Aún sin conocer el número final de enfermos y víctimas fatales -en el mundo hay, al momento de escribir estas líneas, cerca de 16 millones de casos y más de 600.000 muertos- las consecuencias de la pandemia, en términos económicos y sociales, son dramáticas e históricas tanto a escala global, como en la región de América latina y, también, en nuestro país.
Según la OIT, las horas de trabajo perdidas en el mundo en el segundo trimestre de este año son equivalentes a alrededor de 300 millones de empleos de tiempo completo. Por su parte, Oxfam, la organización localizada en Londres, basándose en estudios de la UN University calcula que se sumarán 500 millones de personas, el equivalente al 8% de la población mundial, al contingente de pobres del mundo.
Para nuestra región de América Latina, en tanto, la CEPAL estima que cerca de tres millones de empresas cerrarán sus puertas, y que la riqueza por habitante caerá este año a valores equivalentes al año 2010, consolidando así una nueva década perdida en términos económicos.
Frente a este panorama dramático, donde crecen los miedos individuales y las angustias sociales -que son nutrientes para la emergencia o avances de liderazgos autoritarios-, la primera responsabilidad de los gobernantes de todas las latitudes es proveer certidumbre.
A pesar que no estamos en condiciones de pronosticar, de manera precisa, el impacto local de los eventuales cambios en la distribución del poder global ni el resultado de la disputa por el predominio tecnológico, lo que sí está fuera de discusión es que esta generación de argentinos nos enfrentamos a una crisis multifacética e inédita.
En efecto, sabemos que las condiciones económicas y sociales serán, a la salida del prolongado aislamiento social obligatorio, aún peores que las vigentes en marzo. Se espera para este año, en relación con 2019, una caída de dos dígitos en la riqueza generada, una duplicación del número de desempleados y crecientes cotas de personas y hogares bajo la línea de pobreza. El resurgido y enorme déficit fiscal, producto de las mayores erogaciones y mermados ingresos impositivos, está acompañado por una presión tributaria extrema, sin acceso al crédito internacional y con mínimas reservas internacionales.
Esos indiscutibles datos de la realidad obligan a los que tienen responsabilidades de gobierno, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, a un ejercicio poco practicado en nuestra historia: el de forjar acuerdos entre las fuerzas políticas dotados de la eficacia para dinamizar transformaciones con una perspectiva estratégica y de futuro.
Una mirada sobre las últimas cuatro décadas de nuestra vida social nos muestra la aptitud para archivar el ciclo de golpes de Estado que signó buena parte del siglo XX, merced al amplio consenso social para asentar en la soberanía popular la legitimidad política. Sin embargo, también muestra el inocultable fracaso en nuestro desempeño económico fundado, en buena medida, en la falta de coincidencias en cuestiones básicas del ordenamiento socioeconómico.
Así, la Argentina es internacionalmente reconocida como actor clave y decisivo en la democratización de América del Sur en los años ochenta y pionera en la revalorización de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, triste ejemplo de retroceso de un país que hoy está en el podio de los peores resultados económicos a nivel mundial.
La agenda para superar la decadencia es compleja y exigente. Debe procurar restablecer y hacer sostenible los equilibrios perdidos, macroeconómicos y de precios relativos; brindar un fuerte impulso a políticas que doten de competitividad sistémica a nuestra economía; generar iniciativas que promuevan la cohesión social en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y promover la integración de nuestro país al mundo.
Es evidente que tamaño desafío reclama un programa consistente de políticas públicas de amplio espectro que no admite ser sustituido por un conjunto de anuncios de medidas que sin ese programa es, en el mejor de los casos, un listado de buenas intenciones.
Sin embargo, el diseño de un programa consistente es solo una condición necesaria, ya que la condición suficiente es la disponibilidad de un sólido soporte político para minimizar la incertidumbre que, al decir de J.H.G Olivera, ex Rector de la UBA en su década más reputada, genera mayores y más perjudiciales consecuencias que los propios errores de política económica.
En la democracia representativa los acuerdos se materializan en sede legislativa, luego de una amplia deliberación pública que permite obtener consensos plurales frente a la ciudadanía.
Ahora bien, debe quedar claro desde el inicio que el criterio rector de cualquier acuerdo debe ceñirse a nuestro ordenamiento constitucional, base de nuestro estado democrático de derecho.
Ello es así, no solo porque el apego a la ley es lo que permite la solución pacífica de las controversias en una sociedad sino porque, además, está demostrada la asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos. Esa robusta relación de causalidad permite comprender por qué las instituciones son más relevantes que la propia dotación de recursos naturales para explicar el desempeño económico de un país.
Para aquellos que todavía se resisten a aceptar la relación causal entre instituciones, respetadas y vigorosas, y los impactos económicos es recomendable pensar en las razones que explican la diferencia entre las dos Coreas y, en nuestra América Latina, entre Costa Rica y Nicaragua.
Más cerca todavía, en la distancia geográfica y afectiva, la República Oriental del Uruguay con buenas prácticas en sus políticas públicas, un respeto irrestricto a las leyes y una cultura del compromiso entre los actores políticos nos permite entender por qué fue posible que en diez años hayan reducido la pobreza en veinte puntos porcentuales.
Teniendo esas evidencias a la vista es que, en nuestro país, los imprescindibles acuerdos institucionales conllevan una doble exigencia. La fuerza política a la que el voto popular le asignó el papel de oposición tiene que comprometerse en el ejercicio de responsabilidad que el desafío de la hora exige. Del mismo modo, la fuerza política que está en el gobierno debe asumir que no le asiste el derecho de incorporar asuntos de agendas personales de sus dirigentes, por más influyentes que estos sean.
Todos, oficialismo y oposición, deben demostrar con su accionar que no estamos dispuestos como sociedad a acostumbrarnos a la confrontación estéril que, además de aturdir, irrita al ciudadano y bloquea la construcción de un futuro común.
Todos, oficialismo y oposición, tienen la oportunidad de demostrar, como en el momento inaugural de la democracia, que la buena política es capaz de prevalecer sobre las fuerzas conservadoras de los hábitos y costumbres que contribuyeron al atraso y decadencia de nuestra sociedad.
Jesús Rodríguez
Vicepresidente Fundación Alem
