La interventora la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra la cúpula del organismo durante la gestión de Mauricio Macri, alegando que desde junio de 2016 «se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados» de al menos 80 personas. Así figuraría en la información recuperada de un disco duro que había sido borrado.
Dicho espionaje, según Caamaño, no contaba con ningún aval judicial. «Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal», de personas vinculadas a la actividad política, periodistas y efectivos de la Policía, denuncia en su presentación la actual titular de la AFI.
El material, sobre el que se basa la denuncia de la AFI, surgió del hallazgo de un disco rígido marca Western Digital que habría sido borrado del que se pudo reconstruir material obtenido a través de la pinchadura de mails de dirigentes políticos, sindicales y empresarios tanto opositores como afines al gobierno de Macri. Los delitos denunciados por Caamaño son violación de correspondencia y violación del sistema informático, y se entregó a la Justicia una lista con los 88 nombres de las personas que habrían sido espiadas.
El fiscal federal Jorge Di Lello aceptó imputar a Macri y también a otros ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, entre ellos el jefe de gabinete de la anterior administración de la AFI, Darío Alberto Biorci, el exdirector general Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvia Majdalani.
Di Lello señaló que el Ministerio Público ya había promovido investigaciones en ocasiones anteriores sobre hechos de este tipo y cree que, con los elementos presentados en la actual denuncia, «corresponde iniciar la instrucción penal correspondiente».
El juez al frente de esta causa es Marcelo Martínez De Giorgi que como primer paso tras la imputación, deberá decidir si hace lugar a las medidas de prueba pedidas por Di Lello.
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