Caracas. El lunes 25 de marzo a la medianoche es el límite para las inscripciones de candidaturas presidenciales en Venezuela, pero, a escasas horas de cerrarse el plazo, la oposición sigue sin poder registrarse.
No obstante, en la jornada de cierre, el presidente Nicolás Maduro sí logró oficializar su candidatura tras presentarse ante la sede del órgano electoral, acompañado de sus seguidores, que participaban en una manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para apoyar al mandatario en su carrera por la continuidad en el poder.
Después de asumir el poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro busca un nuevo mandato que, de obtener, le aseguraría seis años más en la silla presidencial, sobrepasando los 14 años de mandato de su predecesor.
«Solo puedo decir, con humildad, que estoy hecho de la misma tierra fangosa que todos», exclamó el presidente venezolano en un discurso televisado desde las inmediaciones del CNE.
El sucesor de Chávez se une a al menos diez aspirantes más, que buscarán ser los elegidos por la ciudadanía venezolana en los próximos comicios presidenciales, el 28 de julio.
Juan Alvarado, José Brito, Javier Bertucci, Antonio Ecarri y Benjamí Rausseo son algunos de los nombres más destacados que rivalizarán con el actual presidente en las boletas presidenciales.
Un controvertido proceso electoral en Venezuela
Las elecciones del próximo 28 de julio son resultado de largas negociaciones entre el chavismo y la oposición, dentro y fuera de Venezuela, que alcanzaron su clímax en una cumbre de alto nivel en Barbados, que fue mediada por Noruega y en la que el Gobierno de Maduro se comprometió a estructurar un proceso democrático libre y transparente en el que pudieran participar políticos disidentes, a diferencia del ocurrido en 2018, cuando la oposición se rehusó a participar en los comicios.
La noticia fue recibida con buenos ojos por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, un tradicional crítico del chavismo. La Administración de Joe Biden respondió a la implementación de la agenda electoral venezolana reduciendo las sanciones económicas de las que Caracas ha sido objeto en los últimos años.
Sin embargo, la disidencia continúa denunciando irregularidades en el proceso, tras la inhabilitación de su máxima figura, María Corina Machado, en octubre, siendo la gota que derramo el vaso de las tensiones políticas en el país. Desde entonces, Washington se ha mostrado abierto a reimponer las sanciones y ha mostrado todo su apoyo a la coalición disidente.
«Es casi seguro que Estados Unidos tendrá que volver a imponer algunas sanciones, pero hay formas de hacerlo manteniendo al régimen en la mesa (…) Pero si Machado y la oposición en general ni siquiera son capaces de inscribir un candidato, el presidente tendrá las manos atadas.», manifestó Geoff Ramsey, experto en Venezuela y analista político en el Consejo del Atlántico.
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