de ellos y se confunde a la sociedad acerca de lo que se está considerando. La crisis económica puede justificar a veces este recurso, en especial si se pretende mostrar una vuelta de página con relación a absurdas regulaciones que, en distintos campos, traban sin justificación alguna las energías creativas de los argentinos, pero no se debería utilizar con frecuencia.
La aprobación en general indicaba que una mayoría de la Cámara comparte los objetivos fundamentales de la ley. Faltaba todavía, sin embargo, el tratamiento en particular, en el que era previsible que no se lograra en todos los artículos la mayoría necesaria, como se podía anticipar por la existencia de numerosas disidencias de muchos diputados que habían aprobado el proyecto en
general; y luego la intervención del Senado, que puede rechazar el proyecto totalmente o introducirle modificaciones, en cuyo caso volvería a la Cámara de Diputados.
Como varios artículos resultaban rechazados en las votaciones en particular, el oficialismo prefirió no negociar con otros bloques las modificaciones que estos requerían. El resultado, luego de algunos momentos de confusión, fue que el presidente del bloque de La Libertad Avanza pidiera la vuelta del proyecto a comisión, aparentemente sin que él ni el ministro de Interior, Guillermo Francos, como surge de declaraciones que formularon apenas aprobada esa moción, comprendieran bien los alcances de la decisión que se adoptaba. En efecto, el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en tal caso queda sin efecto la aprobación en general, como si nunca hubiera existido. Es una solución evidente, que ni siquiera necesitaba la existencia de una
norma especial. Si un proyecto está en comisión, naturalmente se lo puede discutir y modificar en forma completa.
El gobierno nacional reaccionó duramente ante esa frustración y el presidente Javier Milei dijo que el proyecto sería retirado. También acusó a los gobernadores de no haber cumplido un supuesto pacto (es muy probable que algunos no lo hayan hecho, pero resulta injusto englobar a todos) y a los legisladores que rechazaron algunos artículos de traidores a la Patria. Otra vez esa dicotomía que dramáticamente siempre termina dividiéndonos a los argentinos: los buenos y los malos, ellos y nosotros, el pueblo y la casta.
Sin embargo, la actitud colaborativa de bloques ajenos al oficialista debe ser ponderada. Esa mayoría no es homogénea. Hay bancadas más cercanas a las ideas de La Libertad Avanza y otras más críticas. Pero todas ellas –con el liderazgo serio, responsable y constructivo de legisladores como Cristian Ritondo, Miguel Pichetto, Silvia Lospennato y Rodrigo de Loredo comprendieron el delicado momento que vive la Argentina y la necesidad de privilegiar lo que Max Weber llamaba la ética de la responsabilidad, como superadora en política de la ética de las convicciones.
El presidente de la Nación, Javier Milei y sus principales colaboradores, deberían valorar esa actitud. La confrontación pública permanente puede ser un eficaz procedimiento de campaña, pero no es el mejor método para gobernar, sobre todo si no se cuenta con mayorías parlamentarias. La experiencia histórica indica, por otra parte, que la “luna de miel” con la sociedad de todo nuevo
gobierno es cada vez más breve, en este mundo signado por la celeridad que imprimen al humor colectivo las redes sociales, y que las expectativas desmesuradas conducen con frecuencia a rápidas frustraciones.
El diálogo respetuoso con la oposición y la búsqueda de consensos no deben verse como claudicaciones, sino como herramientas
para que los cambios sean más sólidos y perdurables. Son las instituciones, más que las circunstanciales personas, las que garantizan la seguridad jurídica y la confianza que estimulan las inversiones que la Argentina tanto necesita.
Ese consenso no forma parte, por supuesto, del ideario kirchnerista
Las apelaciones que ahora hacen los dirigentes de ese sector a la Constitución, la República y los consensos son hipócritas. Se disfrazan de corderos en la oposición, pero el disfraz ya no engaña a nadie. Junto a la izquierda autoritaria, pretenden obtener en “la calle” lo que las urnas les niegan. Del modo más antidemocrático quieren hacer creer que la democracia está en un puñado de manifestantes violentos y no en el recinto en el que deliberan y votan los representantes del pueblo, conforme lo señala el art. 22 de la Constitución Federal.
Frente a eso, la reacción del gobierno nacional, a través de la ministra Patricia Bullrich, fue la correcta: utilizar a las fuerzas de seguridad para impedir desmanes, asegurar el libre funcionamiento de las instituciones democráticas y garantizar el derecho a la circulación. El recuerdo de aquella triste jornada de 2017 en el que los autoritarios y violentos arrojaron catorce toneladas de
piedras para intentar que el Congreso no funcionara está todavía fresco. Y está muy clara en el gobierno y en la sociedad la determinación de que no vuelva a ocurrir. No hay libertad ni derechos cuando se tolera que los prepotentes empleen la fuerza contra el orden jurídico.
La democracia liberal se debe defender a sí misma de sus enemigos con la Constitución y la ley en la mano, y sin falsas culpas.
(*)Exdiputado nacional PRO (JxC) – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA
P/ag.jorgeenríquez,vfn/rp.
