Por Mario Elgue
La pandemia y las idas y vueltas de las regulaciones financieras oficiales suelen ocupar el grueso de nuestro tiempo y de nuestras preocupaciones ciudadanas. Pero las urgencias no deben hacernos olvidar que asistimos a un mundo global, multifacético y complejo, en constante mutación, tanto en el plano de las ideas como en las realizaciones.
Estamos ante sociedades que se están recomponiendo poco a poco del duro golpe del aislamiento social, renovando las prácticas democráticas y medioambientales, intentando afianzar construcciones socioeconómicas plurales más amigables.
Por ello, junto al sector privado convencional y al sector público, en todos los países del mundo, existe otro espacio, otra forma de organizar la producción de bienes y servicios: la economía social, que expone otra institucionalidad más solidaria y participativa.
Al aludir aquí a la economía social, debemos convenir que hacemos referencia a las cooperativas, a las mutuales, a la agricultura familiar y a un conjunto de incipientes emprendimientos populares y/o solidarios (urbanos y rurales) que exhibieron su eficaz compromiso en la loable tarea de contribuir a sobrellevar la pandemia.
Se trata de organizaciones autogestionarias que apuntalan el arraigo en sus comunidades de origen, teniendo como meta al desarrollo local y regional. Y es justamente este desarrollo local el que emerge como una nueva política de Estado: así como ha quedado demostrado que el efecto “derrame” de lo macro a lo micro se dio en escala menor, también ello ocurrió con los proyectos y medidas socioeconómicas que se transfirieron del ámbito nacional al espacio local.
En rigor, para ser sustentables, dichas iniciativas de políticas localizadas, y en pos del desarrollo, no deben bajar a terreno “enlatadas”: es más pertinente que surjan de las propias comunidades y del diálogo de los actores de cada lugar aunque, al mismo tiempo, es recomendable que se retroalimenten con las políticas nacionales y provinciales.
En este sentido, la economía social no es tan visible como los otros sectores de la economía pero, sin embargo, se desenvuelve a lo largo y a lo ancho de la geografía patria. Son cooperativas y mutuales que aglutinan un tipo distinto de emprendedores, con una gestión democrática, llevada a cabo por sus propios asociados.
Las cooperativas y mutuales representan, aproximadamente, un 10% del PIB, con más de un 30% de asociados de la población. Cubren los más diversas rubros: desde cooperativas de obras y servicios públicos (eléctricas, telefónicas, de agua potable, de servicios de ambulancia, internet y otras asistencias), que tienen un peso decisivo en las realidades del interior, hasta cooperativas de consumo y cooperativas agroalimentarias (como las nucleadas en las federaciones de CONINAGRO, y las vinculadas a la Federación Agraria Argentina), cooperativas de trabajo que recuperan empresas en crisis y mutuales de ayuda económica, de salud, de previsión y de recreación.
Por otro lado, la nueva economía popular puede afianzar emprendimientos que se vayan liberando de la dependencia del subsidio gubernamental, afrontando actividades productivas viables.
A su vez, los territorios albergan a microempresas y pymes en red que dan cuenta del protagonismo de esta otra economía con rostro humano, en la cual cobra relevancia la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Mario Elgue ex-presidente del INAES Socio del CPA
EN/CC/rp.
