miércoles 5 agosto 2020

Nueva Zelanda endurece su relación diplomática con China

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Wellington. El gobierno de Jacinda Ardern suspendió el tratado de extradición con Hong Kong en respuesta a la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Nacional de Pekín para el territorio, según anunció el ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters.

«La aprobación de China de la nueva Ley de Seguridad Nacional ha erosionado los principios del Estado de Derecho, ha socavado el marco de ‘un país, dos sistemas’ que sustenta el estatus de Hong Kong y está contra los compromisos que China hizo con la comunidad internacional», ha justificado Peters.

«A la luz de esto, es importante que Nueva Zelanda responda proporcional y deliberadamente a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional», agregó, según ha informado el diario ‘New Zealand Herald’.

Asimismo, criticó que Nueva Zelanda no puede confiar en que el sistema de justicia hongkonés sea lo suficientemente independiente de China, aunque ha dejado la puerta abierta a reconsiderar la decisión si Pekín, en el futuro, «muestra que se adhiere al marco de ‘un país, dos sistemas'».

Nueva Zelanda se suma así a Reino Unido, Canadá y Australia, que han suspendido ya los tratados de extradición. La nueva Ley de Seguridad Nacional implica que el Gobierno de Pekín ejercerá su jurisdicción sobre casos «complicados» de Hong Kong, como los relacionados con injerencias extranjeras, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas «graves o realistas», según consta en el texto legal.

La norma enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.

La falta de definición en estos casos «complicados», teme la ONU, podría desembocar en una «interpretación discriminatoria o arbitraria de la ley, lo que a su vez podría afectar gravemente a la protección de los Derechos Humanos».
IN/BN/europapress/rp.

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