Desde la dirección General de Administración del Poder Judicial provincial se informó que se habían quedado sin recursos financieros para hacer frente a los gastos corrientes. La justicia provincial se gestiona con los fondos que ingresan por pago de tasas judiciales, aproximadamente unos 700millones de pesos anuales, pero esos ingresos prácticamente hoy son inexistentes, ya que la actividad de los tribunales es mínima, como resultado de las medidas para la lucha contra la pandemia del Covid-19.
Los gastos corrientes, entre los que se incluyen pagos de servicios comunes, mantenimiento de estructuras, movilidad, reactivos usados en las investigaciones policiales entre otros, son actualmente sustentado con ahorros puestos en fondos a plazo fijo, pero se señala que cuando se los haya consumido, la Justicia no tendrá recurso para operar.
Se advierte, también, que los protocolos que deben cumplirse para protección del coronavirus demanda inversiones de distinta naturaleza, que van desde equipamiento para el personal hasta una nueva distribución edilicia. Debe también tenerse en cuenta que los tribunales de la Capital mantiene todavía un cese total de su funcionamiento, el que absorbe alrededor de un 70% de los ingresos por tasas.
La situación financiera, del Poder Judicial, reviste tal gravedad que el Tribunal Superior de Justicia analiza la posibilidad que las tasas judiciales y otros servicios sean abonados en forma electrónica o a través de tarjetas de débito o de crédito. En cualquier manera se considera que la medida es simplemente paliativa hasta tanto la actividad tribunalicia puede retornar a la normalidad.
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