Desde el momento que en los fundamentos de su pedido de declaración de certeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relacionado con la validez de una norma que resultare sancionada de manera virtual, la misma CFK afirmaba que la Cámara que preside está facultada para dictar sus normas de funcionamiento, la solicitud generaba sospechas acerca de su verdadera intención.
Si tan segura estaba de contar con el respaldo de la ley, si una simple lectura de la Constitución Nacional despeja cualquier duda sobre la independencia y autonomía del Poder Legislativo, si no hay un caso concreto sobre el que la Corte puede expedirse, la presentación no podía tener otro destino que el que expresó la Corte rechazándolo por unanimidad.
De modo que el contenido jurídico que funda el voto de cada uno de los miembros del Alto Tribunal, aún con matices interesantes que llegan hasta el rechazo por improcedente por parte del Presidente del tribunal, Dr. Carlos Rosenkrantz, es necesario interpretarlo en clave política. Porque en una pirueta política asombrosa, la Corte dice que no debe intervenir en asuntos de otro poder y al mismo tiempo opina sobre el tema de la consulta.
El pronunciamiento está dirigido a quien ejerce la vice presidencia de la Nación y en cierto modo, le impone un límite ya que no se pronuncia sobre el pedido de declaración de certeza, aunque a renglón seguido abunda en consideraciones que de forma inequívoca se orientan a admitir el tratamiento y aprobación de las leyes de manera electrónica, no presencial.
Es al mismo tiempo, una respuesta políticamente débil a las expresiones intimidatorias que efectuó la Dra. Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, cuando dirigiéndose al máximo tribunal, habló de “escribir la historia con razones o con sangre”, hecho que mereció una denuncia penal.
Llegados a este punto cabe preguntarse sobre los verdaderos motivos que guiaron los pasos de CFK. En primer término, esta maniobra logró mantener cerrado el Congreso, condición necesaria para negarse a debatir no solo las críticas de la oposición, sino también sus propuestas para numerosas cuestiones que distorsionan y afectan el funcionamiento de las instituciones.
Entran en esta categoría desde la conformación de la comisión de Salud, entre otras que aún no están constituidas, hasta el intempestivo retiro de la Argentina de las negociaciones en el Mercosur y desde el tratamiento de los DNU por parte de la comisión bicameral hasta la aprobación de pliegos de embajadores en países clave.
Las motivaciones políticas de CFK no se limitan a su rol como vice presidenta, hecho que no merece cuestionamiento alguno, toda vez que fue quien ungió a Alberto Fernández como candidato presidencial. Aunque es necesario señalar que cada vez que puede, y puede con frecuencia, lo limita, lo corrige o directamente lo ignora.
Es el caso de funcionarios del PE enrolados en La Cámpora, como el Secretario de Derechos Humanos, Dr. Horacio Pietragalla, quien sin estar autorizado por la ministra de Justicia a quien reporta, se presenta en Tribunales abogando por la liberación de Ricardo Jaime, uno de los íconos condenados de la corrupción del kirchnerismo.
Esta maniobra en la que involucró a la Corte sirve para confirmar, por si hiciera falta, que la pandemia no interrumpió la construcción política a la que se dedica CFK, más bien todo lo contrario, la estimula para seguir ampliando su radio de acción y de esa manera consolidar su poder. Lo está logrando a la vista de todos, avanza sin frenos ni complejos y lo único de lo que no se la puede acusar es de no avisar.
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