Quito. La Fiscalía General de Ecuador está investigando ocho ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar durante el más reciente estado de emergencia del país, después de que grupos de derechos humanos advirtieran que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.
Los asesinatos son los abusos de derechos más graves denunciados por personas detenidas, grupos de defensa locales y familiares de las víctimas y que supuestamente tuvieron lugar durante el estado de emergencia de enero a abril.
El presidente Daniel Noboa declare la emergencia en medio de una espiral de violencia en el país andino, que los funcionarios atribuyen a las bandas de narcotraficantes.
En virtud de la medida, Noboa desplegó miles de tropas en las calles y prisiones, y las fuerzas de seguridad realizaron más de 18.000 arrestos.
La fiscalía general dijo que también está investigando decenas de acusaciones de tortura y otros presuntos abusos.
Ni el gobierno ni las fuerzas armadas respondieron a las solicitudes de comentarios sobre presuntos abusos.
La represión en Ecuador refleja las estrategias implementadas en otros lugares, particularmente en El Salvador, donde las tácticas de mano dura bajo el presidente Nayib Bukele han llevado a una regresión alarmante en materia de derechos humanos , según Amnistía Internacional. Bukele ha negado abusos.
En una carta dirigida al gobierno de Noboa el miércoles, la directora del grupo Human Rights Watch Americas, Juanita Goebertus, dijo que las autoridades ecuatorianas «parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas».
Noboa ha defendido el comportamiento de las fuerzas de seguridad y anteriormente evitó las comparaciones con Bukele.
«No permitiré que ningún no patriota nos diga que estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los de la gran mayoría», dijo Noboa en febrero.
Las autoridades ven los abusos como daños colaterales en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, dijo Billy Navarrete, director del grupo de defensa de Guayaquil Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El discurso oficial muestra estos daños como inevitables ante un mal mayor», afirmó Navarrete.
La fiscalía general dijo que también está investigando 48 denuncias de tortura y 67 casos de extralimitación de deberes. No respondió a las solicitudes de aclaración.
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