La provincia cuyana está librando una lucha por el reperfilamiento de sus compromisos con el Banco Nación, aun cuando cuenta el visto bueno de Alberto Fernández y de Eduardo Hecker, presidente del banco. Sin embargo, los directivos de La Cámpora no parecen urgidos por facilitar la aprobación de la operación que mantiene en vilo al gobierno provincial.
En medio de lo urgente, la lucha contra la pandemia, no se puede olvidar lo importante, que en Mendoza, como sucede en la mayoría de las provincias, es su desequilibrio económico y financiero. Pero Mendoza está gobernada por el radicalismo y eso duplica sus penurias cuando trata de refinanciar sus pasivos.
Detrás de esta pulseada se vislumbra la incidencia política de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una ultrakirchnerista derrotada contundentemente por Rodolfo Suárez en las elecciones del año pasado.
El brazo ejecutor de la senadora es el síndico del banco, Marcelo Costa, quien fuera el factótum de Hacienda durante la gestión del ex gobernador Paco Pérez, recordado por sus desmanejos en materia económica. De su firma dependen los balances y operaciones de refinanciamiento como las que solicita Mendoza.
Pero no es el único funcionario alineado con Fernández Sagasti, ya que otra directora perteneciente al camporismo se niega a autorizar la prórroga solicitada. Se trata de Cecilia Fernández Bugna, responsable de proponer el Orden del Día para su tratamiento por parte del Directorio de la entidad.
Desde el Ejecutivo Provincial consideran que la operatoria no presenta complejidad técnica, ya que se apeló a este procedimiento en otras oportunidades. Y entienden que en un contexto de fuerte recesión, crisis sanitaria y derrumbe de los precios del petróleo, con impacto directo en sus ingresos fiscales, huelgan las palabras.
El monto adeudado supera los $11.000 millones y obliga al pago de $300 millones todos los meses. Cabe mencionar que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) totalizaron $400 millones y el descuento por la deuda con el Banco Nación ascendió a $309 millones por la cuota del Banco Nación. Esta simple cuenta explica la emergencia a la que se enfrenta la administración provincial.
Mendoza propone reprogramar la deuda en cuatro años, con uno de gracia respecto al pago de capital, pero no en cuanto a los intereses que se seguirían abonando. En línea con la negociación mencionada, el Gobierno provincial se prepara para reestructurar la deuda con sus acreedores, de la cual $ 11.500 millones vencen este año.
Mendoza ha contraído préstamos con diversas instituciones públicas y privadas, nacionales y multilaterales, aunque la atención se concentra en los tenedores de bonos, cuya deuda se tiene que cancelar el 19 de mayo ($ 1.675 millones). Antes de esa fecha se intentará tener lista una oferta para prorrogar el pago de la deuda para los próximos años.
En síntesis, lo que reclama la provincia se apoya en la misma lógica de sustentabilidad que se reclama a los acreedores internacionales por parte del Gobierno Nacional. Si bien es un argumento contundente, todavía no parece suficiente para lograr conmover el bloqueo político impuesto por la oposición de fronteras adentro.
CC/rp.
