La administración Fernández resolvió extender la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización. La UIA y otras cámaras empresarias, se oponen a esta medida y advierten que el triple cepo será negativo para la creación empleo. Simultáneamente se suprimieron el IFE y las ATP. Organizaciones sociales señalan que profundizará la crisis social. También se dispuso el congelamiento de alquileres y desalojos. Las cámaras de las inmobiliarias señalan que perjudica a los inversores, mientras que las asociaciones de inquilinos respaldaron la medida.
Según datos del INDEC, los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, equivalente a 1,9 millones de empleos, por el impacto de la crisis sanitaria y la recesión. De 20.755.000 puestos que existían en el tercer trimestre de 2019, se bajó a 18.848.000 en el mismo período del 2020. Los empleos registrados descendieron 3,3%, pero los más golpeados fueron los trabajadores informales o en negro, un sector que cayó 18,8%. En tanto, los monotributistas e independientes descendieron 12,2 por ciento.
Ante este escenario, que se percibe continuará, por lo menos, en el primer semestre de 2021, el Gobierno confirmó que se prorroga la prohibición de despidos por 90 días y se mantiene la doble indemnización por todo el 2021, con un tope de $ 500 mil. De esta manera, las empresas no podrán despedir sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.
Ante esta decisión, en una carta abierta dirigida al presidente Fernández, la UIA manifestó: “Argentina necesita comenzar a construir un escenario de reactivación económica sustentable, y la recuperación del nivel de empleo formal en general e industrial en particular es el desafío más importante. Medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección. Van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización”.
En otro párrafo del documento se remarca: “ya no están vigentes las condiciones de excepción que motivaron las medidas adoptadas el año pasado para regular el mercado de trabajo y mitigar los efectos de la crisis” y denuncia que “el triple cepo que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización plantean un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones”.
En tanto, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que la situación que la prórroga plantea es que muchas empresas que no pueden pagar los sueldos van a terminar informalizándose o cerrando, porque hay muchas empresas que están en una situación límite y admitieron que: “Realmente, es una situación compleja. Cuando una cierra la puerta de salida también cierra la de entrada. Por más que esto no aplica a nuevos empleados desalienta la generación de nuevos empleos porque hay miedo de que esto siga prorrogándose”, aseguraron.
Por otra parte, en el actual cuadro de situación no habrá Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ni Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). En la Casa Rosada se señaló que cuando el subsidio de $10.000 alcanzó a través de tres entregas a unas 9 millones de personas, significó un impacto fiscal de $ 270 mil millones, «No hay espalda para eso», trascendió desde el equipo económico. Frente al reclamo de algunas organizaciones sociales en Balcarce 50 se dijo que lo que está en evaluación es un fortalecimiento de las ayudas sociales dando refuerzos puntuales y acotados a los beneficiarios de planes sociales y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de una ampliación de la ayuda alimentaria. Pero todavía no hay definiciones.
Respecto a las empresas, luego de que el «salario complementario» del ATP quedara caduco a fin de año, el Gobierno relanzó el Programa Repro II para las firmas en crisis y amplió su alcance a los llamados «sectores críticos» -actividades culturales, recreativas y turísticas que fueron las últimas en sostener el ATP y ahora también estarán destinados a las empresas del sector de la salud, que vienen emitiendo señales de auxilio por la suspensión de los aumentos de las cuotas.
El Repro tiene un alcance más acotado que el ATP: se otorgará una suma mensual de hasta $9000 por trabajador y para acceder al beneficio las empresas deberán pasar por un mecanismo de «preselección y selección» conformado por representantes de los ministerios de Trabajo, Economía, Desarrollo Productivo y la AFIP. Desde los ámbitos empresario se puntualizó que la instrumentación oficial, tal como está expuesta significará demoras en la obtención de Repro, que munas empresas no están en condiciones de soportar.
En medio de la recesión agudizada por el rebrote de la pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional también decidió extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. Desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios se sostuvo que la medida es una “decisión lapidaria para el sector, que es clave para el desarrollo de la economía del país a través de la construcción y la generación de puestos de trabajo” y se agregó que la medida “transforma al sector en un intervencionismo que profundizará los graves problemas por los que atraviesa, poniendo en jaque puestos de trabajo y a pequeños inversores que ven amenazado su futuro en la Argentina desde hace meses”.
En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Enrique Abatti, alertó que “la rentabilidad de los inmuebles está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, ya que actualmente no supera el 2% anual en dólares del valor del inmueble”. La respuesta del presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, fue considerar que con la extensión “no gana ni pierde nadie, y es un respiro en una situación económica grave, con inquilinos endeudados”. Muñoz reclamó “implementar medidas de desendeudamiento, control de ley de alquileres y empezar a discutir los precios de alquileres, que hoy no tienen relación con el valor fiscal”.
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