En medio del debate por la sanción de la ley de emergencia económica aprobada en diciembre, se dispuso la intervención al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La medida fue rechazada por el diputado Mario Negri de la UCR junto a legisladores del PRO y la Coalición Cívica. Por su parte, el Instituto Mosconi, presidido por Jorge Lapeña, el ex director de YPF Daniel Montamat y Luciano Caratori, ex Subsecretario de Planeamiento Energético, se pronunciaron en el mismo sentido.
En las semanas posteriores al 10 de diciembre, las autoridades en ejercicio del ENARGAS mantuvieron una buena relación de trabajo con Juan José Carbajales, Subsecretario de Hidrocarburos (cercano a Kulfas y Kicillof/Arceo). Sin embargo, desde el Instituto Patria ejercieron fuertes presiones hasta lograr demoler por completo la institucionalidad sobre la que se sostenían ambos entes reguladores.
Esta grave decisión política se materializó mediante los decretos 277 y 278/ 2020, justificando este medida en la denominada ley de “Emergencia Pública”, que autoriza al Poder Ejecutivo “a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.
Con respecto al ENRE, en el Decreto 277/2020 se designa como interventor a Federico José Basualdo Richards, quien tendrá las facultades de gobierno y administración del organismo, al tiempo que le ordena “ … realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética, en el Decreto 277/2020.
Tras esta decisión, los actuales miembros del directorio del ENRE, al que accedieron por concurso y cumpliendo con todos los procedimientos de ley, están suspendidos en sus cargos, sin goce de sueldo. El interventor deberá, en un plazo de 180 días, iniciar el procedimiento de revisión de los concursos de los directivos actuales y en caso de que resuelva su anulación, o si hubiese concluido el plazo de mandato de alguno de ellos, deberá iniciar el proceso de selección de quienes los reemplazarán.
Por su parte el Decreto 278/2020, dispone la intervención del ENARGAS, ya que “se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de gas que sea justa y razonable”.
La vigencia de la medida se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2020, y se designó como interventor a Federico Bernal, quien recibió idénticas instrucciones que las destinadas al ENRE.
En ambos entes se dispuso la suspensión de las funciones de los actuales miembros del ENARGAS en sus cargos, sin goce de sueldo, a partir de la entrada en vigencia del decreto y mientras dure la intervención. Tras revisar los concursos del actual directorio, ante la posibilidad de resolver su anulación o si hubiese concluido el plazo de mandato, se deberá iniciar el proceso de selección de sus reemplazantes.
Estas intervenciones, de acuerdo a la opinión de calificados abogados administrativistas, genera cuestionamientos jurídicos y no repara en los eventuales costos que traerá aparejados para el Estado, ya que en el art. 7 del Decreto se le otorga al interventor facultades que exceden las de la ley 24076 y las de la propia ley de emergencia, entre otras la de anular concursos públicos, la aprobación del Poder Legislativo y los decretos del PEN.
En la oposición se está avanzando con una iniciativa legislativa destinada a manifestar su rechazo a lo que evalúan como una violación al orden jurídico. Los diputados Juan Manuel López de la CC, Mario Negri de la UCR y Alvaro González del PRO son quienes están impulsando esta acción.
En tanto, las autoridades salientes fueron suspendidas en el cargo sin goce de sueldo, se aprestan a recurrir la medida en sede administrativa contra el Decreto de intervención de los entes reguladores.
CC/rp
